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30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, 2022, será en febrero (+Video)

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Bajo el lema Leer es crecer, tendrá lugar del 10 al 20 de febrero de 2022 la 30ª Feria Internacional del Libro de La Habana, que recibirá como país invitado de honor a los Estados Unidos Mexicanos y rendirá homenaje al centenario del natalicio de Carilda Oliver...

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Reino Unido eliminará el uso obligatorio de la mascarilla

Boris Johnson. Foto: El Economista.esEl primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este miércoles en su intervención ante la Cámara de los Comunes que para el 27 de enero las autoridades dejarán de exigir el uso obligatorio de la mascarilla y el pase covid.
Según lo dicho por el premier, esta medida está basada en datos que reflejan que la actual ola de contagios propiciado por la expansión de la variante Ómicron ha llegado a su punto cúspide y debe comenzar a descender el número de casos.
Como parte del nuevo protocolo llamado Plan B, el Gobierno de Reino Unido detalló que muchas de las medidas restrictivas activas dejarán de tener vigencia; por ejemplo ya no se exigirá el teletrabajo a los ciudadanos, así como la mascarilla no será necesario siquiera en espacios cerrados como aulas.
Johnson afirmó que confiará en el criterio de los connacionales y ya no criminalizarán a quienes decidan no usar tapabocas, sin embargo, las autoridades continuarán recomendando el uso de la mascarilla.
Medios locales pormenorizaron que se continuará exigiendo que los pacientes que resulten positivos a pruebas de Covid-19 permanezcan en cuarentena al menos cinco días aunque, el propio primer ministro dijo que la idea es que esta medida deje de existir en algún momento.
Este 19 de enero el Reino Unido informó sobre 108 069 nuevos casos de covid-19 y 359 decesos provocados por causas asociadas a la enfermedad. Vale mencionar que este martes esa nación reportó 438 fallecimientos, la cifra más alta de los últimos 11 meses.
En esa nación ubicada en el continente europeo se ha vacunado totalmente más del 71 por ciento de la población y más del 54,4 por ciento ha recibido una dosis de refuerzo.
(Con información de Telesur)

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Regula el Minsap vacunación contra la fiebre amarilla para quien lo necesita

El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que, atendiendo al incremento en la demanda de vacunación contra la fiebre amarilla por viajeros internacionales, es necesario destinar este inmunógeno a las personas que, por su exposición, tienen un elevado riesgo de contraer la enfermedad, por lo que se ha decidido regular su uso.
Cuba no tiene transmisión de fiebre amarilla desde el año 1904, por lo que no es un país con riesgo de transmisión de esta enfermedad y, en consecuencia, a los viajeros que salen de nuestro país no se les considera «viajeros procedentes de un país de riesgo de transmisión de la fiebre amarilla».
El «Listado de Países. Requisitos y recomendaciones contra la fiebre amarilla y la situación del paludismo. Otros requisitos de vacunación», publicado por la Organización Mundial de la Salud en su sitio web, establece los países que exigen como requisito obligatorio de entrada el Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
En el caso de la República de Nicaragua, el Ministerio de Salud de ese país esclarece que no reporta transmisión de la fiebre amarilla en su territorio ni casos confirmados con esta enfermedad, según el Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, por lo que no exige como requisito obligatorio de entrada el Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
Cuba adquiere esta vacuna a través de la Organización Panamericana de la Salud, para inmunizar personas con elevada exposición al riesgo. (Redacción Nacional)

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¿Qué dice el Código de las Familias en materia de derecho sucesorio?

Prestigiosos juristas que colaboraron en la elaboración del proyecto del Código de las familias, dieron detalles este miércoles en la Mesa Redonda sobre el tratamiento al derecho sucesorio en dicho texto. El intercambio tuvo lugar cuando está próximo a comenzar el venidero mes y hasta abril la consulta popular del proyecto en su versión 24.

El proyecto del Código de las Familias no solo centra su atención en lo que es estrictamente familiar. Por la repercusión que tiene esta institución y las modalidades familiares que existen y se reconocen, esta norma va a irradiar en otras instituciones jurídicas contenidas en otros cuerpos normativos muy afines a dicho Código, apuntó al comenzar su intervención en la Mesa Redonda el presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, Leonardo Pérez Gallardo. 

