Antes esta finca producía, hoy es un paisaje lunar; también un área entregada en usufructo en una zona aprobada para minería. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)
No es la causa principal de la deuda que tiene la Agricultura con el abastecimiento alimentario, pero la explotación de yacimientos minerales en suelos productivos bajo la legalidad de que esos recursos pertenecen al país y son necesarios, poco a poco resta superficie agrícola y producción en Sancti Spíritus porque nunca se repone la capa vegetal como se estableció en el proyecto de concesión minera dado para extraer arcilla o arena.
Pareciera un asunto intrascendente de cara a la necesidad constructiva, a la tradición ceramista de una provincia con probada riqueza de esos minerales y a que, en definitiva, existen terrenos agrícolas todavía improductivos. Sin embargo, no es casual que la propia Ley de Minas conforme concibe las vías y facultades para autorizar el uso de tales recursos, también define la obligación que contraen las entidades concesionarias —las que se les aprueban permisos de explotación— de restablecer el suelo una vez concluida la extracción del material en el segmento trabajado.
De manera que un proyecto de concesión minera no es un autorizo de rutina. Antes de empezar una excavación, pasa por la solicitud, la consulta y la aprobación, e involucra a Planificación Física, la Agricultura (Suelos), el Citma y la Oficina Nacional de Recursos Minerales.
Desde el proyecto todo parece escrito y amarrado. Sin embargo, durante décadas y al amparo de la explotación aprobada o ilegal, es obvio que en Sancti Spíritus ha importado más el barro que el suelo; mientras a nivel de provincia la obligatoriedad de restituir el terreno flota en el aire, apenas se controla, no parece asunto de preocupación y hasta algunos directivos intentan justificar la inercia cobijándose en permisos de años para la extracción, sin sopesar el daño ambiental, ni cuánta comida se deja de producir en ese terreno.
PAISAJE LUNAR
Escambray no busca ponerle barreras a la explotación minera, al contrario, en un territorio como este es un camino imprescindible para avivar la construcción de viviendas y la urbanización; porque está el recurso y es más barato. Sí llama la atención sobre la total violación de una las principales partes de la concesión minera: el proyecto de restitución del suelo, que incluye hasta definir en cuenta bancaria el monto financiero que se destinará a esa rehabilitación.
Pero, de qué valen tantas consultas y niveles de aprobación, tantos organismos implicados, tanto rigor en la teoría del proyecto, si hasta ahora solo ha interesado extraer el mineral, y los cuerpos reguladores coinciden en que en toda la provincia hay muy poco que mostrar en materia de terreno restablecido, a pesar de que en el papel exista un proyecto de restitución.
Ejemplos hay muchos, Escambray expone dos en aras de ilustrar las diversas lecturas de este proceder, útil y necesario por un lado, destructor y dañino por el otro. En terrenos donde hoy se asienta la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) Ángel Montejo —zona conocida como Camino de las Cañas, en la periferia de Sancti Spíritus— se ha concentrado desde hace décadas la extracción de barro por parte de las industrias productoras de cerámica, en mayor medida la de subordinación local. También el lugar ha sido un paraíso para la explotación ilegal e incorrecta por los particulares.
“En las áreas de la CPA anda todo el mundo atrás del barro, hasta los particulares, y lo mismo rompen las puertas que las cercas; llevo 17 años de presidente de la cooperativa y nunca han restituido el suelo; estimamos que aquí se han dañado más de 200 hectáreas, se llevaron el barro y nos dejaron terrenos improductivos, llenos de huecos; ahí antes se sembraba arroz, frijoles, tabaco, viandas, ahora sirven para ganado, malamente”, explicó Antonio Fernández Díaz.
La entrega de tierra en usufructo en una zona aprobada para concesión minera revela otro problema alrededor del asunto y, hasta una contradicción: un usufructuario con el encargo de producir alimentos, y la otra parte autorizada a extraer la arcilla.
Tal es el caso del campesino Eduardo Brito Guerra, de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Camilo Cienfuegos, que por esta vía agrandó la finca y llegó a convertirse en uno de los principales productores de leche en la cooperativa, con niveles que rondaban los 12 000 litros año. Pero la Empresa de Materiales de la Construcción hizo uso de la concesión minera, la producción disminuyó y hoy la finca semeja un verdadero paisaje lunar.
USAR EL BARRO, TAPAR LOS HUECOS
Escambray indagó con la Empresa de Materiales de la Construcción, una de las principales explotadoras de minerales en el territorio. Luis Martínez Gómez, director general, suscribe que “mientras existan recursos en los yacimientos no los podemos tapar; esa área de la CCS todavía no se ha recultivado porque no hemos terminado, tenemos allí un permiso de explotación por 25 años; tampoco hemos concluido en las concesiones que tenemos abiertas en la CPA; sí, en la Ley está definido cómo hacer la explotación, también el proyecto de rehabilitación, pero después no dan combustible para eso y nos falta el equipamiento especializado.
