El presidente estadounidense Joe Biden prohibió el ingreso a Estados Unidos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, así como de ministros y funcionarios de su gobierno.
“Los actos represivos y abusivos del gobierno de Ortega y de quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar”, expresó Biden en una proclamación presidencial difundida por la Casa Blanca.
Este lunes, Estados Unidos ya había impuesto sanciones a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a la “farsa electoral” y como “mensaje inequívoco” para Ortega y Murillo.
En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados.
“Es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso” al país de “miembros del gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicepresidente Rosario Murillo y todos aquellos vinculados a actos que atentan contra las instituciones democráticas del país”, agregó Biden.
La larga lista de personas no gratas incluye a legisladores, alcaldes y miembros de su gabinete, a los que Washington acusa de haber “violado los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos”.
También incluye altos funcionarios de la policía, seguridad, organismos gubernamentales, servicios penitenciarios, poder judicial y del Ministerio del Interior. Las esposas e hijos de los sancionados también tienen prohibido el ingreso a territorio estadounidense.
Adiós a la OEA
Daniel Ortega planea retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que la Asamblea General del organismo desconoció la elección.
El Parlamento, controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), instó a Ortega, “en su condición de jefe de Estado (…) a que denuncie la Carta de la OEA”. El pedido fue aprobado por 83 de 87 diputados. Denunciar la Carta implica retirarse del organismo.
La declaración se adoptó “ante las reiteradas acciones injerencistas de la OEA en los asuntos internos de Nicaragua”, dijo el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, quien pidió al Ejecutivo gestionar el retiro del organismo a través de los mecanismos establecidos.
El artículo 143 de la Carta de la OEA permite a un Estado miembro renunciar mediante una notificación, en un proceso que dura dos años.
“Estamos contentos”, dijo Murillo. El pedido del Congreso “ratifica nuestra exigencia de respeto a las decisiones soberanas y dignas de nuestro pueblo y el principio de no injerencia en nuestros asuntos propios”, agregó.
