A la pregunta de una periodista sobre las manifestaciones pacíficas del 15N en Cuba y represión ejercida por parte del gobierno, una funcionaria de Naciones Unidas recordó este martes que la libertad de expresión y opinión, y la libertad de asociación y reunión pacífica son derechos “absolutamente fundamentales” y expresó su preocupación de que personas hayan sido detenidas por ejercerlos.
“Esto es algo que decimos en todas las situaciones: estos derechos son absolutamente fundamentales; son fundamentos de la sociedad”, respondió la portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell durante la conferencia de prensa diaria de la organización en Ginebra.
“Las restricciones sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación, y también expresión y opinión, tienen que cumplir con los principios de la necesidad y la proporcionalidad, y tienen que ser prescritos por ley. Y estamos preocupados cuando la gente es detenida por ejercer su derecho a la reunión pacífica, la protesta pacífica”, argumentó la portavoz.
El Observatorio de Derechos Humanos en Cuba documentó más de 300 acciones represivas en la isla, entre el 12 y el 15 de noviembre, relacionadas con la jornada cívica convocada por la plataforma Archipiélago. Entre las más frecuentes, la organización menciona la retención domiciliaria con vigilancia policial, las citaciones a estaciones policiales, amenazas, detenciones, actos de repudio y cortes de los servicios de internet.
“Lo que tenemos que decir es que los que fueron detenidos por haber ejercido sus derechos tienen que ser liberados de forma inmediata; el debido proceso, incluyendo acceso a un abogado, habeas corpus y contacto con la familia tienen que ser garantizados en todos los casos, para prevenir violaciones de derechos humanos”, subrayó Throssell.
Organizaciones de la sociedad civil independiente cubana enviaron este martes una carta abierta a Naciones Unidas en demanda de un pronunciamiento inmediato sobre el uso de las fuerzas militares por el gobierno de la isla en contra de miembros de la sociedad civil.
“Básicamente, diríamos que los estados tienen la obligación de crear y garantizar contextos propicios a la protección de los derechos humanos”, concluyó la funcionaria.
