HAVANA CLIMA

Régimen cubano retira credenciales a periodistas de EFE antes del 15N

El régimen cubano retiró este 13 de noviembre las acreditaciones de prensa a los periodistas de la Agencia Efe, a solo dos días de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por el grupo Archipiélago.

Según declaró Efe en una nota, es la primera vez que Cuba toma esta decisión con el personal de la agencia y “no hay constancia de que esta medida haya sido adoptada en otra ocasión con una...

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Artículos Relacionados

Posponen Feria del Libro de La Habana

MADRID, España.- La tradicional Feria Internacional del Libro de La Habana (FIL), que se celebra cada año en febrero, ha sido aplazada para abril próximo, debido a la pandemia de la COVID-19.
“El Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT), a propuesta del Instituto Cubano del Libro, ha adoptado la decisión de posponer para el mes de abril la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana”, debido a la “situación epidemiológica que enfrenta la región, de donde procede la mayor cantidad de visitantes a esta cita cultural cada año”, explicó la entidad organizadora a través de un comunicado.

Según señaló el MINCULT, se tuvo en cuenta que este evento “es el de mayor convocatoria popular de los que realizan las instituciones de la cultura en Cuba”.
Los detalles sobre el nuevo calendario se darán a conocer próximamente por el Instituto Cubano del Libro.
Este año la Feria, que estaba programada del 10 al 20 de febrero, tiene a México como País Invitado de Honor y conmemorará el centenario del natalicio de Carilda Oliver y Jesús Orta Ruiz; y los 140 años de la publicación del poemario Ismaelillo, de José Martí.

El encuentro cultural se celebra en Cuba desde 1982 en la fortaleza San Carlos de La Cabaña. 
Esta sede habitual podría desplazarse a partir del 2022 a otras locaciones del casco histórico, por intenciones del Grupo de Turismo Gaviota, que exigiría el pago de los espacios de exposición a participante nacionales y extranjeros. 
Aún por definir, los nuevos posibles lugares de acogida podrían ser los almacenes San José, ubicados en la Avenida del Puerto, el antiguo Convento de San Francisco o el Palacio del Segundo Cabo. 
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Ingresos de cubanos a Uruguay hacen colapsar sistema de atención a migrantes

El sistema de atención a migrantes en la provincia uruguaya de Rivera colapsó en los últimos 20 días debido al ingreso masivo de cubanos, informó este 24 de enero el diario local El País.Los cubanos entran por la frontera con Brasil solicitando refugio a la Dirección de Migración y se les realiza un test de Covid-19, pero a consecuencia de las demoras muchos debían permanecer en el centro de contingencia hasta tener el resultado. A ello se sumó que varios resultaron positivos y debían cumplir allí una cuarentena.
“Se generó un cuello de botella y tuvimos que cambiar el protocolo porque se saturó el sistema”, declaró a El País el director General de Promoción y Acción Social de la Intendencia de Rivera, Giovani Conti.
El centro de contingencia fue instalado gracias a unas carpas donadas por la Embajada de Estados Unidos que cuentan con aire acondicionado y tienen capacidad para 35 o 40 personas. Mientras están allí, es preciso brindarles asistencia, lo cual incluye tres comidas diarias y artículos de higiene personal.
Los costos son asumidos por la Intendencia de Rivera desde hace dos años. “Nosotros vamos a estar dando este apoyo hasta el 31 de enero y entonces lo pasamos a Relaciones Exteriores. Estamos buscando financiamiento porque venimos con la billetera agujereada”, señaló Conti.
En los primeros 20 días de enero, ingresaron 538 cubanos a Uruguay y salieron 268, según números provenientes de la Dirección de Migraciones a los que tuvo acceso El País. Por Rivera entraron 135 pidiendo refugio y se marcharon solamente dos. En el 2021 habían llegado 450.
La ley 18076 de refugiados establece que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional” y será reconocido como refugiado cuando haya sido perseguido por motivos de raza, religión o nacionalidad, o en caso de que su vida o libertad fueran amenazadas.
“Tenemos conciencia [de] que no son refugiados, son personas que les indican que pidiendo refugio tienen acceso a eso [comida, hospedaje y atención médica]”, dijo Conti sobre los cubanos que llegan.
Aseguró que son personas que quisieron salir “por su propia voluntad” y buscando en la mayoría de los casos mejoras económicas. “No hay una persecución política, no encajan en el tradicional concepto de refugiado”, aseguró.

