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Irán exige regreso completo a obligaciones de acuerdo nuclear

Irán exige regreso completo a obligaciones de acuerdo nuclear

Teherán, 30 nov (Prensa Latina) Irán exigió hoy el regreso completo de todos a lo establecido para reactivar el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) o pacto nuclear.

La informacion Irán exige regreso completo a obligaciones de acuerdo nuclear salio primero en Prensa Latina.

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Agencia vende boletos de vuelo Cuba-Nicaragua a casi 4 mil dólares

La agencia de viajes All Travel USA, radicada en Estados Unidos, vende boletos para vuelos de Cuba a Nicaragua a casi 4000 dólares, según su publicidad en redes sociales.La agencia promociona en un video de Facebook “vuelos a Managua desde Camagüey-Cuba directos sin parada”. Según las imágenes de la publicidad el costo es de 3998 dólares, por ida y regreso en aviones de la aerolínea Aruba Airlines.
All Travel USA asegura que “estos vuelos tienen permiso para operar y no se ha cancelado ninguno”. La compañía se presenta como “una agencia de viajes en Estados Unidos, que ofrece un servicio diferente (…); nos preocupamos por las necesidades reales de nuestros clientes (…) en sus viajes dentro, fuera y a los estados unidos, cuba y el mundo”.
“Asere el mismo cubano entierra a su gente manda Ping… esto, mira esos precios”, comentó Thiago Rodríguez en el Instagram de la empresa. Jaime Guzmán los tildó de “ladrones”.
Yuny Suárez criticó en Facebook otro servicio de la empresa. “Estas personan venden renta de carros alterando los precios al doble utilizando el nombre de las empresas en Cuba como Transtur, y te dicen que la transacción de la tarjeta pasa solo la mitad [,] que cuba no deja y la otra mitad deben probar a pasarla dos veces”, afirmó la cubana residente en Estados Unidos.
Añadió que “después cuando llegas a Cuba [y] te entregan el contrato del carro te das cuenta que es una estafa de parte de esta empresa”.
Según la usuaria, llamó al presidente y CEO de All Travel USA, Onay Ledesma, residente en Miami. “para reclamarle su estafa y dice que no está obligado a decirme por qué me cobró esa suma. Cuando me envía el voucher me lo envían sin la totalidad del cobro”.
ADN Cuba se comunicó con la empresa a través de redes sociales, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta.

Cubanos desesperados por viajar a Nicaragua
A inicios de enero un centenar de personas protestaron en La Habana reclamando boletos de avión a Nicaragua, país que estableció el “libre visado” para los cubanos.
“¡Queremos fecha de vuelo! ¡Queremos fecha de vuelo!”, se escucha exigir a gritos al grupo de cubanos frente a una oficina en la capital de la isla, en un video compartido por el periodista Mario J. Pentón.
Según informó el comunicador en sus redes sociales, el breve audiovisual documenta a “un centenar de cubanos [que] protestan en La Habana pidiendo vuelos a Nicaragua”.
Un incidente similar frente a las oficinas de las compañías aéreas Copa y Conviasa, en el Centro de Negocios Miramar de La Habana, ocurrió el 25 de noviembre.
El 22 de noviembre el régimen de Managua anunció que dejaba establecido un “libre visado” para los ciudadanos cubanos hacia su territorio. De esta manera la dictadura de Daniel Ortega abrió la posibilidad de convertirse en puente de un éxodo masivo, debido a la cercanía de ese territorio con México y la frontera de Estados Unidos.

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Carmen Beramendi: “La violencia contra las mujeres es multidimensional y las respuestas deberían tener carácter sistémico”

Carmen Beramendi es docente, investigadora en género y políticas de igualdad y directora de FLACSO Uruguay
Foto: Tomada de montevideo.com.uy

