HAVANA CLIMA

Los desafíos para la reactivación del turismo en Cuba (+ Podcast)

Durante la grabación de El podcast de Cubadebate en Nexos Radio en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Foto: Ariel González Calzado / Cubadebate.

Con una disminución de los casos de COVID-19 y un avance significativo en el proceso...

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Opositor cubano Oscar Casanella llega a Miami

El activista y opositor cubano Oscar Casanella llegó este 19 de enero a Miami junto a su familia, después de sufrir la persecución del régimen de los Castro, informó el periodista Rolando Nápoles en Twitter.Casanella, bioquímico de profesión y uno de los opositores que participó en la protesta del Movimiento San Isidro de noviembre de 2020, fue perseguido, golpeado y arrestado por fuerzas de seguridad del régimen en varias ocasiones.
El científico había anunciado su salida al exilio el 12 de enero, debido a la presión de las autoridades cubanas.
Profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de la Habana e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, fue expulsado de ambas instituciones tras cuestionamientos de la Seguridad del Estado por su vínculo con opositores.
La salida de Casanella es la más reciente en una ola de exilios forzosos de activistas. Recientemente los colaboradores de ADN Cuba Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez salieron de Cuba rumbo a Nicaragua y fueron acogidos por El Salvador tras la negativa de Managua.
En México se encuentra la historiadora del arte y también miembro del MSI, Anamely Ramos, mientras que en EE. UU. reside ahora Eliécer Márquez, alias “El Funky”, uno de los protagonistas del tema musical “Patria y Vida”.
Los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet fueron desterrados en septiembre de 2021, luego de tres meses de encierro ilegal de Lavastida en cárceles cubanas.
En noviembre, salió de Cuba el artista Yunior García, coordinador de la plataforma Archipiélago, quien había convocado a una marcha protesta para el 15 de ese mes. García alegó presiones del Gobierno como causa de su exilio.
En cárceles del país quedan los artistas Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel “El Osorbo” Castillo y el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Cientos de manifestantes del 11 de julio también están presos. Desde octubre, autoridades judiciales comenzaron los juicios contra ellos, con peticiones fiscales que pueden llegar hasta los 30 años de cárcel.

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Cuba impone la orden Carlos J. Finlay a profesionales cubanos y extranjeros por notables méritos científicos (+Video)

Con la Orden Carlos J. Finlay, máxima condecoración que otorga el Consejo de Ministros, fueron reconocidos 50 investigadores nacionales, tres entidades y tres extranjeros por su contribución a la humanidad, este martes, en el Palacio de Convenciones de La Habana.
Según Prensa Latina (PL), presidieron el certamen el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefe de su departamento para la atención al sector social, Jorge Luis Broche, la vice primera ministra del país, Inés María Chapman, entre otros funcionarios gubernamentales y representantes de instituciones científicas.
El viceministro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Armando Rodríguez, destacó los méritos y valiosos aportes de los condecorados al desarrollo de las ciencias naturales o sociales.
Además, recalcó que no es obra casual que la comunidad científica cubana haya logrado en menos de dos años la producción de vacunas, productos biofarmacéuticos, equipamientos e insumos para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
En ese sentido, agrega PL, el vicetitular del Citma recordó que el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, mostró el camino al evidenciar la posibilidad de hacer de este país una potencia científica y académica con la articulación de todas las especialidades.
De las 115 propuestas presentadas al Citma por los Organismos de la Administración Central del Estado, merecieron la orden figuras del Grupo de la Industria Biotecnológica y Farmacéutica, entre ellos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y del Centro de Inmunología Molecular (CIM).
Igualmente, representantes de instituciones culturales, históricas, económicas, del deporte, las telecomunicaciones, Fuerzas Armadas, las relaciones internacionales, la educación, la agricultura y el Grupo Azucarero Azcuba.
Los presidentes y directores del Laboratorio Antidoping de La Habana, Casa de las Américas y la Biblioteca Nacional José Martí, también recibieron la Carlos J. Finlay.
Se hará llegar también a la investigadora francesa Francoise Keita y a un profesor de Química italiano, Fabrizio Chiodo, participantes en el desarrollo de los inyectables antiCOVID del Instituto Finlay: Soberana 01 y Soberana 02, continúa PL.
Asimismo, al doctor en Ciencias en la especialidad de Genética Médica y director general del Instituto Pasteur de Teherán, Irán, Alireza Biglari, y a la doctora en Ciencias Farmacéuticas, experta internacional en nanobiotecnología, control de calidad, desarrollo y producción de vacunas humanas, Delaram Doroud, el título honorífico de Investigador de Mérito.
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Entendimiento, solidaridad y control popular: las «píldoras» que no pueden escasear