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Un Código de las Familias enaltecedor de nuestra Constitución (I parte) (+ Video)

La aprobación de un Código de las Familias en Cuba se convierte en una necesidad sentida y soñada por muchos. Lograr el justo equilibrio entre el proyecto de vida de cada persona a partir de su autonomía y el libre desarrollo de la personalidad y el proyecto de vida familiar en común, es uno de los cometidos que ha emprendido el nuevo Código de las Familias de Cuba que –en fase aún de construcción– en breve será sometido a consulta popular en todo el país.
Se trata de lograr normas concebidas con un profundo sentido ético y con vocación de pluralidad, desde perfiles cada vez más inclusivos. Para ello se ha hecho necesario, entonces, erigir un Código desde los afectos, sobre la base del respeto a la diferencia y la visibilización de los sectores más vulnerables en el orden familiar.
No hay duda de que el Derecho de las familias se debe proponer garantizar los derechos a todas las personas, cualquiera sea la estructura o forma de organización por la que han apostado en su afán de formar una familia, de modo que sean preservados valores como el respeto mutuo, la lealtad, la solidaridad, la asistencia recíproca, así como el afecto entre sus miembros para que no deje de ser la familia una entidad moral, reconocida eso sí, de naturaleza plural, que posee un único objetivo: hacer felices a aquellos que la componen.
Se trata de diseñar un cuerpo normativo a la medida de la sociedad cubana de estos tiempos. Una norma que refleje el atlas de la geografía sociofamiliar de Cuba, en la que se incluyan los derechos de todos los actores familiares. El proyecto busca reconocer derechos a los sectores vulnerables de la sociedad, que muchas veces han pasado inadvertidos a los ojos del legislador. Así, las niñas, los niños y los adolescentes, reflejados en las normas como lo que son: sujetos de derecho, con posibilidad de su ejercicio, ya sea por sí mismos o a través de sus padres, madres y tutores, pero en todo caso, sobre la base del respeto a su autonomía progresiva, en tanto son personas en formación.
Con la autonomía progresiva se busca potenciar la toma de decisiones, la asunción de responsabilidades y el ejercicio de derechos en la medida en que puedan formarse un juicio propio. De este modo, a la vez que sus competencias son mayores, irá disminuyendo la necesidad de ser representados por sus padres y madres. No se trata de innovar, sino de recepcionar en el Derecho cubano los principios ya reconocidos –y aplicados por décadas por los tribunales del país–, de la Convención internacional sobre los derechos del niño.
En la medida en que evolucionan sus facultades intelectuales y su madurez sicológica, va mermando el protagonismo de padres, madres y tutores en la vida de estos, no por imposición del Derecho, sino como consecuencia del propio decursar de la vida. Ello, unido a la escucha de su parecer, como criterio a tener en cuenta, si bien no con valor decisorio por las autoridades que conozcan asuntos, donde se involucren intereses que les son propios. Será el interés superior de estos, la brújula que oriente tales decisiones.
Pero de la misma manera que el proyecto mira hacia el horizonte, pensando en las niñas, los niños y los adolescentes como aquellos que construirán la sociedad cubana del futuro, tal mirada debe proyectarse también hacia aquellos que un día edificaron la sociedad que hoy vivimos, hacia los que forjaron las familias en las que hoy nos refugiamos.
Una sociedad que envejece debe rendir tributo y respeto –desde el Derecho– a las canas. Reconocer los derechos de las personas adultas mayores, de los abuelos y abuelas, de quienes han transmitido valores, tradiciones, costumbres, han forjado la identidad familiar y han sido artífices de la labor de cuidado de las generaciones más jóvenes, es expresión de altos valores, de lealtad, de respeto a quienes nos han precedido. Se trata de una deuda que el Derecho familiar tiene hacia ellos. Reconocer derechos que potencien su autonomía, su poder de decisión, su inclusión familiar y social, su esparcimiento, la necesaria comunicación familiar, es una conquista de la nueva norma que ha de ser apoyada.
