En un post anterior analicé sucintamente el devenir de las inversiones en Cuba hasta 1990 para comprender por qué durante dos siglos (1790-1990) su economía estuvo entre las principales de la región caribeña y a la cabeza del mundo en algunas ramas, fundamentalmente la azucarera.
De las preguntas iniciales de aquel texto, dos quedaron pendientes: ¿Por qué ahora Cuba consume, ahorra e invierte proporcionalmente cada vez menos? ¿Existen posibilidades actuales de ejecutar un proceso inversionista más eficaz que permita retomar la ruta del crecimiento y desarrollo y elevar el consumo social e individual?
Las responderé ahora, analizando el tratamiento de las inversiones en los ciclos de apertura−apretura ocurridos en estas tres décadas.
1991-1998: Apertura
Para comprender mejor las particularidades del proceso inversionista insular es preciso recordar tres aspectos desarrollados en el anterior artículo: la eliminación violenta de la pequeña producción durante la Ofensiva Revolucionaria de 1968 convirtió a Cuba en el país más estatizado del mundo; tras la zafra de los Diez Millones y el ingreso al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), las inversiones se orientaban fundamentalmente hacia el sector azucarero y la creación de grandes industrias basadas en tecnología e importaciones del campo socialista; el voluminoso fondo de acumulación del período 1970-1990 apenas trajo beneficios sustentables para la economía, con la honrosa excepción de la industria médico-farmacéutica.
A estos se añadiría, en 1990, la precaria situación en que quedó Cuba tras la desaparición del socialismo europeo. La debacle económica demandaba reajustar todo el modelo de socialismo estatizado y burocrático —ya en crisis desde mediados de los ochenta— y sustituirlo por uno mixto, donde el Estado, aunque conservara los medios de producción fundamentales, renunciara a sus ineficaces monopolios en todas las ramas económicas, flexibilizara la planificación centralizada y abriera espacios al sector privado, cooperativo y a la inversión extranjera.
Desde 1993-1994, especialistas cubanos y extranjeros fundamentaron esta propuesta, pero casi todas sus ideas fueron rechazadas y/o ignoradas. No obstante, ante la necesidad apremiante de inversiones, en 1992 se aprobó una nueva Ley de la inversión extranjera que priorizaba aquellas que incrementaran la exportación de bienes y servicios y la sustitución efectiva de importaciones.
Al unísono, se ejecutó una reestructuración económica que incluía el fomento del turismo, despenalización del uso del USD, descentralización del comercio exterior, creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), e inauguración de zonas francas. Igualmente ocurrió una relativa liberalización de la actividad económica interna, con la apertura de mercados agropecuarios y de productos industriales que auspiciaban la inversión directa del ahorro privado y parte de las remesas familiares.
En 1997, coincidiendo con la celebración del V Congreso del PCC, era evidente que la economía se recuperaba y se confiaba en crecer por nuestros propios medios, descentralización económica mediante. Sin embargo, no se avanzó más en el campo de las reformas; por el contrario, se volvió a la planificación centralizada a través de balances materiales y comenzó a retrocederse en los principales aspectos en que se había innovado y avanzado.
Intervención de Fidel Castro en el V Congreso del Partido. (Foto: Granma)
1999-2008: Apretura
Dos acontecimientos concomitantes determinarían sobremanera en la centralización estatal de la política inversionista a partir de 1999: la instauración del gobierno de Chávez en Venezuela y el inicio de la Batalla de ideas. Ante la nueva fuente de ingresos que se abría para el Estado, las asociaciones mixtas fueron reducidas, eliminados los negocios inmobiliarios extranjeros y comprimido el número de empresas cubanas autorizadas a operaciones directas de comercio exterior.
En las relaciones comerciales externas, el intercambio diversificado alcanzado con países de diferentes zonas geográficas se concentró en Venezuela y China. A pesar de ello, las inversiones de esos países nunca llegaron a ser trascendentes para la economía cubana ni el consumo popular.
Con el primero se estableció un importante programa estratégico de complementación/integración económica dentro de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). Su núcleo era la exportación de servicios profesionales de alto valor agregado, sobre todo en salud y educación, a cambio de petróleo. En 2006 representaban el 28% de las exportaciones totales de la Isla, mayor que la exportación de níquel y el turismo. Venezuela invirtió fuertemente en la ampliación de un complejo petroquímico conjunto en Cienfuegos, pero la crisis petrolera y otras dificultades económicas hicieron casi inoperante la gigantesca instalación.