El acceso a una atención médica gratuita y de calidad no fue, obviamente, el único principio que se planteó la Revolución Cubana en su afán de transformar el precario sistema de salud que existía en el país antes de 1959.
Unido a la formación de profesionales altamente calificados y a la creación de un sistema de atención y de una infraestructura que respondiera con creces al empeño, el Estado se enfocó, bajo el impulso indiscutible de Fidel, en fortalecer las industrias biotecnológica y farmacéutica, como vía para consolidar también la disponibilidad de medicamentos.
Por eso no es extraño que tener en casa los que se necesitan, y hasta un poquito más, se convirtiera en una cuestión casi cultural. Así se hizo habitual que en la mayoría de los hogares cubanos existiera el llamado «botiquín particular», y que la visita a la farmacia fuera tan rutinaria como ir a la bodega por los mandados o a comprar el pan.
La verdad es que, soportando siempre fuertes presiones económicas, en Cuba se ha defendido la premisa de sostener, a precios incluso subsidiados, los tratamientos de quienes dependen de ciertos medicamentos para garantizar su calidad de vida. Todo ello implicó  que se generara gran preocupación en el pueblo, al escasear un número considerable de los más demandados dentro del cuadro básico. Lamentablemente, no fue eso lo único que se generó.
A río revuelto, ganancia… ¿para cuál pescador?
«Tres mil pesos, eso es lo que me piden por las azitromicinas que necesita mi papá. ¿De dónde saco yo esa cantidad de dinero? Es increíble a lo que llega la gente cuando hay plata de por medio. Se deshumanizan por completo».
Así escuchaba lamentarse a una amiga –y ella no fue la única– porque, tristemente, es en los momentos más difíciles cuando se puede ver mejor lo que hay en el corazón de la gente, y casi nunca existen términos medios. Mientras por una parte la mayoría de este pueblo ponía esfuerzo, voluntad y confianza en la posibilidad de superar la crisis pandémica, por el otro, algunos se disponían a vivir de la necesidad ajena.
Muy pronto comenzaron a hacerse notar las denuncias de quienes, ante la enfermedad propia o de algún familiar, eran extorsionados por los que, obviando el profundo contenido humano del problema, se concentraron solo en la posibilidad de un negocio a costa de la necesidad de los otros. Una vez más, la protección que da el anonimato ofrecido por el entramado de perfiles falsos en redes sociales fue una de las alternativas más utilizadas para promover el «negocio», aunque algunos ni siquiera se tomaron el trabajo de ocultarse.
Claro, como de costumbre, no fueron los inescrupulosos revendedores los únicos en lucrar con la escasez de medicamentos en Cuba. Rápidamente los medios anticubanos y los supuestos periodistas independientes comenzaron a vender la situación del mismo modo en que lo hacen siempre, ignorando las causas del problema para poner al Estado como único responsable y como incapaz de resolver y atender esas urgencias.
La verdad no se hizo esperar, y las medidas tampoco
Con la transparencia y la valentía política que han caracterizado a los dirigentes de la Revolución, fueron expuestas con claridad las causas reales de la ausencia, en las farmacias del país, de un grupo notable de medicamentos.
En comparecencia televisiva, Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República, las explicó de manera detallada, e identificó la baja disponibilidad de divisas para adquirir materias primas como una de las esenciales.
La otra no sorprendió a nadie. Una vez más el bloqueo hacía lo suyo, y el Gobierno de Estados Unidos, «preocupado siempre por el bienestar del pueblo cubano», se encargaba de obstaculizar la compra de esas materias primas, entre otras vías, mediante la persecución a los principales proveedores del país.
Todo ello, en medio del enfrentamiento cara a cara contra la mayor pandemia que ha azotado a la humanidad en el último siglo, y que determinó que gran parte del financiamiento de BioCubaFarma fuera empleado para garantizar los medicamentos básicos del tratamiento contra la COVID-19, así como el desarrollo y producción de las vacunas. Además, el impacto de la propia enfermedad en la industria farmacéutica mundial ha determinado un incremento en el costo de los insumos.
No obstante, aunque nuestros enemigos ideológicos trataron de vendernos una idea de inmovilismo, la más alta dirección del país y las instituciones involucradas nunca dejaron de trabajar en la búsqueda de posibles soluciones. Esas propias gestiones determinaron que, a mediados del año pasado, se dispusiera de un nivel considerable de materias primas, cuyo impacto en la disponibilidad de medicamentos ha sido paulatinamente visible.
Como explicó recientemente el presidente del Grupo Empresarial BioCubaFarma, doctor Eduardo Martínez Díaz, el país apuesta también por la sustitución de importaciones para una mayor soberanía en la producción de medicamentos, al tiempo que se impulsan inversiones que respaldan ese empeño, como es el caso del CIGB Mariel, recientemente inaugurado.
Súmese a ello el llamado a recuperar la medicina natural y tradicional, con recursos locales. Una alternativa con la que cuentan desde patios y parcelas hasta los centros locales de producción de las empresas de Farmacia y Óptica. 
A la par, se trabaja para elevar el control a todos los niveles. Las denuncias oportunas de la población, así como la labor investigativa de los organismos competentes también permiten identificar y aplicar, con justeza, la ley a quienes se implican en el mercado negro de la venta de medicamentos. Pero hay más.
Amor con amor se paga… y solidaridad también
Si de algo conoce este pueblo es de tender manos amigas. No es de extrañar, entonces, que a las dificultades que generó la inestabilidad en la producción y distribución de las «medicinas», como popularmente solemos decirles, se impusieran admirables muestras de lo que pueden lograr los lazos de amor y la buena voluntad.
Desde diversas regiones del mundo, organizaciones de solidaridad con Cuba convocaron a sus miembros y se movilizaron en función de hacer llegar al país numerosos donativos de medicamentos y de otros insumos médicos necesarios para hacer frente a la pandemia.
Cubanos residentes en el extranjero también han promovido y coordinado acciones similares.
Pero aquí, entre nosotros, han sido incontables y hermosos los gestos de altruismo. Quizá sea el ejemplo de El Mejunje, en Villa Clara, uno de los más conocidos, por el elevado compromiso con la vida que tomó ese espacio cultural como centro de operaciones. Han nacido otros como De Corazón, promovido por jóvenes santiagueros con objetivos similares.
Vale destacar, también, que esas mismas redes, utilizadas muchas veces para proponer medicamentos con precios abusivos, devinieron espacio para demostrar solidaridad. Estoy segura de que muchos hemos visto, ante una publicación que solicita ayuda para conseguir esta o aquella tableta, disímiles comentarios como: «yo tengo, dime cómo puedo hacértelo llegar», o «no lo tengo, pero ahora mismo comparto para que más gente lo vea».
Ese es el verdadero espíritu de nuestra gente, que se identifica con el dolor, que se indigna ante el abuso, que sabe crecerse ante las dificultades, y que no se sienta a esperar que los obstáculos salgan del camino, sino que pone manos a la obra y, a fuerza de empeño, los aparta.
Déficit de medicamentos sí, es un problema tangible, real, públicamente reconocido con toda la seriedad que implica, señalado incluso por el Primer Ministro en su rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, y a su vez, identificado entonces entre las prioridades de trabajo.
Desde la indicación del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, a no permitir la venta ilegal de medicamentos, y al compromiso con el sentir del pueblo, en la búsqueda de alternativas, sin pausa alguna, hasta que puedan suplirse las demandas, se aprecia una  vez más el desvelo por el bienestar colectivo.
Pero, como la vida y las experiencias más recientes nos han enseñado a poner todos los fenómenos sociales en perspectiva, hagamos, como siempre, la parte que nos toca: combatir el acaparamiento, enfrentar la reventa, reconocer sabiamente que tal vez el medicamento que compramos sin necesitarlo puede ser imprescindible para alguien más y, sobre todo, que detrás de esa inyección, esa tableta, esa pomada, hay muchos esfuerzos y desvelos constantes.