Tampoco puede perderse de vista que la sociedad cubana es una sociedad envejecida, lo cual supone no solo el aumento exponencial de personas adultas mayores, sino también de la labor de cuidado y con ello del número de personas cuidadoras. Si bien la necesidad de cuidados no es un fenómeno nuevo en cuanto siempre han existido personas requirentes de ellos, la convergencia de diferentes factores como son, entre otros, el envejecimiento demográfico, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar, han propiciado que se convierta en un fenómeno que necesita respuestas urgentes, entre otros ámbitos, desde el jurídico. La persona en situación de cuidado requiere recibir una asistencia por parte de otros durante un periodo prolongado. No puede perderse de vista que las enfermedades crónicas y las discapacidades pueden ir acompañadas de limitaciones funcionales y cognitivas que resultan en la imposibilidad de realizar, o dificultades para realizar las actividades de la vida diaria, necesarias para el cuidado personal, o las actividades instrumentales de la vida diaria, requeridas para una vida independiente.
Reconocer los derechos de los cuidadores familiares también es una misión ingente del legislador. Se trata de lograr un equilibrio; por un lado, el derecho que tiene toda persona al cuidado y, por el otro, el de quien, renunciando a sus potencialidades, realiza una labor de entrega en la atención de sus familiares, dejando atrás los sueños que acarició para sí. Compete, entonces, al Derecho ofrecer garantías a los cuidadores en el desempeño de su noble misión.
PROTEGER A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
No menos trascendente es la visibilización de los derechos de las personas en situación de discapacidad, otra deuda pendiente del Derecho cubano frente a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. El proyecto de Código de las Familias realiza el giro más importante desde el Derecho de nuestra nación en razón de proteger a este sector vulnerable de la sociedad. Con ello se pretende reformar todo el régimen legal de la capacidad jurídica, regulado en el Código Civil; suprimir la tutela y la declaración judicial de incapacitación, para facilitar que las personas en situación de discapacidad puedan otorgar actos jurídicos por sí mismas o con la ayuda o asistencia de un sistema múltiple de apoyos, es decir, de personas que faciliten su inclusión social, que viabilicen su comunicación y que potencien su accesibilidad física y cognoscitiva. Se busca que las personas con discapacidad cuenten en las dinámicas familiares, nada de ellas o sobre ellas, sin su participación efectiva. En un proyecto normativo como el que la sociedad en muy poco tiempo discutirá desde sus barrios, la violencia contra las personas más vulnerables en el entorno familiar, en sus más diversas manifestaciones, también requiere de la mirada del legislador.
Si bien Cuba no es de los países que exhibe las estadísticas más alarmantes, los estudios desde las ciencias sociales reflejan la necesidad de políticas públicas encaminadas a correctivos, que tiendan a paliar esta situación y evitar que se convierta en un problema endémico, difícil de manejar. El Derecho, en su función educativa, tiene el deber de propiciar herramientas que combatan estas manifestaciones, sobre todo las más invisibilizadas o silentes, que producen tanto daño como la violencia física, más notoria, social y políticamente. El reconocimiento constitucional de su existencia en la sociedad cubana y el mandato que tiene la sociedad y el Estado de intervenir y condenar tales conductas o comportamientos, ha supuesto un viraje significativo del Derecho cubano ante este fenómeno. La protección en el orden judicial que ofrece el nuevo Código de procesos y la transversalidad de su tratamiento en el proyecto de Código de las Familias, con consecuencias jurídicas precisas para el agresor o maltratador, que le conlleva a la cercenación de derechos en el orden jurídico-familiar de la más diversa índole, personal y patrimonial, constituyen un revelador avance que sitúa al Derecho cubano a tono con los ordenamientos jurídicos del continente, los que han dictado normas específicas para reprimir las conductas constitutivas de maltrato o violencia.
Aún en este orden nos queda camino por recorrer. Vale destacar la proyectada reforma del Código Civil, que también reacciona ante este azote pandémico que la violencia familiar representa, ampliando considerablemente las causales de incapacidad para suceder, dirigidas a condena aquellas conductas reprochables, que constituyen una ofensa directa o indirecta al causante de la sucesión, de manera tal que el Derecho, en respuesta al buen orden, a la moral y a la solidaridad familiar, inhabilita o excluye de la sucesión a quien ha quebrantado los más altos valores, principios y reglas de conducta y de comportamiento familiar y social.