Recordó que en Cuba tenemos un Código de Familia de 1975 y uno Civil de 1987. “En este último se regula la persona, la propiedad, el contrato y la herencia”. 

Pérez Gallardo señaló que es precisamente la herencia una de las temáticas que está más implicada y conectada con el derecho de las familias. “Uno de los tipos de sucesiones que se da cuando la persona no ha otorgado testamento se basa en los vínculos familiares, sean parentales o conyugales, los cuales generan efectos desde el punto de vista jurídico”. 

Por ello -continuó explicando- para que el Código de las Familias pueda aplicarse es necesario reformar ciertas instituciones del derecho de sucesiones, ya que la reforma al Código Civil no está prevista para esta legislatura, recordó. 

La reforma está contenida en las disposiciones finales del Código. “Se trata de adaptar esas instituciones desde el Código Civil a lo que supone un nuevo Código de las Familias”. 

El profesor puntualizó que el derecho de sucesiones es la parte del derecho civil que se dedica a regular la transmisión por razón de la muerte de las situaciones jurídicas patrimoniales y de otras existenciales. 

“Esta reforma es necesaria porque, por ejemplo, si yo reconozco en el Código de las Familias derechos a favor del sobreviviente de una unión de hecho, el Civil no reconoce al sobreviviente de dicha unión. Por eso es necesario reformarlo”, explicó. 

De igual modo ocurre con los cuidadores familiares, que el Código Civil no prevé desde el punto de vista sucesorio ningún privilegio a su favor, como sí lo hace el Código de las Familias. 

En otras palabras, dijo López Gallardo, “lo que estamos haciendo es una cirugía de mínimo acceso en el Código Civil, hasta que este se reforme en fechas que aún no están precisadas”. 

En un segundo momento del espacio, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Joanna Pereira Pérez, también habló sobre el nexo entre las instituciones familiares y sucesorias. 

“Una de las instituciones sucesorias en la que se introduce un cambio no poco polémico es el tema de la capacidad de testar. ¿Quién puede hacer testamento?”, comenzó explicando. 

“Muchos asocian el testamento con la muerte y el final de la vida, pero el Código de las Familias introduce una edad específica para acceder a la posibilidad de otorgar testamento”. 

Recordó que la edad para realizar actos jurídicos en el Código Civil es de 18 años y “el proyecto de las Familias viene estableciendo que se reduzca esa edad y que la persona pueda realizar un acto jurídico testamentario a los 12 años”. 

“Es una reducción considerable y muy polémica”, reconoció. 

En este sentido, contó que antes de que estuviera vigente nuestro Código de la Familia de 1975, actuaba el Código Civil español que establecía 14 años para la edad de testar. “Es decir, no es una novedad que en materias sucesorias se establezcan edades diferentes para que las personas puedan acceder al acto jurídico testamentario”. 

Pereira Pérez apuntó que ya es tendencia en el mundo la reducción de dicha edad. “Hay muchas investigaciones que han demostrado que entre los 10 y 14 años las personas ya son capaces de comprender emocional y cognitivamente lo que significa la muerte y ello implica que puedan querer prepararse para lo que esto significa”. 

“Hay quien puede decir que una persona de 12 años no tiene muchos bienes, pero en la actualidad el derecho de sucesiones llega mucho más allá. Estamos hablando de que se pueda decidir sobre sus perfiles en redes sociales, cómo considera que se le deben dar tratamiento, o también el tema de los bienes digitales que se encuentran en la web o nube. 

“Esta reducción de la edad -resumió- viene aparejada a tendencias actuales. La sociedad evoluciona a un ritmo vertiginoso y el Código no está pensado solo para el momento actual, sino que es futurista y mira a los jóvenes, que cada día juegan un papel más importante en la sociedad”. 

La vicedecana también acotó que se ha reducido esta edad en correspondencia con un principio de la Convención Internacional de los Derechos del Niño relacionado con la autonomía progresiva, “es decir, que ellos cada día puedan decidir más sobre las cuestiones relacionadas consigo mismo y con su entorno”, añadió.