“En la rehabilitación lo importante es que no se rompa el ecosistema, no quiere decir que vamos a recultivarlo para que alguien vuelva a sembrarlo, porque después de 20 años sacando una cantidad grande de material, ¿de dónde lo buscamos para tapar?, ¿quién lo va a volver a echar?; nunca soñar que el productor va a tener otra vez el suelo relleno como estaba antes; puede servir para ganado, una presa, un vertedero”, añade Martínez Gómez.
La ingeniera geóloga Diomelys Rodríguez Cabrera, especialista en Explotación de Yacimiento en la entidad, concuerda en que “sí está proyectado que en la medida que se vaya extrayendo el material se vaya restituyendo en yacimientos de arcilla y arena, pero mientras no queden reservas minerales; tiene que recultivarse. ¿Que nos ha faltado voluntad?, puede que sí, y recursos, también”, señaló.
De acuerdo con el criterio de Luis Fernández Gómez, especialista de Producción en la Productora de Materiales de la Construcción (Promac), subordinada al Poder Popular, la mayor dificultad para acometer la recultivación de los terrenos proviene de la escasez o la no existencia de equipos no tecnológicos para la explotación correcta de un yacimiento.
“Prácticamente hoy no existe buldócer, estamos explotando las cavas con retroexcavadora y no es la técnica idónea para esa actividad; con el buldózer se va haciendo el trabajo por capas, incluida la vegetal para preservarla en un lugar; la retroexcavadora lo que hace es un hueco y es muy difícil realizar correctamente la explotación; actualmente Promac no tiene equipos para explotar la arcilla, entonces queremos recuperar la cerámica roja, y lo cierto es que esta nace en el yacimiento”, explicó Fernández Gómez.
“Si no se cumplen los proyectos de explotación y de restitución, dañamos la agricultura, porque esas lagunas que quedan ni sirven para criar peces, ni para el ganado”, apuntó.
¿Puede explotarse una zona por 20 años o más, y después es que comienza la rehabilitación?, preguntó Escambray a Juan Antonio González Rivera, especialista en la Geominera del Centro, radicada en Villa Clara y que atiende la actividad en Sancti Spíritus.
“No, eso no está regulado así, después que se termina en un lugar se deben restablecer las mismas condiciones que existían, las concesionarias saben que tienen que hasta proteger la capa vegetal; la entidad saca los minerales que necesita del subsuelo, después hay que volver a echar ese suelo como mismo estaba anteriormente, incluso, se debe restablecer la vegetación con frutales u otras especies para recuperar el entorno; la importancia de rehabilitar es no dejar huecos, lo dice la ley”, añadió.
“Le puedo asegurar que en Sancti Spíritus nadie ha restablecido nada, se está atentando seriamente contra el medio ambiente y dejando los lugares degradados e improductivos; esa degradación ocurre por la mala utilización de la retroexcavadora que realiza la explotación haciendo oquedades y no en forma de cantera que es la manera más eficaz, porque se avanza aprovechando la potencia útil del mineral y después es más factible la rehabilitación de la parte minada”, expresó.
“Los principales problemas en la provincia son la deficiente explotación en las concesiones por la utilización de equipos inadecuados e insuficientes conocimientos tecnológicos porque no consultan las recomendaciones de los informes geológicos de los yacimientos, situación que lleva al acortamiento del ciclo de vida de los minerales en las concesiones, y recordemos que los yacimientos no son renovables”, acotó González Rivera.
Tomás Ríos Orellana, jefe del Departamento de Suelos y Fertilizantes en la Delegación Provincial de la Agricultura, reconoce que “nos acostumbramos a darle interés a la extracción del barro y no a la rehabilitación, muchas veces esas empresas no separan el monto financiero que lleva ese paso y que debe estar fijado en la inversión inicial; no se justifica que en tantos años no se haya hecho nada en la recuperación de los terrenos para darle otra vez algún uso agrícola o forestal.
“Realmente no ha habido ni se ha logrado un nivel de exigencia para que se restablezca el área — recalcó Ríos Orellana—; a los organismos involucrados nos falta integrarnos más y monitorear ese paso, porque lo cierto es que se ha dado prioridad a la necesidad de la construcción en detrimento de la posibilidad de seguir produciendo alimentos en ese lugar objeto de la concesión minera. Ahora el Decreto-Ley 50, que se hace vigente en enero, viene a poner mayor orden alrededor de esta actividad y de los suelos”.