IPS: Unos más que otros, la mayoría, si no todos, los países de la región han legislado sobre violencia de género. En su opinión, ¿qué impacto han tenido las leyes en el enfrentamiento de este problema que según fuentes especializadas disminuye poco y se ha agudizado bajo la pandemia de covid?
Carmen Beramendi (CB): Es que en realidad la legislación es muy variada en nuestra región, con diferentes enfoques, contenidos y alcance y no se cuenta con verdaderos estudios de impacto de la misma.
Todas las leyes han sido resultado de las luchas de las mujeres organizadas, de los feminismos en sus múltiples expresiones y diría que hoy podríamos establecer una genealogía de las mismas que va desde las que podemos denominar como leyes de primera generación que fueron las de violencia intrafamiliar o doméstica, hasta las de protección integral.
Cepal cuenta con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y en su repositorio sobre las leyes de violencia registra leyes integrales en 13 países de AL, y leyes con  la tipificación de femicidio o feminicidio en 17 países. A esto se suman de manera específica o como parte de las leyes mencionadas, diversas normativas sobre acoso sexual laboral, acoso callejero, delitos sexuales, sobre difusión de imágenes íntimas en el ciberespacio, sobre acoso y violencia política; se relevan también allí leyes que tipifican y sancionan el tráfico y trata de personas, entre otras.
Mi respuesta procura dar cuenta de que la violencia de género tiene un carácter estructural, producto de relaciones de desigualdad y asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres; y que es también resultado de una de las expresiones culturales de la dominación más arraigada, con la que convivimos y que precisamos desnaturalizar.
Si lo analizamos desde esta perspectiva que establece una correlación entre las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres se requiere de un proceso de construcción y deconstrucción de las centralidades que determinan la persistencia de las violencias; y la legislación es una contribución fundamental como lugar de enunciación.
Pensemos en el devenir y cómo se hablaba hasta hace muy poco tiempo de las determinaciones biológicas y lo que los aportes de género han resignificado en los debates “naturaleza vs cultura”; lo que han significado las leyes de primera generación, con todas sus limitaciones, en el cuestionamiento a la línea divisoria entre lo público y lo privado; el proceso de reconocimiento de que las mujeres víctimas son personas en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren que los Estados les garanticen su ejercicio.
Durante la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres tiene directa relación con el cerco al que se vieron sometidas con muchas horas de confinamiento junto a los agresores, la pérdida de las redes de contención, pero al mismo tiempo porque los servicios públicos, las políticas públicas no contaron con la creatividad y los recursos necesarios para adecuar sus respuestas a esta situación.
IPS: Precisando: ¿Estamos ante un asunto de leyes o más bien de condiciones que propician la violencia de género, las agresiones y acoso sexual, etc.?
CB: No creo que haya que formularlo en términos contrapuestos; muchas de las leyes aprobadas en estos últimos años tienen un carácter integral pero no cuentan con los presupuestos que permitan su real cumplimiento. Las leyes son un componente muy importante como marco y
parte de las políticas públicas.
Creo que lo que se requiere es que el Estado y sus instituciones garanticen, de acuerdo al enfoque de derechos humanos, el acceso a los derechos; trabajar de manera descentralizada llegando con los sistemas de respuesta a los lugares más alejados de la centralidad, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, contar con sistemas de información confiables que permitan la rendición de cuentas.
Junto con esto, es necesario la identificación de las nuevas formas de violencia, sus nuevas expresiones y priorizar presupuestalmente la comunicación.
Se trata de una emergencia que requiere reconocerse como tal y abordarla en las instituciones educativas, en los centros de salud, en las emergencias, en las comisarías, con personal capacitado para dar respuestas adecuadas a cada situación, ya sea derivando, asistiendo o protegiendo cuando sea necesario.
La causalidad de la violencia contra las mujeres es multidimensional y las respuestas deberían de dar cuenta de su carácter sistémico; para eso, la batalla cultural contra la desigualdad debería estar presente desde la socialización temprana, procurando avanzar hacia la igualdad sustantiva acortando brechas en todos los espacios y en todas las etapas de la vida.
El sistema de justicia también requiere revisarse, contar con formación específica en todos sus niveles; tiene un rol fundamental para la implementación de las leyes en los aspectos que le competen y en contribuir a revertir la cultura de la impunidad tan presente en nuestras sociedades.
IPS: Uruguay es uno de los tres primeros países latinoamericanos en adherir al convenio 190 de la OIT (de 2019) sobre violencia de género y acoso. ¿Qué ha logrado ese país en particular con esta y otras leyes sobre violencia de género y acoso?  ¿Qué dicen las estadísticas?      
CB: Uruguay ha sido el primer país en ratificar el Convenio de la OIT N° 190 sobre violencia y acoso en el trabajo.
La Conferencia de la OIT lo aprueba en junio del 2019; la votan en el caso de Uruguay el gobierno y la delegación sindical, no así los empresarios. En octubre de ese año se eleva el proyecto de ratificación, el 10 de diciembre se aprueba el proyecto en el Senado y el día 17 en la Cámara de Representantes.
La firme postura del país en ratificar en tiempos breves el Convenio se inscribe en una política pública impulsada por el Gobierno del Frente Amplio y consensuada a nivel de todos los partidos políticos de contribuir a erradicar la violencia de género, centrándose en el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
En términos legislativos Uruguay cuenta desde el año 2009 con la Ley 18.561 de Acoso sexual valorándolo como una forma de discriminación que afecta la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Tiene por objeto la prevención del acoso, la protección de las víctimas y la sanción del agresor, en los ámbitos laboral y educativo tanto públicos como privados. Define los componentes que permiten caracterizar el acoso, las obligaciones del empleador, los derechos de la persona acosada y los procedimientos para hacer la denuncia así como la indemnización que corresponda.
El país cuenta con la ley integral de violencia basada en género 19.580 que establece con precisión los tipos de violencia. Define  la violencia laboral como la ejercida en el contexto laboral, por medio de actos que obstaculizan el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, el sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos fuera de lo establecido en los marcos legales aplicables, o la disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer.
Dicha ley define como Violencia en el ámbito educativo a la violencia ejercida contra una mujer por su condición de tal en una relación educativa, con abuso de poder, incluyendo el acoso sexual, que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima y atenta contra la igualdad.
También define el Acoso sexual callejero como todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación.
Caracteriza también la Violencia política como todo acto de presión, persecución hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia, en su condición de candidata, electa o en ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o traten de inducir a tomar decisiones en contra de su voluntad.
Estas dos leyes mencionadas son anteriores a la puesta en vigencia del Convenio 190 que entra en vigencia para todos los Estados recién en Junio del 2021 por lo cual es muy difícil que existan datos sobre sus logros o resultados, lo que nos queda como un desafío pendiente.
Junto a los caminos legales, normativos, parece fundamental pensar en empresas realmente inclusivas, que propicien ambientes de trabajo igualitarios, donde el combate al acoso laboral y sexual forme parte de una estrategia de transversalidad de género transformadora de las relaciones de poder. Las experiencias de sensibilización y capacitación realizadas en estos marcos, de las cuales la institución a la que pertenezco ha sido parte, demuestran gran eficacia disuasoria y preventiva. (2022)