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De los presupuestos legales de la Ley del Proceso Penal Militar

La publicación realizada en esta misma columna en fecha 26 de octubre del 2021, adelanta el camino para estas reflexiones sobre la recientemente promulgada Ley del Proceso Penal Militar, aprobada en el VIII período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, toda vez que las leyes procesales, tanto ordinaria como militar, tienen como objetivo esencial el resguardo y respeto a los derechos y a las garantías de quienes intervienen en un proceso penal. En tal sentido, el presente trabajo se dedica a reflexionar acerca de algunos presupuestos propios de esta normativa y otros abordados anteriormente.
La Ley procesal penal militar es una disposición normativa de carácter especial, que regula esencialmente el tratamiento que se ofrece a los hechos delictivos cometidos por militares ya sean de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, a los civiles que participen junto a estos o que, no obstante, su condición de civiles cometan los hechos en zonas militares previamente establecidas y los militares que haya causado baja del servicio militar activo, si al momento de su realización ostentaban tal condición.
La finalidad del proceso penal militar es contribuir al fortalecimiento de la legalidad socialista; a prevenir y erradicar los delitos y a la educación de sus sujetos, en el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, las leyes, los reglamentos, las órdenes de los jefes y demás disposiciones jurídicas relativas al cumplimiento de las misiones militares, la seguridad y la defensa nacional 
Como conocemos, la Constitución del 2019 aprobó un catálogo de derechos y garantías que van desde la fundamentación de la tutela judicial efectiva hasta el debido proceso y estas se encuentran presentes en la Ley procesal penal militar. No obstante, en su artículo primero se establece que “son aplicables con carácter supletorio de esta ley, las disposiciones contenidas en los reglamentos, órdenes de los jefes y demás disposiciones, así como en la legislación procesal penal común, siempre que no se opongan a lo dispuesto”, con ello se refuerza esa vocación garantista y de seguridad jurídica que ha caracterizado en sentido general a la reforma procesal desarrollada en el país.
Siguiendo esta línea garantista, en el proceso pueden ser anulados todos los actos procesales que se ejecuten vulnerando las garantías consagradas en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales que rigen para Cuba; así́ como, aquellos que se ejecuten con inobservancia de las formalidades legales y con ello ocasionen perjuicios a los intervinientes.
El proceso penal militar, como conjunto de actos que se ejecutan para la investigación de una denuncia o noticia sobre la comisión de un presunto hecho delictivo, tiene como propósito determinar la verdad material y la responsabilidad de los participantes; la aplicación y ejecución de las sanciones y medidas terapéuticas y de refuerzo que procedan y otras soluciones basadas en la disposición de la acción penal y acuerdos entre las partes en los casos autorizados por la ley. Estas últimas se refieren específicamente a la aplicación del principio de oportunidad y los acuerdos se pueden realizar con las víctimas o perjudicados para satisfacer la responsabilidad civil derivada del delito. 
¿Quiénes son autoridad actuante en este proceso?: el instructor penal, el fiscal militar y el tribunal militar. Aquí existe una diferencia sustantiva con el proceso ordinario, toda vez que, a diferencia de aquel donde el instructor es el sujeto procesal que investiga por excelencia y el fiscal el que controla, en el proceso penal militar la investigación está a cargo del fiscal militar.  Por su parte, corresponde a los tribunales militares el juzgamiento y determinación de la responsabilidad penal y civil cuando esta última corresponda, así como de las medidas de seguridad. 
Hagamos énfasis en este comentario en los derechos que tienen los imputados o acusados en el proceso penal militar y que se plasman en la ley en correspondencia con los postulados constitucionales, ellos son: 