Por su parte, el doctor Leonardo Pérez recordó que el Código de las Familias dedica el título II a la discriminacion y a la violencia familiar. “Esto responde al reconocimiento de la violencia como una flagelo y las consecuencia que produce en el ámbito intrafamiliar y también queda recogido en la Constitución de la República”.

La violencia intrafamiliar-dijo- no solo va a tener efectos jurídicos esencialmente privativos de derechos en las instituciones familiares, sino también en las sucesorias. 

“La mayoría de los actos de conducta violatorios que se incorporan y se describen como causas cercernatorias del derecho hereditario -causas de incapacidad para suceder- van a estar vinculadas a la violencia de género, física, psicológica, contra los adultos mayores, contra las personas discapacitadas”, explicó.

Por ejemplo, en el caso que una persona haya abandonado en el orden afectivo a su padre, si el resto de los hermanos promueven un proceso ante los tribunales demostrando que no había un vínculo afectivo o había un despojo emocional, pudiera tener éxito una acción que le privara el derecho a la herencia. 

El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia expuso otro ejemplo: si un hijo le niega la comunicación de los abuelos con el nieto, sin una causa que lo justifique, se puede privar del derecho a la herencia.

¿Qué se quiere con esta parte del Código? “Las actitudes que puedan ser constitutivas de actos de violencia intrafamiliar, en cualquiera de sus manifestaciones, no queden en solo en campo del derecho de las familias, sino que transgreda al campo del derecho de sucesiones. Así se blinda la protección a las familias y la coherencia y visión de sistema del ordenamiento jurídico”, indicó.

Pérez Gallardo informó que desde el punto de vista estadístico hay muchas más personas que mueren sin hacer testamento, aunque dijo “Cuba es un país con una cultura testamentaria”

En materia sucesoria -agregó- se prevé siempre el perdón y la rehabilitación. “Si el testamento se otorga con posterioridad al acto constitutivo del hecho de violencia, se puede entender que si se ha realizado un testamento o no se ha revocado uno existente entonces lo ha perdonado expresa o tácitamente.”

Ante la pregunta, ¿pueden los hermanos impugnar un testamento de un padre? El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que si es posible, pero otra cosa es que tenga éxito el recurso. En su experiencia como notario, dijo que los testamentos son los actos que más suelen ser impugnados.

Por su parte, la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana al referirse a las novedades del derecho de sucesiones que recoge el Código es la amplitud y visibilidad dada a contenidos no patrimoniales del testamento.

Joanna Pereira Pérez recordó que el Código Civil existente es patrimonialista. “Existen posibilidades dentro de las instituciones familiares que si no tenían un correlato en el ámbito sucesorio quedaban en la virtualidad”.

Por ejemplo, establece la posibilidad que los padres decidan como parte del contenido del testamento quienes desean que sean los tutores de los hijos ante su fallecimiento, ya sea, porque tienen una edad avanzada, o una enfermedad. 

También relacionado con los hijos menores de edad -mencionó- el tema de la administración de los bienes. “Pueden decidir quienes desean que administre los bienes de sus hijos menores, ante el fallecimiento de los padres”.

Otra cuestión interesante es el tema de los hijos ultrapóstumos y la disposición sobre el material genético. Pereira Pérez explicó que puede existir el material genético, pero si no existe la manifestación de voluntad de que será su hijo, ya sea, porque esté nacido o por nacer.

El Código establece que “todas las personas menores de edad, con 12 años cumplidos, pueden otorgar válidamente testamento o cualquier acto de autoprotección”. De acuerdo con la vicedecana, esto quiere decir que los menores pueden alegar que no están conformes con la persona que sus padres han designado para ser su tutor.

“Esto constituirá un reto para los jueces, porque tendrán que decidir entre dos manifestaciones de voluntad. Igualmente los jueces intervendrán en el caso que los padres estén divorciados y cada uno teste a nombre de un tutor diferente para que sea el tutor de su hijo”, añadió.

El presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia dijo que el Código amplía el espectro de sujetos obligados a brindar atención. “Como el Código Civil vigente reconoce el derecho de los sobrinos a heredar de los tíos, por un principio de reciprocidad los tíos pueden heredar a los sobrinos”.

“Los parientes socioafectivos tendrán los mismos efectos jurídicos tendrán los mismos derechos  que el afecto consanguíneo”, indicó. Asimismo agregó que cómo el Código está hablando de la familia multiparental, se debe regular una sucesión de este mismo tipo. 

En video, Mesa Redonda

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Violencia contra menores: Oprobios del mundo real

Desde 2013, sin embargo, unos 15 000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Gráfica: El InvasorAunque con un año de atraso, los datos del informe nacional sobre trata de personas 2020 nos pone delante retos mayúsculos en cuanto a protección de menores y mujeres, 2020 confirmó lo que dijimos aquí tan pronto como en abril de ese año: la pandemia de COVID-19 exacerbaría esa otra pandemia, a veces silenciosa e invisible, de la violencia en el ámbito doméstico, particularmente contra mujeres y niñas. El Informe Nacional sobre trata de personas 2020, publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, lo corrobora, y yo he sentido náuseas leyendo.
Un asco profundo de ver en números los miedos inconfesados de muchos, esos miedos que, como madres y padres responsables tratamos de domesticar mientras crecen los hijos. El temor a que sean vulnerados en su integridad física y emocional; el pavor a que sufran en carne propia los oprobios del mundo real.
La relatoría que el Minrex publica como resumen ejecutivo del cumplimiento del Plan de Acción Nacional para la prevención y enfrentamiento de la trata de personas y la protección a las víctimas, da cuenta de 2 145 menores víctimas de presuntos hechos de abuso sexual durante 2020, cifra superior al promedio anual de los últimos siete años.
Desde 2013, sin embargo, unos 15 000 niños, niñas y adolescentes han sido abusados en Cuba, atendiendo a los datos contenidos en estos informes. Pero podemos intuir que no son todos; lamentablemente, todavía hechos de tal naturaleza son ocultados por una mezcla de circunstancias que van desde las amenazas, el efecto de la revictimización, el ajusticiamiento por cuenta propia o el silencio cómplice de la más profunda vileza.
De acuerdo al Anuario Estadístico de Salud, edición de 2020, entre 2019 y 2020 fallecieron en Cuba 44 niños, niñas y adolescentes (con edades comprendidas entre 5 y 18 años), por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidio). No se puede establecer una relación directa con hechos de violencia, pero los investigadores identifican el maltrato infantil intrafamiliar (incluida la violencia sexual) como “el principal factor desencadenante”. Recomendamos la lectura de este artículo.
En 2020, específicamente, incluso con un curso escolar acortado por el impacto de la epidemia de COVID-19, el sistema diario de información de incidencias del Ministerio de Educación reportó 20 hechos. De ellos, se identificaron ocho abusos lascivos, un caso de acoso sexual y una violación. Siempre insistimos en que no se puede juzgar a la red escolar por lo sucedido en una escuela, mas sí creemos que la alerta es válida para todas, por cuanto no se puede ceder un ápice en ese preciado bien que es la seguridad.
Según refiere el informe, durante el primer trimestre del año 2020, el Ministerio del Interior identificó y trabajó en cuatro casos vinculados a la contratación irregular de artistas con destino a Turquía y China, y logró evitar la salida de dos grupos, por presentar características asociadas a la trata de personas.
En todos los casos, se había usado las redes sociales como Facebook y WhatsApp para “la promoción de los contratos, la captación de los interesados y la concertación de trámites a países donde los delincuentes disponen de un esquema de aseguramiento y logística, que incluyen la contratación de choferes y servicio de seguridad personal, medios de transporte, así como viviendas o apartamentos donde concentran los viajeros”.
Reconforta un poco que, de los 10 hechos relacionados con la prostitución detectados en instalaciones hoteleras, ninguno involucrara a un menor. Pero solo un poco, porque el proxenetismo y la explotación sexual no han sido erradicados y, como peligrosos virus, mutan de escenario, modos de obrar y hasta de fisonomía.
Lo reafirman otros datos incluidos en el informe. Del total de las causas radicadas por los delitos de proxenetismo y trata de personas y por el de corrupción de menores en el Tribunal Supremo Popular, se observaron rasgos típicos de trata de personas en nueve causas de proxenetismo y seis causas de corrupción de menores, para un total de 15. Las 18 víctimas identificadas eran féminas, 10 niñas y ocho mujeres. Confirmación de que el género es una variable definitoria en el ejercicio de la violencia.
Uno de esos casos de corrupción de menores se juzgó en Ciego de Ávila e involucró a un hombre que inició una relación “amorosa” con una menor de edad de 14 años. La llevó a vivir a su casa y, como la niña se negó a prostituirse, la golpeó, la mantuvo encerrada y propició reiteradas violaciones, por las cuales cobró entre 20.00 y 80.0 CUC. Esta situación se mantuvo por dos años.
Hay tantas preguntas gravitando en torno a estos hechos; tantos cuestionamientos a instituciones como la familia, la comunidad, la escuela, el orden interior; tantos reproches. Pero antes, durante y después, lo más importante es la integridad de las víctimas y la lección que como sociedad saquemos: la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es intolerable.
Así lo propone el proyecto de Código de las Familias que en febrero se someterá a consulta popular. Otro argumento para debatirlo, mejorarlo y refrendarlo.
(Tomado de El Invasor)