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Aprueban indicaciones para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera

Una actualización de las indicaciones para la contratación y comercialización de la producción agropecuaria, forestal y tabacalera del año 2022 fue publicada en la Gaceta Oficial No. 8 Extraordinaria, donde se incluye la Resolución 861/2021 del Ministerio de la Agricultura.  
El propósito del documento es adecuar la contratación de la producción a las condiciones actuales y consolidar los resultados alcanzados, como proceso que permita entrelazar la producción con la comercialización y ofrecer, además, seguridad, trazabilidad, eficiencia y satisfacción de la demanda en los destinos finales.
Entre los objetivos a lograr para el actual calendario figura la desagregación del plan de la agricultura a nivel de productor, lo cual debe materializarse desde el momento mismo de la contratación, de manera de buscar diversificación y control de las producciones, a través de una mayor atención por parte del sector empresarial.
Una premisa fundamental para garantizar un sistema de contratación y comercialización eficiente es el establecimiento de un sistema productivo y de comercialización local, para lo cual se requiere de la participación conjunta del sector empresarial, el sector cooperativo y las formas de gestión no estatal bajo la dirección del gobierno municipal.
Para que el proceso de contratación cumpla sus objetivos y las cifras que se registren tengan respaldos productivos, la Resolución establece que es de obligatorio cumplimiento registrar las siembras que se asocian a cada producto contratado en el Sistema Informático de Planificación Agropecuaria (SIPA).
Según refieren las indicaciones, una correcta contratación debe tener en cuenta el balance de áreas, incluidas las tierras entregadas en usufructo, la calidad del suelo, el movimiento de rebaño, las tecnologías empleadas y el destino de las producciones conforme a lo aprobado en cada programa de desarrollo.
La Resolución 861/2021 del Ministerio de la Agricultura, que entrará en vigor a los 30 días de su publicación en la Gaceta Oficial, precisa, además, aspectos relacionados con el autoabastecimiento municipal y las maneras de determinar el potencial anual de productos como la leche y la carne vacuna y bufalina, el ganado menor, el café, el cacao, el coco y las plantas medicinales.