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Cuba: Ministerio de Salud Pública informa sobre regulación de la vacuna contra la fiebre amarilla

Atendiendo al incremento en la demanda de vacunación contra la fiebre amarilla por viajeros internacionales; es necesario destinar este inmunógeno a las personas que por su exposición tienen elevado riesgo de contraer la enfermedad, por lo que se ha decidido regular su uso teniendo en cuenta lo siguiente:

Cuba no tiene trasmisión de Fiebre Amarilla desde el año 1904, por lo que, no es un país con riesgo de transmisión de esta enfermedad y en consecuencia a los viajeros que salen de nuestro país no se les considera “viajeros procedentes de un país de riesgo de trasmisión de la fiebre amarilla”.
Según el “Listado de Países. Requisitos y recomendaciones contra la fiebre amarilla y la situación del paludismo. Otros requisitos de vacunación”, publicado por la Organización Mundial de la Salud en su sitio web, establece los países que exigen como REQUISITO OBLIGATORIO DE ENTRADA el Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.
En el caso de la República de Nicaragua, el Ministerio de Salud de ese país, esclarece que no reporta transmisión de la fiebre amarilla en su territorio, ni casos confirmados con esta enfermedad según el Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud de la Semana Epidemiológica # 45 de 2021 publicado en el sitio oficial:http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Dirección-General-Vigilancia-de-la-Salud-Pública/Boletines/Boletines-2021/Boletin-SE-45-2021, por lo que NO EXIGE COMO REQUISITO OBLIGATORIO DE ENTRADA el Certificado Internacional de vacunación contra la fiebre amarilla.