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Alina Herrera Fuentes: “La violencia es un asunto de leyes y condiciones estructurales”.

Alina Herrera es feminista y activista antirracista
Foto: Tomada de directorioafrocubanas.com

IPS:  Unos más que otros, la mayoría, si no todos, los países de América Latina y el caribe han legislado sobre violencia de género. ¿Qué impacto han tenido las leyes sobre este problema que según fuentes especializadas disminuye poco y se ha agudizado bajo la pandemia de covid-19?
Alina Herrera (AH):  Las leyes no tienen efectos solamente jurídicos, también consiguen impactos en el área social y en la política. Y esas han sido las consecuencias más visibles de las leyes que se han promulgado en torno a la violencia de género en la región: han demostrado la capacidad movilizadora y política de las mujeres organizadas (también de otros colectivos como los LGBTIQ+), se ha colocado el problema en la arena de las instituciones y los gobiernos, ha proliferado y se ha expandido la discusión ciudadana respecto a este flagelo, aunque no sea en formas homogéneas, al contrario, la complejidad del tema y las múltiples dimensiones que la hacen posible cada vez son más señaladas y debatidas.
La violencia de género ha trascendido el espacio académico y los sectores netamente feministas o de mujeres, y las leyes han sido un resultado de esta lucha y a la vez un punto de partida para pensar e implementar la transformación societal en base al género.
La promulgación de normativas contra la violencia de género (en su amplia gama) también ha servido como un termómetro de procesos democratizadores, mediante los cuales se ha constatado el trabajo en conjunto o consultivo entre las instituciones y una gran diversidad de organizaciones y colectivos feministas, de mujeres y personas LGBTIQ+ en algunos países como pueden ser Argentina, Bolivia, México o Ecuador que, aunque no han sido procesos lineales, sí han contado con la participación de algunos sectores de la sociedad civil en algunas de sus fases; mientras en otros países, como puede citarse a Cuba, el trabajo de las instituciones resulta más hermético y la implementación por tanto, más vertical.
Ciertamente, con la pandemia y el aumento de casos de violencia basada en género se confirmó aún más que, si bien las leyes son imprescindibles para consolidar las políticas y estrategias de un país que trabaja por erradicar la violencia basada en género, no son las únicas herramientas capaces de cerrar brechas de desigualdad y de disminuir índices de violencia.
IPS: ¿Considera que estas leyes son suficientes o no? ¿Por qué?
AH: En América Latina y el Caribe hay países con un abanico importante de instrumentos jurídicos que pretenden eliminar la violencia de género o darle un tratamiento especializado. Podemos citar a Brasil, México, Argentina, sin embargo, los índices de violencia por razones de género no disminuyen a corto plazo como es lo deseable. En efecto, para que las leyes tengan esa eficacia transformadora es preciso trabajar las desigualdades reales, económicas, laborales y sociales de las mujeres y personas lgbtiq+, y también trabajar respecto al desmontaje de estereotipos e imaginarios culturales, identitarios, que resultan ser dispositivos de control sobre los cuerpos de las mujeres y cuerpos no hegemónicos.
Entonces, para corregir estas injusticias y desigualdades económicas y culturales es importante hablar de los sistemas sobre los cuales están montados nuestras sociedades. En contextos donde la precarización de la vida se agudiza, donde la cosificación y la mercantilización de las personas aumenta, donde el Estado le ‘delega’ o le ‘cede’ cada vez más espacios y responsabilidades al sector privado, a las corporaciones y a las ONG, entonces las leyes y cualquier instrumento normativo se convierten en letra muerta, o solamente válida para aquellos sectores sociales privilegiados según su clase social, su pertenencia racial, lugar de residencia, origen étnico/territorial y demás.
