MIAMI, Estados Unidos. – La Oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que vigilaría de manera “remota” y no presencialmente ―como han solicitado grupos de activistas y defensores de derechos humanos― las manifestaciones previstas para el 15 de noviembre (15N) en Cuba, publicó este miércoles Radio Televisión Martí.
La portavoz de la Oficina encabezada por Bachelet dijo en correo electrónico a ese medio que, hasta ahora, Naciones Unidas no tenía planificado presenciar in situ los acontecimientos que podrían producirse en la Isla ese día.
La funcionaria afirmó que “la Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Asimismo, Hurtado recordó que el pasado 16 de julio Bachelet hizo público un comunicado en referencia a los hechos ocurridos el 11 de julio (11J) en la Isla, en el que “solicitó la pronta liberación de las personas detenidas y destacó la importancia del diálogo y el respeto de los derechos de reunión pacífica y la libertad de opinión y expresión”.
No obstante, en septiembre de este año, decenas de representantes de la sociedad civil cubana denunciaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había dado la espalda a los ciudadanos de la Isla al no condenar con energía la feroz represión desatada en la Isla contra los manifestantes del 11J.
El pasado 22 de octubre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), mediante una misiva suscrita por su director ejecutivo, Alejandro González Raga, solicitó a Bachelet que promoviera una iniciativa internacional en favor del derecho de manifestación de los cubanos que exigiera al Gobierno de la Isla la liberación de todos los presos políticos (más de 500, según Prisoners Defenders).
En la misiva, la organización alertó sobre la posibilidad de que el 15N se repitan acciones violentas contra los manifestantes similares a las del 11J, y sostuvo que Bachelet no debía permanecer en silencio por las graves violaciones de “los derechos de cientos de cubanos, en su mayoría jóvenes y entre ellos al menos 27 menores de edad” que permanecen detenidos por su participación en las históricas protestas del 11J.
También el Grupo Archipiélago reclamó la atención de la alta comisionada para detener la represión contra los ciudadanos que pretenden manifestarse pacíficamente en la Isla este 15 de noviembre.
En una carta entregada a Tom Haek, funcionario de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio denuncian que han sido “víctimas de estigmatización, acoso y represión, pública y personal”; además de “una limitación de derechos que no es insignificante y que se suma a la existencia de más de 1 000 personas detenidas y/o procesadas por las protestas del pasado 11 de julio”.
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