Cuba adquiere esta vacuna a través de la Organización Panamericana de la Salud para inmunizar personas con elevada exposición al riesgo.
Ministerio de Salud PúblicaRepública de Cuba
(Tomado de Minsap Cuba)

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Carmen Beramendi: “La violencia contra las mujeres es multidimensional y las respuestas deberían tener carácter sistémico”

Carmen Beramendi es docente, investigadora en género y políticas de igualdad y directora de FLACSO Uruguay
Foto: Tomada de montevideo.com.uy

IPS: Unos más que otros, la mayoría, si no todos, los países de la región han legislado sobre violencia de género. En su opinión, ¿qué impacto han tenido las leyes en el enfrentamiento de este problema que según fuentes especializadas disminuye poco y se ha agudizado bajo la pandemia de covid?
Carmen Beramendi (CB): Es que en realidad la legislación es muy variada en nuestra región, con diferentes enfoques, contenidos y alcance y no se cuenta con verdaderos estudios de impacto de la misma.
Todas las leyes han sido resultado de las luchas de las mujeres organizadas, de los feminismos en sus múltiples expresiones y diría que hoy podríamos establecer una genealogía de las mismas que va desde las que podemos denominar como leyes de primera generación que fueron las de violencia intrafamiliar o doméstica, hasta las de protección integral.
Cepal cuenta con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe y en su repositorio sobre las leyes de violencia registra leyes integrales en 13 países de AL, y leyes con  la tipificación de femicidio o feminicidio en 17 países. A esto se suman de manera específica o como parte de las leyes mencionadas, diversas normativas sobre acoso sexual laboral, acoso callejero, delitos sexuales, sobre difusión de imágenes íntimas en el ciberespacio, sobre acoso y violencia política; se relevan también allí leyes que tipifican y sancionan el tráfico y trata de personas, entre otras.
Mi respuesta procura dar cuenta de que la violencia de género tiene un carácter estructural, producto de relaciones de desigualdad y asimetrías de poder históricas entre varones y mujeres; y que es también resultado de una de las expresiones culturales de la dominación más arraigada, con la que convivimos y que precisamos desnaturalizar.
Si lo analizamos desde esta perspectiva que establece una correlación entre las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres se requiere de un proceso de construcción y deconstrucción de las centralidades que determinan la persistencia de las violencias; y la legislación es una contribución fundamental como lugar de enunciación.
Pensemos en el devenir y cómo se hablaba hasta hace muy poco tiempo de las determinaciones biológicas y lo que los aportes de género han resignificado en los debates “naturaleza vs cultura”; lo que han significado las leyes de primera generación, con todas sus limitaciones, en el cuestionamiento a la línea divisoria entre lo público y lo privado; el proceso de reconocimiento de que las mujeres víctimas son personas en situación de desventaja en el ejercicio de sus derechos y que por lo tanto requieren que los Estados les garanticen su ejercicio.
Durante la pandemia, el incremento de la violencia contra las mujeres tiene directa relación con el cerco al que se vieron sometidas con muchas horas de confinamiento junto a los agresores, la pérdida de las redes de contención, pero al mismo tiempo porque los servicios públicos, las políticas públicas no contaron con la creatividad y los recursos necesarios para adecuar sus respuestas a esta situación.
IPS: Precisando: ¿Estamos ante un asunto de leyes o más bien de condiciones que propician la violencia de género, las agresiones y acoso sexual, etc.?
CB: No creo que haya que formularlo en términos contrapuestos; muchas de las leyes aprobadas en estos últimos años tienen un carácter integral pero no cuentan con los presupuestos que permitan su real cumplimiento. Las leyes son un componente muy importante como marco y
parte de las políticas públicas.
Creo que lo que se requiere es que el Estado y sus instituciones garanticen, de acuerdo al enfoque de derechos humanos, el acceso a los derechos; trabajar de manera descentralizada llegando con los sistemas de respuesta a los lugares más alejados de la centralidad, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, contar con sistemas de información confiables que permitan la rendición de cuentas.
Junto con esto, es necesario la identificación de las nuevas formas de violencia, sus nuevas expresiones y priorizar presupuestalmente la comunicación.
Se trata de una emergencia que requiere reconocerse como tal y abordarla en las instituciones educativas, en los centros de salud, en las emergencias, en las comisarías, con personal capacitado para dar respuestas adecuadas a cada situación, ya sea derivando, asistiendo o protegiendo cuando sea necesario.
