Desde que asumió el gobierno de Perú hace cuatro meses, el presidente Pedro Castillo vive en una constante pesadilla de acusaciones para destituirlo o hacerlo renunciar mediante exigencias políticas del Congreso Nacional y sus aliados; estrategia de la poderosa derecha peruana organizada por Estados Unidos (EE. UU.), que fomenta un golpe de Estado para desaparecerlo del mapa político y de las esperanzas de la población más humilde.
Un mal presagio es la presencia en Lima, la capital, del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien se reunió con Castillo y con la primera ministra Mirtha Vásquez. Causa expectativas esta visita de Almagro en las actuales circunstancias, pues fue el impulsor del golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Evo Morales, en 2019, y ahora indicó en tono socarrón que Castillo se había comprometido a ser el presidente del ciento por ciento de los peruanos, nada nuevo en el contexto nacional.
Para medios políticos, el secretario general debió traer instrucciones precisas de EE. UU. para seguir el curso de la situación política peruana.
Mientras, el plan contra el gobierno progresista es asumido por los partidos conservadores representados en el Legislativo, donde son mayoría. Figuras de la política tradicional y la media hegemónica ponderan a diario una catalogada crisis institucional —que ellos mismos armaron— para desestabilizar la nación andina y destituir al ganador de las elecciones efectuadas en junio de este año, pero solo proclamado un mes después.
La burguesía peruana, asentada en su mayoría en Lima, no acepta como jefe de gobierno a este campesino, maestro rural en la apartada región de Cajamarca. La lucha que ahora sostiene es desmedida, y solo la unidad de quienes confían en su palabra y sus propósitos de cambio, es decir, el pueblo, podría sacarlo de los recovecos en que trata de enredarlo la oligarquía.
En 2017, como líder sindical salió del anonimato en la multitudinaria manifestación que paralizó las clases durante 75 días a favor de la subida de salarios a los docentes. Pero, a la luz de la tradición política peruana, era insuficiente para ganarle a su rival Keiko Fujimori en segunda vuelta.
Castillo, 54 años, le sacó unos 44 000 votos de ventaja a Fujimori, jefa del ultraderechista partido Fuerza Popular, acusada de corrupción y a quien la justicia solicita 30 años de cárcel. Su vida política se formó al lado de su padre, el encarcelado dictador Alberto Fujimori.
El ahora presidente fue la gran sorpresa electoral. Apareció como candidato del partido marxista Perú Libre, cuyo líder, su padrino Vladimir Cerrón, se separó del gobierno hace unos días por discrepancias de método. Mala decisión en un momento decisivo para una administración cuyo jefe hizo campaña a caballo por las áridas tierras del Altiplano, como medio de acercamiento a sus futuros votantes y sus problemas ciudadanos. Su programa a cumplir, con gran apoyo en las áreas rurales, es inclusivo y humanista, con disposición de corregir los sinuosos caminos de un país con un 30 % de sus 32 131 400 habitantes viviendo en pobreza, a pesar de las grandes riquezas nacionales, en su mayoría en manos de trasnacionales.
Desde que Castillo obtuvo la victoria, los conservadores tratan de eliminarlo con un continuado intento de golpe de Estado, usando el terrorismo como fuente de todos los males nacionales y usando el término como sinónimo de comunista.
Con su victoria, el maestro asestó un golpe poderoso a la clase dominante y demostró que posee la capacidad de dirigir, si lo dejan, y que cuenta con el poder movilizador del pueblo para apoyarlo. Pero ni un minuto le dieron incluso para organizar su gabinete, pues siempre que designaba un ministro este era acusado de supuestos vínculos con figuras del grupo Sendero Luminoso. Varios titulares fueron cayendo, el primero de ellos el canciller Héctor Béjar, un prestigioso intelectual de talla mundial, y luego el primer ministro Guido Bellido, quien casi un mes después de solicitarle al Congreso Nacional el voto de confianza para iniciar gobierno fue destituido por Castillo para evitar, según planteó, males mayores.
Para algunos analistas, el mandatario sacrificó a sus compañeros de Perú Libre para complacer a los impugnadores, pero él aclaró que aceptaba los cambios por una razón mayor, que era preservar la victoria popular. Aunque trató en vano de calmar los ánimos de sus amigos —que consideran débil su respuesta— y la de sus enemigos —a quienes al parecer conocía poco—, el mandatario se dirigió entonces a su pueblo en tono conciliador y en busca de la unidad nacional.
