El Ministerio de Salud Pública de Cuba invalidó, por tiempo indefinido, el derecho al ejercicio de la Medicina al doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, apelando a razones de índole política.
“No cometí ninguna violación del juramento hipocrático. Yo solamente me declaré anticomunista y me declaré enemigo de todas las injusticias que están haciendo aquí, no solamente en el sistema de salud, sino en todo, y que queremos un cambio. Sin embargo, ellos optaron por la represión. Se sienten dueños de cada ciudadano. Como no tenemos derecho de expresión, ni libertad de pensamiento, somos sus esclavos, y como tales nos tratan. Si un esclavo se revela, entonces optan por los castigos estos que estamos pagando”, reaccionó el doctor Figueredo.
En la notificación oficial firmada por el ministro del sector José A. Portal Miranda, y entregada este 23 de noviembre a su destinatario, se afirma que el galeno bayamés ha causado “un daño moral” a la imagen de la Salud en la isla comunista, “ventilando carencias existentes dentro del sector, mostrando una actitud inobservante de los principios éticos”.
La comunicación advierte que las afirmaciones esgrimidas podrían constituir delito, una velada insinuación a que el médico podría ser involucrado en un proceso penal o civil.
Figueredo Izaguirre ha sido un severo crítico del manejo de la pandemia en el país y de la depauperación del cacareado sistema de salud del régimen. El pasado marzo denunció la muerte por negligencia médica de su abuelo.
“Me expulsaron hace siete meses de la salud, pero todavía seguía con mi título de médico. Hoy acabaron de enterrar mi profesión. Ya no soy más médico en este país. Me inhabilitaron mi título. Yo lo comparo con el fusilamiento de los ocho estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Hoy están fusilando, sin armas, a sus profesionales, con represión”, dijo el también miembro del Gremio Médico Cubano Libre.
Especialista de primer grado en Medicina General integral y residente de Urología, el 30 de abril de 2021 fue expulsado de su centro laboral, el Policlínico “13 de marzo” de la capital granmense, y sancionado con la prohibición de trabajar en el sector durante cinco años.
“Quiero, por lo menos, seguir mi lucha desde un país libre. Por eso estoy pidiendo asilo político en el país que sea”, recalcó.
Figueredo Izaguirre no es el único médico que ha sufrido este tipo de represalias: Alexander Pupo Casas y Manuel Guerra Guerrero también están imposibilitados de practicar la medicina ni continuar con sus estudios de las especialidades de neurocirugía y ginecología, respectivamente.
Antes de ellos fueron inhabilitados los doctores Yeovany Giménez y Rodolfo Martínez Vigoa y durante las décadas del 60, 70 y principios de los 80, decenas de médicos eran “castigados” y enviados a trabajar en labores agrícolas o en lugares apartados lejos de sus residencias por querer emigrar.
El Instituto Nacional de Oncología y Radiología expulsó en mayo de 2020 al enfermero, Pedro Ariel García, por sus publicaciones en Facebook.
En julio, fue juzgado y condenado a 10 meses de privación de libertad otro trabajador de la Salud, el camillero Omar Ortega Mendoza, tras denunciar el colapso sanitario en el hospital del municipio avileño de Morón donde trabajaba.
