El Ejecutivo estadounidense instó este viernes al Gobierno cubano a permitir las marchas opositoras convocadas para este lunes 15 y evitar la violencia, porque de no ser así, advirtió, estaría dispuesto a aplicarle nuevas sanciones.
La subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, aseguró en una conferencia de prensa telefónica desde Washington que la Administración estadounidense está «monitoreando activamente» la situación política en Cuba y dispuesta a reaccionar.
«Estamos atentos y nuevamente dispuestos a identificar y promover la rendición cuenta de aquellos que violen los derechos humanos si es necesario», repitió literalmente hasta en tres ocasiones Mendrala, quien recordó las sanciones estadounidenses tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio, las mayores en varias décadas.
Resaltó que el Gobierno estadounidense insta al Ejecutivo de la Isla a «que permita las protestas» convocadas para este lunes, pese a que las autoridades cubanas no las han autorizado. «Urgimos a que permitan al pueblo cubano manifestarse pacíficamente y expresar sus demandas», agregó.
Además, exhortó a las autoridades cubanas «a no utilizar la violencia» contra quienes participen en los distintos actos convocados para pedir un cambio en el país, y pidió asimismo al Gobierno de Miguel Díaz-Canel, al que acusó de «abusos» y tener «presos políticos», que «respete los derechos humanos y las libertades fundamentales».
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Mendrala subrayó que el apoyo al pueblo cubano es «una de las principales prioridades de la administración» del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris e indicó que Estados Unidos «toma medidas concertadas para impulsar la causa del pueblo cubano».
Afirmó que Washington ya ha tomado «acciones concretas en apoyo del pueblo cubano» en los últimos meses y agregó que en el futuro continuarán «estos esfuerzos», que se extienden por múltiples ámbitos.
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La subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental citó, entre otros, una supuesta exportación de «artículos humanitarios» a la Isla, la intención de mejorar del acceso a internet de los cubanos y facilitar las remesas –algo que todavía no ha llevado a la práctica y asegura que mantiene en estudio– y la «rendición de cuentas» de las autoridades cubanas.
Mendrala aprovechó asimismo para negar las acusaciones de injerencia externa que lanzó contra Estados Unidos esta semana el canciller cubano, Bruno Rodríguez: «Es un intento de distraer de lo que va a suceder el lunes, cuando el pueblo cubano quiere ir a protestar pacíficamente» y hacer oír su voz en torno a cuestiones como «los derechos humanos, la libertades fundamentales y sus necesidades básicas».
Hasta el momento de redactar esta nota, ni Rodríguez ni la cancillería cubana habían respondido públicamente a estas declaraciones.
La plataforma opositora Archipiélago solicitó marchar el 15 de noviembre y en todas las provincias donde se hizo el pedido sus integrantes recibieron la negativa de las autoridades, que consideran la iniciativa como «ilícita» y apegada a un guion de «cambio de régimen» contra Cuba, al tiempo que acusa a EE.UU. de financiar y organizar la marcha.
Ante la perseverancia de los opositores, la Fiscalía de la Isla advirtió con procesos penales a quienes insistan en la realización de las marchas.
El gobierno cubano asegura que la iniciativa es parte de una «operación político-comunicacional» ideada desde territorio estadounidense para derrocar al sistema socialista en la Isla y ha vinculado, a través de videos y fragmentos de llamadas telefónicas divulgadas en los medios oficiales, a promotores de la marcha con funcionarios de EE.UU., académicos que abogan por un cambio político en el país y líderes opositores en el exterior, incluso con pasado terrorista.
Canciller cubano reitera denuncias contra EEUU ante diplomáticos extranjeros
Este miércoles, en una intervención ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que se trata de «una operación que se organiza desde el punto de vista material y práctico, en lo fundamental, desde territorio de los Estados Unidos, que conecta con grupos violentos con pasado y presente de acciones terroristas contra nuestro pueblo», la cual pretende «construir, desde la mentira y la irrealidad, un escenario virtual inexistente en la esperanza de convertirlo en un escenario real».
Además, aseveró que «Cuba jamás permitirá acciones de un gobierno extranjero en nuestro territorio, tratando de desestabilizar el país» y dijo que su gobierno «impedirá cualquier ensayo de acciones anticonstitucionales» y no permitirá que se invoque a la Carta Magna para «violentarla».
La marcha ha sido convocada en un momento complejo para la Isla, que atraviesa una fuerte crisis económica exacerbada por la COVID-19, la cual obligó a restringir al máximo los vuelos y el turismo internacional, e incrementó la carencia de medicamentos, alimentos y otros productos básicos, así como reiterados cortes eléctricos, que fueron uno de los detonantes de las protestas de julio pasado.
A esta situación se suma una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios, tras la aplicación del llamado «ordenamiento monetario». Y el duro embargo financiero y comercial de EE.UU. hacia la Isla, endurecido en la pasada Administración de Donald Trump y mantenido por Joe Biden a pesar de sus promesas de campaña.
EFE / OnCuba
