El Grupo de Puebla emitió desde México una alerta internacional por los actos de acoso y persecución a investigadores de Pandora Papers, publica la agencia Prensa Latina.
El organismo rechazó de manera contundente, refiere PL, esa conducta gubernamental que considera expresión de «persecución política y manipulación de la justicia que pretenda acallar o entorpecer procesos constitucionales de investigación y rendición de cuentas».
Esa asociación de líderes progresistas recordó que varios legisladores ecuatorianos son víctimas de esos métodos de coerción con el objetivo de silenciarlos y lograr su destitución de un cargo de elección popular.
El comunicado del Grupo de Puebla pone como ejemplo los casos de la asambleísta del partido Revolución Ciudadana Mónica Palacios y el excandidato presidencial por la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz.
La primera es reconocida como blanco de violencia política de género por parte de un legislador oficialista, mientras Arauz sufrió represalias políticas, judiciales y mediáticas basadas en noticias falsas, acota la publicación de la agencia informativa latinoamericana.
Por último, el documento reitera lo suscrito en la declaración del 29 de octubre pasado, cuando el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia adscrito al Grupo de Puebla llamó al gobierno de Ecuador a «garantizar las libertades de expresión y opinión política».
También a comparecer ante las instancias de rendición de cuentas y de transparentar la información pública y privada que permita determinar las prácticas que puedan estar ligadas al uso de paraísos fiscales.
Pandora Papers es una investigación periodística internacional que hizo públicos secretos financieros de líderes políticos, funcionarios públicos, empresarios y otros dueños de grandes fortunas.
El análisis de millones de documentos filtrados reveló trampas concebidas para al margen de la ley acumular dinero mediante empresas encubiertas o fantasmas, fideicomisos y el sistema offshore, que en paraísos fiscales evita impuestos y vela por el anonimato de los implicados.
De acuerdo con el estudio realizado por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), figuran entre los señalados los presidentes Sebastián Piñera, de Chile; Luis Abinader, de República Dominicana y Guillermo Lasso, de Ecuador.
Prensa Latina señala que la inclusión de Lasso en la lista encendió las alarmas y el gobierno ecuatoriano reaccionó agresivamente al informe presentado por varios legisladores ante la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.
