GUANTÁNAMO, Cuba. – Autoridades del Ministerio del Interior (MININT) en Guantánamo aumentaron de 200 a 2 000 pesos las multas impuestas a los activistas pro democracia Isael Poveda Silva, Bartolo Cantillo Romero y Diosvany Salazar Rodríguez, acusados del supuesto delito de “desobediencia”.
Poveda Silva, quien es miembro de la Alianza Democrática Oriental, declaró a CubaNet que fue citado por el jefe de sector de su zona en el reparto Caribe para que se presentara de forma inmediata en la estación policial Parque 24, en la tarde del día 3 de diciembre.
En el enclave militar fue interrogado por el primer teniente López, instructor del caso de los tres activistas guantanameros. Según dijo el oficial, el proceso en contra de los tres opositores se sustenta, supuestamente, en que incitaron a la población a salir a las calles a protestar el pasado 15 de noviembre (15N).
El activista aclaró al instructor que no estaba de acuerdo con la medida y se negó a tomar el talonario de la multa, según indicó a CubaNet.
Por su parte, Barotolo Cantillo Romero fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en su propia vivienda el pasado 3 de diciembre. En la estación policial Parque 24, el propio instructor López le comunicó que también debería pagar una multa de 2 000 antes de 10 días.
Diosvany Salazar Rodríguez también fue citado a comparecer en la mencionada estación policial este día 4 de diciembre. El mismo instructor le realizó le informó el aumento de la multa impuesta, en este caso a 500 pesos.
Los tres activistas de derechos humanos fueron detenidos tras sendos registros en sus viviendas, realizados el pasado día 15 de noviembre (15N), el día en que estaba convocada la Marcha Cívica por el Cambio.
A los tres les fueron decomisados sus medios de trabajo y algunos objetos personales. Fueron liberados entre los días 15 y 16 con medidas cautelares de reclusión domiciliaria por el supuesto delito de “desobediencia”.
El pasado 18 de diciembre también resultaron detenidos por oficiales de la Seguridad del Estado (SE) con el objetivo de aclararles las condiciones de la reclusión domiciliaria. Además, fueron amenazados con que debían permanecer en sus viviendas hasta nuevo aviso, o la medida cautelar aplicada contra ellos podría ser sustituida por prisión preventiva.
Todos los activistas coinciden en que estas medidas tomadas por el régimen en su contra son “arbitrarias” y forman parte de un “castigo” para contrarrestar el activismo político que realizan desde hace varios años en favor de los derechos humanos en la provincia de Guantánamo.
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