Las manifestaciones del 11 de julio significaron para Cuba un gran cambio. Por primera vez, desde 1959, los cubanos salieron a manifestarse a las calles en diferentes provincias del país por muchas razones, pero sobre todo por el descontento popular que han generado la crisis económica y la gestión de la burocracia.
Si bien es cierto que las sanciones estadounidenses afectan la economía, al analizar Cuba no se puede pasar por alto el fenómeno burocracia y la falta de participación popular en la política. El disenso es castigado fuertemente y de eso dio muestras el gobierno el 11 de julio. Su reacción a todo tipo de disenso, incluso al de izquierda, es tildar a los ciudadanos de «contrarrevolucionarios», «políticamente confundidos» o «mercenarios pagados por el gobierno norteamericano».
El fenómeno Archipiélago fue ejemplo de ello. Se trata de una plataforma que tras los sucesos del 11-J buscaba establecer un diálogo nacional, más allá de condicionamientos ideológicos, y que convocó a una marcha pacífica para el 15 de noviembre. Este proyecto político fue dando muestras de un apoyo a la derecha mediante las proyecciones públicas y el posicionamiento de algunos de sus miembros.
Lo notable en sí, en el caso de este análisis, no es Archipiélago, sino el tratamiento que le dio el gobierno a este tipo de disenso. Nuevamente se usaron los medios de comunicación, sin derecho a réplica, para demeritar de todas las formas posibles a los principales organizadores e intentar probar sus vínculos con el gobierno norteamericano. La marcha fue desautorizada bajo la alegación de que el socialismo es irrevocable constitucionalmente y que las intenciones de esa protesta eran derrocarlo.
No obstante, una de las cuestiones más preocupantes es que en el fin de semana en que se realizaría la marcha, se repitió en Cuba de manera masiva uno de los capítulos más negros de su historia: volvieron los «actos de repudio», eventos organizados por el poder político para con gritos, improperios y todo tipo de violencia verbal, atacar el espacio más privado de los que disienten: la familia, el hogar.
Imagínese despertar con una turba de gente frente a su casa que le grita «contrarrevolucionario» y más, con un acto político organizado en su puerta, en su barrio, frente a sus hijos y padres. Eso fue algo habitual y bochornoso en la Cuba de los años 80, de lo que muchas veces se ha dialogado, algo de lo que muchos cubanos viven avergonzados, y que se repite hoy, con la estridencia de las redes sociales por medio.
En este contexto el gobierno pretende evitar que sea denunciada una cuestión crucial: Cuba se abre a la liberalización de una economía estadocéntrica. El «ordenamiento monetario», medida anunciada para afrontar la crisis, que desde antes de la Covid-19 era notable, llegó en un momento de escasez y con matices nada ventajosos para el pueblo. Se trata, de hecho, de una segregación económica que ha llevado a los cubanos a la desesperación por la falta de productos básicos y la inflación.
El ordenamiento eliminó el CUC, la moneda fuerte que circulaba en Cuba desde 1994, pleno Período Especial, para dar paso a la Moneda Libremente Convertible (MLC), así como a cualquier divisa internacional altamente cotizada en el mercado negro.
Al anunciar la «Tarea ordenamiento», el ministro de Economía Alejandro Gil aseguró que a la par de los comercios en MLC, el resto de las tiendas continuaría comercializando todo tipo de productos necesarios en pesos cubanos, pues precisamente las nuevas tiendas tenían como finalidad recaudar divisas extranjeras para abastecer las ventas en pesos cubanos. En la práctica eso no ha ocurrido. Las tiendas a las que tienen acceso los cubanos que no poseen MLC están desabastecidas y cada día son menos. Conseguir productos básicos es una odisea y a pesar de la subida de salarios, el dinero no alcanza porque el proceso inflacionario es descomunal.
No sorprende entonces que ante semejante situación, agravada por la Covid-19, la imposibilidad de disenso y participación popular y el repetitivo discurso político que de manera burda manejan los dirigentes cubanos en los medios de comunicación para legitimar el proceso; la gente saliera a las calles.
La palabra izquierda es tabú en Cuba. Gran parte de la población asume como socialismo o izquierda al discurso y las prácticas que el gobierno sostiene. Se trata de una ciudadanía descontenta, con muy poca preparación política, pues los planes de estudio desde edades tempranas están centrados en el adoctrinamiento político a conveniencia del poder, y no en el desarrollo del conocimiento y el raciocinio en condiciones de libertad.
No es un accidente entonces que el 11 de julio la gente saliera a las calles. No eran mercenarios, no eran seres confundidos. Eran personas exhaustas respondiendo a contradicciones objetivas.