A pesar del mensaje tranquilizador, Castillo no midió consecuencias. Vásquez enfrentó el atropello del Legislativo antes de recibir el segundo voto de confianza al nuevo ejecutivo. Poco después, los congresistas exigieron otros cambios. Sin un equipo en orden es complicado mejorar los índices negativos de su convulsa nación.
Para el ejecutivo hay cinco puntos esenciales: la recuperación de las riquezas básicas y la defensa del patrimonio nacional; la atención urgente a las demandas en materia de empleo, salud y educación; una nueva Constitución del Estado, una política exterior independiente y soberana, y una lucha constante contra la amenaza del fascismo, peligro principal en nuestro tiempo
DESESTABILIZACIÓN
Contra Castillo usan de manera continua distintas maneras de desestabilización. Analistas políticos coinciden en que es lamentable que Perú Libre haya resuelto separarse del ejecutivo; una actitud saludada por la derecha, que la utiliza ahora para enconar adversidades.
La situación política actual es muy compleja, con una solicitud de destitución presidencial por las bancadas opositoras, que ahora además le exigen rendir cuentas por recibir en su hogar a actores económicos y políticos.
Perú es duramente golpeado por la COVID-19, y acumula 2 200 000 contagios y más de 200 000 decesos. Mientras traza planes para la recuperación del territorio del Amazonas, sacudido por un terremoto de 7,5 grados la pasada semana, fuentes periodísticas, como La República, afirman que es inminente que Castillo sea citado al hemiciclo para responder a las acusaciones, que sus aliados consideran mentirosas.
La moción para darle un golpe de Estado parlamentario fue presentada por los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, a lo que siguió una campaña mediática de desprestigio personal y de Perú Libre.
Quizás lo peor que pudo ocurrir en esta etapa inicial de mandato es la ruptura con la agrupación que lo postuló. No es fácil llevar a cabo las profundas transformaciones enunciadas por Castillo, y con su experiencia, Vladimir Cerrón debió entender que en determinadas circunstancias no hay condiciones para adoptar políticas indispensables. Pero las diferencias nunca pasan por la ruptura de las fuerzas de vanguardia de un proceso de cambio.
Es difícil resistir, y de hecho lo aguanta, el acoso del Congreso del multicultural país andino, donde es habitual el rol decisivo de ese órgano para suspender presidentes, como hizo con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Ahora, para quitar a Castillo señalan “inmoralidad, uso ilegal de fondos públicos del Gobierno Regional de Junín en la campaña electoral 2021 de Perú Libre”; la “designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo”; y tráfico de influencias pactado en su hogar del distrito Breña.
En un mensaje a la nación de solo cuatro minutos, el mandatario aclaró que se trataba de visitas personales, pero sus palabras no redujeron la presión, en tanto la Controlaría advirtió que tal acción vulnera la ley reguladora de la gestión de intereses en la administración pública.
Según el ministro de Salud, Hernando Cevallos: “…el presidente puede tener reuniones no públicas, pero hay sectores que quieren utilizar políticamente todo y desinforman para que la gente crea que tiene reuniones ilegales y eso no es así, de ninguna manera”.
La situación política amerita que Castillo adopte fuertes medidas para destruir los planes golpistas. De continuo es provocado por periodistas y golpistas. Hace unos días, de visita en Junín, precisó: “…ya es hora de que el Congreso le rinda cuenta al país de lo que ha hecho en estos más de 100 días, como hice yo”. Esa fue la primera vez que se refirió a la moción de destitución, pues admitió: “…he guardado silencio y he sido respetuoso” pero anticipó su obligación de hacer frente a las críticas constantes procedentes del Parlamento, al que invitó a caminar a su lado para que pidan su vacancia frente al pueblo.
Cualquier situación puede presentarse en el Perú de esos tiempos, en el que una vez más se observa el acoso estadounidense, que impuso la renuncia de Béjar, la figura más progresista del gobierno. Washington no acepta un cambio de rumbo en la política interna y exterior de Perú ni perder sus millonarios contratos económicos.
Mientras, el maestro sigue convocando a su pueblo a no permitir más pobres en un país de ricos.