Por su parte, China emprendió negocios conjuntos en agricultura, telecomunicaciones, biotecnología, turismo e industria ligera; pero muchos cerraron sin terminar y su aporte al PIB fue escaso. En la industria electrónica se trabajó para producir en Cuba equipos de aire acondicionado, lavadoras, refrigeradores y equipos de computación, con el objetivo de sustituir importaciones y, a su vez, exportar hacia el mercado latinoamericano y caribeño; a pesar de ello, su contribución al consumo nacional y la exportación fue casi nula.
En 2005, la debacle del obsoleto sistema eléctrico nacional provocó la llamada revolución energética, dotada de un ambicioso fondo de inversiones a partir de los ingresos del momento. Contemplaba la modernización de los sistemas de transmisión, instalación de nuevos equipos, y ahorro del consumo energético de la población por dos vías: sustitución de equipos de tecnología derrochadora, y elevación sustancial de las tarifas, penalizando a los mayores consumidores.
No obstante, al priorizar las soluciones urgentes —compra de costosos grupos electrógenos, generalización de bombillos ahorradores de vida limitada— y no las fundamentales —construcción de modernas centrales energéticas y cambio del paradigma de generación hacia fuentes renovables—, su efecto no fue sostenible en el tiempo y ahora se vuelve a padecer roturas, detenciones y falta de capacidad generadora, incluso en medio de la parálisis económica por la pandemia.
Fidel Castro en el Palacio de Convenciones, en la implementación de los programas energéticos. (Foto: Ismael Francisco/Cubadebate)
2009−2010: Apertura
La falta de crecimiento suficiente y el estallido de la crisis económica mundial en 2008, obligó al gobierno cubano a reducir drásticamente su presupuesto e importaciones y anunciar planes para aligerar gastos con la eliminación de servicios gratuitos y subsidios. Para compensar al consumo, se emitieron licencias a vendedores de alimentos y se transfirieron pequeños servicios y producciones al régimen cooperativo. No obstante, la mayoría de estas medidas solo legalizaban actividades que ya se efectuaban en la economía sumergida y pesaban poco en el crecimiento real del PIB.
En 2010 se tomó la decisión de ampliar el trabajo por cuenta propia en el país y parecía que se aceleraban las reformas. Los gobiernos municipales recibieron instrucciones de trazar planes de desarrollo económico que incluyeran cooperativas y pequeños negocios. Al tiempo, se suavizaban regulaciones para la construcción y mejora de viviendas, abrían mercados municipales donde los agricultores adquirirían insumos hasta ahora asignados por el Estado, se liberó la venta de materiales de construcción y la creación de pequeñas industrias en cooperativas agrícolas. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras en futuros campos de golf y marinas de lujo, se aumentó de cincuenta a noventa y nueve años el plazo de derechos de usufructo de tierras para proyectos turísticos.
El Gobierno anunció que eliminaría más de 500.000 empleos públicos y autorizaría unos 250.000 pequeños negocios en el plazo de seis meses; además de crear 200.000 empleos no estatales y autorizar a pequeños empresarios a contratar mano de obra y alquilar locales estatales. En diciembre, Raúl proclamaba un ultimátum ante la Asamblea Nacional: «O rectificamos o nos hundimos». Sin embargo, la energía reformista duró poco.
2011−2020: Apretura
La Primavera Árabe de 2011, cuando la ira popular —bajo el lema «Sí se puede»— provocó la caída de los gobiernos pro-occidentales de Túnez y Egipto, Khadafi en Libia y el inicio de la guerra civil/agresión yihadista contra Siria; repercutió en Cuba. El grupo de poder hegemónico sintió temor a ceder demasiado en sus posiciones de privilegio ante los emprendedores protoburgueses cubanos. En consecuencia, la marcha de las reformas se ralentizó; el crecimiento del ahorro y la inversión internas tendrían que esperar tiempos mejores.
Aunque ese año se celebró el VI Congreso del PCC («Actualización»), se adoptaron los Lineamientos y comenzó a entrar al país, a través de las remesas, una cantidad inmedible de fondos para invertir en negocios privados; el Gobierno/Partido/Estado cerró las puertas al ahorro interno y apostó a un caballo perdedor: la inversión extranjera directa (IED).
Según el periódico Granma, en 2020 la Zona Especial de Desarrollo Mariel atrajo inversión extranjera directa por un monto superior a 730 566 millones de dólares. (Foto: Ricardo López Hevia)
Desde entonces, la inversión nacional en las esferas de la industria y la agricultura descendería proporcionalmente. A la par, creció sin cesar la inversión en el sector inmobiliario, sobre todo en la creación de nuevas capacidades hoteleras, marinas y campos de golf gestionados por el holding militar GAESA.