recibir durante todo el proceso un trato humano y digno; 
comunicarse con inmediatez y recibir visitas de sus familiares o personas allegadas, en caso de permanecer detenido; si es extranjero, disponer del derecho a la atención consular; 
ser representado por uno o más defensores de su elección o por uno de oficio si está detenido, sujeto a medida cautelar de prisión provisional o preso por otra causa, si lo reclama y no designa ninguno; o el proceso se encuentra en fase judicial, o a defenderse por sí mismo, en caso de estar inscripto en el Registro General de Juristas, sin inhabilitaciones; 
comunicarse privadamente con su defensor en cualquier etapa del proceso, cuantas veces así́ lo solicite;
no declarar contra sí́ mismo, su cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y socio-afectivos judicialmente declarados; así como abstenerse de declarar o hacerlo cuantas veces considere que sea conveniente a sus intereses; 
 ser asistido por un traductor o intérprete cuando no hable o entienda el idioma español, sea sordomudo o cuando por su situación de discapacidad lo requiera; 
aportar los medios de prueba pertinentes y solicitar la exclusión de aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido; 
acceder a las actuaciones asistido de su defensor o por sí mismo, a partir de que la autoridad facultada lo instruya de cargos; salvo que se haya dispuesto resolución en contrario, por razones de seguridad nacional; 
participar en las acciones y diligencias que prevé esta ley; 
 recurrir las resoluciones que se adopten en las diferentes etapas del proceso que considere lesivas de sus derechos.

Es preciso señalar que, de forma similar a lo previsto en la Ley ordinaria, si el imputado o acusado es persona menor de dieciocho años de edad, en función de resguardar la especial protección que estos deben tener con vistas a su progresión social, además de los derechos antes enunciados, se les reconocen los siguientes: 

Ser asistido por uno o más defensores de su elección o por uno de oficio, según el caso, desde el momento en que resulte detenido (recordar que para el resto de los imputados el derecho a tener defensor es desde el inicio del proceso, que coincide con la instructiva de cargo), o instruido de cargos, cuando se encuentre en libertad; 
contar, en las diligencias de investigación en las que participe, con la presencia de su defensor, del fiscal militar y, si así lo considera, de uno o de ambos padres, o de su representante; 
asistir al juicio oral acompañado de sus padres o de su representante; 
solicitar que el juicio se celebre a puertas cerradas. 

Es tradición del proceso penal militar cubano ofrecer una especial protección a las víctimas o perjudicados, lo que se refuerza en esta normativa precisando que, si estas manifiestan su voluntad, pueden constituir también parte del proceso, contribuyendo con la fiscalía en la investigación penal y se consideran como tales a: 

La persona directamente afectada por el delito; 
el cónyuge, pareja de hecho, y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en los casos en que el afectado haya fallecido, sea una persona con discapacidad mental invalidante o persona menor de edad; 
el heredero y los causahabientes, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del causante; 
los socios, accionistas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; 
los representantes de una persona jurídica, respecto a los delitos que la afecten; 
las asociaciones, fundaciones y otros entes, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses y se hayan constituido con anterioridad a la perpetración del delito; 

