Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, emitió un recordatorio a las autoridades cubanas —en la mañana del 11 de noviembre de 2021— con motivo de la cercanía del 15N.
A través de su perfil de Twitter, Voule especificó al Gobierno del archipiélago que es su obligación proteger y facilitar la expresión a través de las protestas pacíficas que se han convocado desde el grupo Archipiélago. “Es una violación de la obligación del Estado —acotó— acosar e intimidar a los organizadores para evitar manifestaciones pacíficas”.
Un día antes (10 de noviembre), la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos en la ONU, aseguró que vigilaría “de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba” en relación con lo que sucediera el 15N. Sin embargo, afirmó que la oficina no posee mandato alguno que le permita participar en el monitoreo in situ; y reitera su disposición para brindar asistencia a las autoridades y otros actores cuando se necesite.
La tensión social en Cuba está por llegar a un punto climático —en el cual se prevén varios escenarios— con la cercanía del 15N. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, compareció ante el cuerpo diplomático acreditado en la Isla en la mañana del 10 de noviembre. En su alocución reiteró, entre otros asuntos, que las manifestaciones eran parte de una agenda de acción pagada por el Gobierno estadounidense para derrocar al sistema social cubano.
En la noche de ese día (10 de noviembre), Yunior García Aguilera, gestor y coordinador de Archipiélago hizo una declaración en su perfil de Facebook. Allí comunicó su decisión de marchar en solitario el 14 de noviembre “en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15N”; y agregó: “Caminaré en silencio a las tres de la tarde por la avenida 23 del Vedado habanero, desde el Parque Quijote hasta el malecón, portando únicamente una rosa blanca. Y esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad”.
La manifestación es un derecho humano y fundamental de constitución pacífica, y en ningún momento ha de entenderse como rebelión. Ocupar los espacios públicos —en contraposición a lo privado— es una de las características y alcances de la naturaleza de las protestas. La inexistencia en Cuba de una ley que limite o regule el derecho de manifestación atenta contra el respeto y el civismo, y ofrece un amplio margen de actuación a las instancias gubernamentales que se ubican en una posición de poder irrevocable con respecto a quienes disienten.
El llamado de atención de Nyaletsossi Voule se encuentra a tono con los principios generales establecidos en la Declaración Conjunta sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y la gobernanza democrática. Dicha declaración se firmó el 9 de diciembre de 2020 por Voule en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator especial sobre libertad de expresión, el relator especial sobre defensores de derechos humanos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Como parte de los principios allí establecidos se reconoció la obligación de los Estados de “adoptar un enfoque basado en el principio de que la libertad de reunión pacífica es un derecho fundamental y no un privilegio”.
Asimismo, se decretó que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de todas las personas que participan en reuniones sin discriminación por ningún motivo”.
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