No eran mercenarios, no eran seres confundidos. Eran personas exhaustas respondiendo a contradicciones objetivas. (Foto: Ramon Espinosa/AP)
Ese día salió a la calle gente contraria a las ideas de izquierda, sí, pero salió también el pueblo trabajador y marginado, la gente a la que la izquierda debe representar, las bases sociales a las que la izquierda debería llegar. Ese día salieron igualmente defensores del gobierno, jóvenes de la llamada «izquierda oficial», personas privilegiadas por el sistema en su mayoría.
En medio del caos, la violencia de ambas partes afloró. Eran manifestantes desarmados contra todos los cuerpos represivos del Estado y esos otros privilegiados o viejos defensores acríticos, armados con palos y respaldados por la policía.
El gobierno cubano afrontó una gran crisis de gobernabilidad, y sería injusto no tener en cuenta en este análisis la exhaustiva propaganda anticomunista norteamericana, que desde las redes sociales ha calado hondo en el imaginario del cubano. Pero las causas internas del estallido social están ahí, latentes en el devenir diario de las ciudadanas y ciudadanos de esta isla. Esas causas continúan sin resolverse y cada día se agravan más, debido a lo que significó para los manifestantes y sus familiares el 11 de julio.
Hasta el día de hoy, el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos de la plataforma de la sociedad civil cubana Justicia 11J, ha documentado 1271 detenciones en relación con el referido estallido social. De estas personas, al menos 659 siguen en detención. Se ha verificado que cuarenta y dos han sido condenadas a privación de libertad en juicios sumarios y ocho en juicios ordinarios. Ya se conoce la petición fiscal de 269 personas que esperan entre uno y treinta años de sanción.
La figura de «sedición» ha sido utilizada para imponer sanciones al menos a 122 personas, según informa dicha plataforma que se ha encargado de contabilizar y sacar a la luz la situación de los involucrados, debido a que no existen cifras oficiales disponibles.
El 11 de julio fue el punto más álgido de la represión al disenso en Cuba. Históricamente existía el acoso sistemático de los órganos de la Seguridad del Estado a quienes disentían a lo largo y ancho del espectro político; también se documentaban casos de expulsiones de centros de estudio o trabajo por cuestiones ideológicas y muchas otras evidencias por el estilo. No obstante, el 11 de julio la represión fue ejercida en el cuerpo de los manifestantes.
Tal es el caso del joven músico y poeta Abel Lescay, quien tras manifestarse en la ciudad de Bejucal fue arrestado esa noche en su casa. Este proceso es particular, porque fue conducido a la estación de policía desnudo y sufrió Covid-19 durante el arresto. Él actuó pacíficamente, no atentó contra ningún tipo de propiedad, a pesar de lo cual la Fiscalía le acusa de los siguientes cargos: desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público. Por todos ellos solicitan una condena de siete años de prisión.
Al joven músico y poeta Abel Lescay le solicitan una condena de siete años de prisión.
Lescay es estudiante del Instituto Superior de Arte (ISA) y podría perder su carrera en caso de ser declarado culpable. Será juzgado el 5 y 6 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque.
Casos como este acontecen en Cuba en estos días, situaciones absurdas e inconcebibles. Cuando hablo de estos temas con integrantes de la izquierda de otros países, resulta inaudito que a alguien le exijan semejantes condenas por salir a ejercer el derecho a manifestación. «Si es así estaríamos todos eternamente en la cárcel», me comentó un amigo argentino.
Escribo estas líneas llena de temor, aun sabiendo lo que significan en cuanto a repercusiones para una militante de la izquierda alternativa que vive y trabaja en Cuba. Escribo estas líneas porque la dicotomía principal de una militante de izquierda en Cuba es tener claro a quiénes se enfrenta y en qué contexto. Si bien tenemos como socialistas la misión de luchar contra el imperialismo en el mundo, si bien estas palabras podrían ser instrumentalizadas por otras causas, en Cuba ya no podemos callar, porque se trata de las vidas de muchas y muchos. Se trata del derecho a disentir y existir con dignidad.
Llamo a la militancia de izquierda internacional y a quienes lean este texto a no dudar en indagar y apoyar la causa de los presos políticos en Cuba. Convoco a la solidaridad internacional con Abel Lescay, porque solo así seremos escuchados. La izquierda, a pesar de sus matices y diferencias, debe pensarse como una en el mundo ante este tipo de atropellos. No podemos pensar al opresor solamente como un burgués, la burocracia también oprime. No me canso de decirlo: «Socialismo sí, Represión no».