En ello juegan un papel trascendental las lógicas del capitalismo neoliberal en nuestra región (varixs especialistas le han nombrado capitalismo tardío o capitalismo de financiarización), la oenegeización del feminismo, incluso el crimen organizado, el narcotráfico y las llamadas ‘guerras contra las drogas’. ¿Cómo pueden beneficiarse de estas leyes las mujeres asentadas en territorios fronterizos, o donde gobierne más el crimen organizado que el propio Estado, o las mujeres migrantes?
Otra dolencia en común entre países de la región es la desfinanciarización por parte de los gobiernos de los llamados Mecanismos de Adelanto para las Mujeres (MAM), que no son más que las instituciones encargadas de desarrollar las agendas de género de los países (para decirlo muy sintéticamente). No se destina todo el presupuesto necesario para el trabajo contra las violencias por razones de género y las desigualdades, al contrario, en muchos países se disminuye el financiamiento del Estado y las instituciones se vuelven dependientes de las ONG, las que a su vez responden a otros intereses. Lo anterior se vincula también a la jerarquía institucional: algunos MAM son Institutos (México), otros son Ministerios (Argentina) que sería la jerarquía más alta y, por tanto, se le deben destinar mayores presupuestos. Sin embargo, quedan países en los que el MAM no es instituto ni ministerio (Cuba), y aunque parezca un tema de menor importancia no lo es porque la investidura institucional es decisiva a la hora de tomar decisiones, de promulgar leyes, de gestionar financiamiento y en temas también de autonomía.
Por otra parte, existen otros países con pocas normativas como Puerto Rico y Haití, donde es más difícil aún trabajar respecto a situaciones de desigualdad y violencia por razones de género. Para el caso de Cuba, donde también son muy escasos los instrumentos jurídicos con estos fines o bien se encuentran en las primeras fases de divulgación e implementación, la situación se vuelve particular porque, aun cuando en el país no tengan lugar fenómenos como los anteriormente descritos, Cuba se encuentra atrapada en lógicas de endeudamiento, persecución financiera y económica, y pobreza que repercuten con mayor gravedad sobre el cuerpo de las mujeres y otras identidades no hegemónicas. La crisis que actualmente vive Cuba sí la coloca en mayores índices de precarización de la vida y esto sin duda alguna se traduce también en un aumento de las violencias basadas en género.
También para el caso cubano se constata la emergencia de un sector privado que tiende a su ampliación y fortalecimiento, y a su vez un incipiente desplazamiento de obligaciones estatales e institucionales también hacia la esfera privada. Son dinámicas que atentan contra la erradicación de la violencia basada en género, precisamente porque son cuestiones estructurales que en otros países han demostrado el porqué de las limitaciones en la eficacia de leyes contra la violencia de género.
IPS: Dicho de otro modo: ¿Estamos ante un asunto de leyes o más bien de condiciones que propician la violencia de género, las agresiones y acoso sexual, etc.?
AH: Ambas. Es un asunto de leyes y, además, de condiciones estructurales, históricas, institucionales y sistémicas que propician la violencia de género. (2022)

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