En las llamadas diligencias de instrucción de intervención corporal (por ejemplo extracción de fluidos o la toma de olores del cuerpo) si alguno de los participantes no presta su consentimiento, por considerar que afectan sus derechos y garantías esenciales, no podrán llevarse a cabo sin la previa autorización del fiscal militar, el que valorará si es posible la práctica de otra diligencia menos gravosa y que la afectación de los derechos no es superior  al beneficio que se obtenga con su adopción. Si, no obstante la autorización del fiscal militar la persona sigue considerando su negativa, entonces se puede practicar siempre que  se garantice su autenticidad, no implique engaño para la persona, ni riesgo para su salud.  En estos casos es obligatoria la presencia de un defensor. 
Una de las instituciones procesales de mayor trascedencia es la relacionada con las medidas cautelares. Estas están destinadas a asegurar la presencia de los imputados en el proceso, evitar la continuidad de la conducta delictiva, preservar los bienes y garantizar la ejecución de las decisiones jurisdiccionales. La principal novedad en esta finalidad es la incorporación de medidas tendentes a “proteger a la víctima, especialmente cuando se trate de violencia de genéro familiar”
En tal sentido, a las ya clásicas medidas cautelares de prisión provisional, fianza en efectivo, fianza moral, vigilancia por el mando militar, obligación contraída en acta, reclusión domiciliaria y prohibición de salida del territorio nacional, se introducen las siguientes: “prohibición de acercamiento a la víctima, perjudicado, familiares o personas allegadas, y la designación provisional de representante o apoyo para personas menores de edad o personas con discapacidad, asignación de la guarda provisional de las personas menores de edad a favor de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva y establecimiento de disposiciones provisionales referidas a la comunicación con los menores de edad, a favor de uno de los padres, abuelos, parientes o allegados con quienes se acredite tener una sólida relación afectiva”, lo que constituye muestra de esa vocación protectoras de las personas en estado de vulnerabilidad a la que llama la Constitución. 
La aplicación de los criterios de oportunidad, como posibilidad de solución del conflicto penal sin necesidad de juzgamiento y que obedecen a razones de política criminal para descongestionar el sistema de justicia penal, no son novedad en esta ley, pues desde la anterior se contaba con la institución del sobreseimiento condicionado, que significa no realizar la acusación por parte del fiscal y someter a un período de prueba al imputado y, de cumplir éste con todos los requisitos, se extingue su responsabilidad penal.
La ley militar incluye también como salidas alternativas al proceso penal, el denominado tratamiento disciplinario, consistente en la facultad que se otorga al fiscal militar para que, ante determinados hechos, en lugar de remitir las actuaciones al tribunal, pueda disponer la exigencia de responsabilidad disciplinaria por la penal directamente o a través del Tribunal de Honor Militar. 
Otro supuesto de salida alternativa es la aplicable en aquellos delitos en los que se decida la utilización de un criterio de oportunidad y el fiscal militar puede imponer al imputado una multa penal administrativa, como alternativa al juzgamiento. 
En todos estos casos es necesaria la conformidad del imputado, escuchar el parecer de la víctima o perjudicado, y el resarcimiento del daño o perjuicio ocasionado o que se logre un acuerdo reparatorio. Es así que en cualquier etapa del proceso se procura el diálogo y la comunicación entre las partes para la reparación del daño y la solución del conflicto, lo que es muy importante, porque los ciudadanos debemos cultivar una cultura de paz y entendimiento que permita la solución armónica y sosegada de una disputa legal.
Sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicación en todas las fases del proceso y las denominadas técnicas especiales de investigación criminal son válidas también las decisiones adoptadas en la ley procesal ordinaria.
Al terminar todas las investigaciones previas y formulada la acusación por el fiscal militar, el proceso se adentra en un etapa principal, que es el Juicio Oral y público, momento cumbre en el que utilizando los principios de inmediación, contradicción, imparcialidad entre otros, por votación de los jueces se determina la responsabilidad penal de los acusados y se les imponen las sanciones principales y accesorias que correspondan, así como se determina la responsabilidad civil, salvo que previamente se hayan establecido acuerdos entre las partes sobre este particular. 
Al iniciar esta etapa de juicio oral o en cualquier momento de su desarrollo, el acusado puede mostrar “conformidad con la acusación”, y le solicita al tribunal que dicte sentencia conforme a los términos de la acusación, dando por concluida esa etapa del proceso. En este caso también es necesario oír el parecer de la víctima.
Todas las decisiones que se adoptan en el proceso penal son susceptibles de ser recurridas por cualesquiera de las partes, para ello se refuerzan los presupuestos para los recursos de apelación y casación contra las sentencias dictadas en primera instancia, según corresponda.
A través de este nuevo cuerpo normativo, se perfecciona el procedimiento especial de revisión, institución que permite que se revisen las sentencias firmes y autos de sobreseimiento definitivo dictados por los tribunales militares, ante la existencia de determinadas causales. Este es un procedimeinto excepcional que se promueve por una de las autoridades siguiente: El presidente del Tribunal Supremo Popular, el Fiscal General de la República y el Ministro de Justicia, cuando concurran algunas de las causales siguientes: 