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Open Doors incluye a Cuba entre los países con mayor persecución hacia los cristianos

MADRID, España.- La ONG evangélica Open Doors incluyó a Cuba en su ranking anual de los 50 países con mayor persecución y discriminación hacia los cristianos. 
En el 2020, Cuba había quedado, por muy poco, fuera del informe, al ocupar la posición 51, mientras que en el 2019 había estado en el lugar 61. Sin embargo, en el reporte correspondiente al 2021 Open Doors colocó al país en el lugar 37, debido a “las medidas altamente restrictivas contra las iglesias consideradas opositoras al régimen, especialmente las protestantes no registradas”.
Según explica la organización, la crisis de la COVID-19 se ha utilizado como pretexto para obstaculizar las actividades de la iglesia y la comunidad, monitorear a sus líderes, realizar arrestos arbitrarios, confiscar propiedades privadas e imponer tarifas de extorsión.
Captura de pantalla a informe de Open Doors
Open Doors destacó que hubo líderes cristianos de diferentes denominaciones entre los detenidos por las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Además señala que los líderes de la iglesia y otros que hablan en contra del régimen comunista son los más vulnerables a la persecución en Cuba.
Según explica el informe, desde 1959 Cuba ha sido gobernada por el Partido Comunista, que busca controlar la iglesia de acuerdo con su ideología comunista y el gobierno reacciona con dureza contra las voces de la oposición y los manifestantes, por lo que cuando los activistas cristianos critican al régimen, enfrentan arrestos, el cierre de sus iglesias o negocios, penas de prisión y hostigamiento por parte del gobierno y sus simpatizantes.
A las iglesias nuevas a menudo se les niega el registro, ya que las autoridades quieren controlar y limitar su influencia, obligando a muchas iglesias a operar ilegalmente. Esto conduce a la imposición de sanciones, como la denegación total de la expedición de licencias, fuertes multas, la confiscación de bienes o incluso la demolición o el cierre de iglesias, incluidas las domésticas. El gobierno controla todos los medios y restringe el acceso desde el mundo exterior, por lo que es muy difícil para los cristianos comunicarse ampliamente en el país, se lee en el reporte.
Open Doors explicó además que, en su labor de apoyo a la “iglesia perseguida en Cuba”, desarrolla “proyectos de subsistencia, capacitación bíblica, proyectos de desarrollo de liderazgo y desarrollo socioeconómico para aumentar la autosuficiencia de la iglesia”.
Open Doors, con sede en los Países Bajos, es una organización no denominacional que apoya a los cristianos perseguidos en más de 60 naciones donde el cristianismo sufre opresión y rechazo legal y social.
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Cuban Doctor Launches First Book on Clinical Trials

Camaguey, Cuba, (ACN) Doctor Alberto Hernandez, presented his book “Considerations of clinical trials, Experiences in Cuba,” which is the first publication on the topic in Cuba.In the presence of local professionals who have participated in clinical trials in this province and professors at the Carlos J. Finlay Medical University, the doctor said that the book, containing 48 chapters, still in digital format collects the theoretical and practical experiences of more than 30 Cuban scientists.Some 22 authors and 14 co-authors, doctors who are part of the Havana scientific community offer their vision of the issue, since there was no bibliographic reference about clinical trials in Cuba to assess the efficacy of products and pharmaceuticals.Doctor Hernandez told ACN that the book covers all stages and procedures of a clinical trial.Albio Pacheco, vice-rector of Camaguey’s Medical University, said that the book is a basic source for local researchers involved in different academic and research projects related to the issues addressed in the text, whose scientific evaluations favor the studies particularly now as Cuba is facing the COVID-19 pandemic.

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