Con las trabas burocráticas, las leyes sui generis de Cuba para la contratación de trabajadores y las presiones estadounidenses, la IED no ha alcanzado jamás el nivel necesario para impulsar el crecimiento económico, estimado en unos 2200 millones anualmente. Ni parece que lo hará en breve plazo.
Ni siquiera mejoró el panorama con la inauguración de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), la más importante inversión extranjera efectuada desde el triunfo de la Revolución. Construida por el conocido grupo brasileño Odebrecht, con la inversión de unos 900 MUSD, se pretendió convertirla en uno de los complejos portuarios más importantes de Cuba y el Caribe.
Sin embargo, los resultados del proceso inversionista en el sector productivo eran a todas luces insuficiente en aquel período de relativa bonanza. Así, entre 2010-2013, la producción nacional de leche apenas sobrepasaba algo las 600,000 toneladas —solo 12% de origen estatal—, la mitad de lo producido en 1989; de ahí que se importaran 500,000 anualmente.
En 2014 se aprobó una nueva ley, que daba mayores garantías jurídicas y facilidades a los inversores extranjeros y les permitió actuar en todas las áreas de la economía, salvo las instituciones armadas, salud, educación, y medios de comunicación. Además, les redujo el impuesto al 15% de sus ganancias, con la posibilidad de repatriar todo el excedente.
Ese año, no solo Raúl Castro y Barack Obama re-establecieron relaciones tras medio siglo de Guerra Fría; también Putin visitó Cuba, firmó acuerdos comerciales y Rusia condonó el 90% de la deuda, principalmente de la época soviética, unos 35,000 millones de rublos. El 10% restante sería invertido en proyectos conjuntos en la Isla. Asimismo lo hicieron Japón, que eximió el 80% de unos 1400 MUSD, y México, que exoneró el 70% de su deuda de 478 MUSD.
A finales de 2015, Cuba renegoció su deuda con el Club de París, congelada desde hacía más de treinta años, cuando era de 7,000 MUSD. Se logró un acuerdo favorable: condonación de 8.500 MUSD y el compromiso del gobierno cubano de desembolsar 2.600 MUSD en un plazo de dieciocho años para acceder a créditos.
A pesar de estas dispensas, entre 2009 y 2017 la normalización de la deuda externa del país tuvo un elevado costo, ya que su servicio alcanzó una cifra cercana a los 23,000 MUSD, que limitó objetivamente la posibilidad de elevar el monto de las inversiones y el consumo con recursos públicos.
Con la llegada de la Covid-19 en 2020, todos los ingresos del país se redujeron a la vez que crecían los gastos del enfrentamiento a la pandemia. No obstante, el incremento de inversiones en la creación de nuevas capacidades para el turismo continuó su tendencia ascendente.
(Gráfico: Pedro Monreal)
2021…: ¿Apertura o apretura?
Para lograr un proceso de desarrollo sostenible, Cuba requiere elevar su ritmo de crecimiento económico entre 5 y 7% anualmente, lo cual exige tasas de inversión de entre 20 y 25% del PIB. Al estar contraído el ahorro empresarial y limitada la inversión privada, cooperativa y extranjera, los montos continúan siendo insuficientes.
La crisis pandémica y los efectos adversos sobre el consumo que ha originado la «Tarea Ordenamiento», serán superados en la medida en que la economía vuelva a normalizarse; pero los factores que han limitado el ahorro y la inversión requieren de cambios estructurales, entre ellos: la adopción definitiva del peso cubano como moneda nacional; creación de bancos de inversiones para industria, agricultura y sectores emergentes; incremento de las tasas de intereses de los bancos cubanos para favorecer el ahorro; facilidades a la inversión de cubanos de la Isla y residentes en el exterior; contratación directa de trabajadores nacionales por empresarios extranjeros; autorización a las empresas de todo tipo a importar y exportar libremente.
Fundamentalmente, es preciso reorientar la inversión pública hacia los sectores productivos nacionales deprimidos y lograr restablecer la proporcionalidad, en detrimento del exagerado monto destinado a la construcción de hoteles e inversiones inmobiliarias. No hay cabida para nuevas apreturas, es hora de abrir sendas al ahorro y la inversión de todas las fuentes posibles.
Solo así, la política inversionista podrá concretar posibilidades efectivas a la reanimación económica nacional en el plazo de nuestras vidas y atraerá capitales, nacionales y extranjeros, en aras de incrementar la producción, el consumo interno y las exportaciones en todas las ramas de la economía.
Para contactar al autor: mariojuanvaldes@gmail.com