La causalidad de la violencia contra las mujeres es multidimensional y las respuestas deberían de dar cuenta de su carácter sistémico; para eso, la batalla cultural contra la desigualdad debería estar presente desde la socialización temprana, procurando avanzar hacia la igualdad sustantiva acortando brechas en todos los espacios y en todas las etapas de la vida.
El sistema de justicia también requiere revisarse, contar con formación específica en todos sus niveles; tiene un rol fundamental para la implementación de las leyes en los aspectos que le competen y en contribuir a revertir la cultura de la impunidad tan presente en nuestras sociedades.
IPS: Uruguay es uno de los tres primeros países latinoamericanos en adherir al convenio 190 de la OIT (de 2019) sobre violencia de género y acoso. ¿Qué ha logrado ese país en particular con esta y otras leyes sobre violencia de género y acoso?  ¿Qué dicen las estadísticas?      
CB: Uruguay ha sido el primer país en ratificar el Convenio de la OIT N° 190 sobre violencia y acoso en el trabajo.
La Conferencia de la OIT lo aprueba en junio del 2019; la votan en el caso de Uruguay el gobierno y la delegación sindical, no así los empresarios. En octubre de ese año se eleva el proyecto de ratificación, el 10 de diciembre se aprueba el proyecto en el Senado y el día 17 en la Cámara de Representantes.
La firme postura del país en ratificar en tiempos breves el Convenio se inscribe en una política pública impulsada por el Gobierno del Frente Amplio y consensuada a nivel de todos los partidos políticos de contribuir a erradicar la violencia de género, centrándose en el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.
En términos legislativos Uruguay cuenta desde el año 2009 con la Ley 18.561 de Acoso sexual valorándolo como una forma de discriminación que afecta la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Tiene por objeto la prevención del acoso, la protección de las víctimas y la sanción del agresor, en los ámbitos laboral y educativo tanto públicos como privados. Define los componentes que permiten caracterizar el acoso, las obligaciones del empleador, los derechos de la persona acosada y los procedimientos para hacer la denuncia así como la indemnización que corresponda.
El país cuenta con la ley integral de violencia basada en género 19.580 que establece con precisión los tipos de violencia. Define  la violencia laboral como la ejercida en el contexto laboral, por medio de actos que obstaculizan el acceso de una mujer al trabajo, el ascenso o estabilidad en el mismo, tales como el acoso moral, el sexual, la exigencia de requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física, la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos fuera de lo establecido en los marcos legales aplicables, o la disminución del salario correspondiente a la tarea ejercida por el hecho de ser mujer.
Dicha ley define como Violencia en el ámbito educativo a la violencia ejercida contra una mujer por su condición de tal en una relación educativa, con abuso de poder, incluyendo el acoso sexual, que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima y atenta contra la igualdad.
También define el Acoso sexual callejero como todo acto de naturaleza o connotación sexual ejercida en los espacios públicos por una persona en contra de una mujer sin su consentimiento, generando malestar, intimidación, hostilidad, degradación y humillación.
Caracteriza también la Violencia política como todo acto de presión, persecución hostigamiento o cualquier tipo de agresión a una mujer o a su familia, en su condición de candidata, electa o en ejercicio de la representación política, para impedir o restringir el libre ejercicio de su cargo o traten de inducir a tomar decisiones en contra de su voluntad.
Estas dos leyes mencionadas son anteriores a la puesta en vigencia del Convenio 190 que entra en vigencia para todos los Estados recién en Junio del 2021 por lo cual es muy difícil que existan datos sobre sus logros o resultados, lo que nos queda como un desafío pendiente.
Junto a los caminos legales, normativos, parece fundamental pensar en empresas realmente inclusivas, que propicien ambientes de trabajo igualitarios, donde el combate al acoso laboral y sexual forme parte de una estrategia de transversalidad de género transformadora de las relaciones de poder. Las experiencias de sensibilización y capacitación realizadas en estos marcos, de las cuales la institución a la que pertenezco ha sido parte, demuestran gran eficacia disuasoria y preventiva. (2022)

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