Se haya sancionado a una persona que no intervino en la comisión del delito; 
estén sancionadas dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un delito solamente cometido por una; 
sobre el mismo delito y los mismos intervinientes hayan recaído dos sentencias firmes contradictorias; 
se haya impuesto sanción por la muerte de una persona, cuya existencia se acredite después de dictada la sentencia; 
se haya dictado sentencia por un tribunal militar, cuyos integrantes sean posteriormente sancionados por motivos vinculados con dicha sentencia, o la decisión haya sido adoptada bajo coacción, amenaza o violencia sobre los integrantes del tribunal, o vicio de su voluntad; 
se haya dictado sentencia fundada en prueba falsa u obtenida bajo intimidación o violencia, siempre que este hecho resulte declarado en sentencia firme; 
existan hechos o circunstancias desconocidas por el tribunal militar en el momento de dictar resolución, que por sí mismos o en unión de los comprobados anteriormente en el proceso, hagan presumir la inocencia del sancionado o su intervención en un delito de mayor o menor gravedad que el que determinó su sanción, o la culpabilidad del acusado absuelto; 
se hayan dictado sentencias firmes en las que se sancione dos veces a una misma persona por esos mismos hechos. 
exista injusticia notoria, con trascendencia al fallo. 

Este procedimiento especial se puede realizar después de agotadas las vías establecidas en el proceso penal militar y tiene como finalidad rectificar algún error o injusticia notoria.
Finalmente señalar que como hemos podido observar, el hecho de que el proceso penal militar tenga carácter especial, esencialmente por los sujetos a los que esta destinado, mantiene las mismas esencias garantistas que previó la Constitución del 2019 de manera tal que preserva la seguridad jurídica y a la vez ofrecer mecanismos que contribuyen a mantener la estabilidad de la sociedad y la solución a los conflictos penales con absoluto respeto al principio de Legalidad.

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Registra Sancti Spíritus 202 positivos a la covid en jornada con 3 307 casos en Cuba

Todos los municipios espirituanos volvieron a computar contagiados al cierre de este domingo. Cuba notificó cuatro fallecidos
La cabecera provincial reportó 54 casos al cierre de este 21 de enero. (Foto: Oscar Alfonso/ACN)

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Con la confirmación de 202 casos positivos a la covid al cierre de este domingo y una positividad de 15, 7 por ciento, la provincia de Sancti Spíritus se ubica entre los 11 territorios del país con este indicador por encima de la media nacional que es de 10, 9 por ciento.

El panorama más complejo persiste en Yaguajay y la cabecera provincial donde se notifican 55 y 54 contagiados, respectivamente. Los municipios de Jatibonico y Trinidad también reportaron un incremento en el número de infectados con 40 y 21 pacientes en cada territorio.

Taguasco confirmó 17 casos y Cabaiguán 11. Las cifras mas bajas se cuantificaron en esta ocasión en Fomento que registró tres enfermos y en La Sierpe donde solo hubo un positivo.

PARTE NACIONAL DEL MINSAP

Cuba confirmó al cierre de este domingo 23 de enero  3 307 casos positivos a la covid y cuatro fallecidos de Artemisa, Pinar del Río, Mayabeque y Ciego de Ávila.

Se encuentran ingresados un total de 32 857 pacientes, sospechosos 15 541, en vigilancia 159 y confirmados activos 17 157. Se atienden en las terapias intensivas 58 pacientes confirmados de ellos 17 críticos y 41 graves.

En el día hubo 2 677 altas médicas, se acumulan 999 836 pacientes recuperados (97,5 por ciento).

Para la covid se realizaron un total de 31 516 muestras para la vigilancia en el día. El país acumula 12 495 089 muestras realizadas.

Del total de casos reportados al cierre de este 23 de enero: 3 238 fueron contactos de casos confirmados, 54 con fuente de infección en el extranjero y 15 sin fuente de infección precisada. De los casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 1 874 y del sexo masculino 1 433.

El 7,1 por ciento (235) de los 3  307 casos positivos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 141 338 que representa el 13,8 por ciento de los confirmados hasta la fecha.

De los 3 307 casos diagnosticados pertenecen a los grupos de edad: menores de 20 años (700), de 20 a 39 años (952), de 40 a 59 años (1027), de 60 y más (628).

Cuba reporta cuatro fallecidos. Cuba acumula 8 367 muertes por covid.

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