La Oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, dijo el miércoles a Radio Televisión Martí que vigilará de manera remota la situación de los derechos humanos en Cuba.
A una pregunta sobre la solicitud del grupo Archipiélago de contar con la presencia de observadores de derechos humanos en la próxima marcha cívica del 15 de noviembre, Marta Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dijo en correo electrónico que su oficina actualmente no tiene el mandato de participar en el monitoreo in situ en Cuba.
Numerosos grupos de la sociedad civil cubana han solicitado observadores internacionales para que se garanticen los derechos de los cubanos que decidan manifestarse pacíficamente en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, luego que los promotores y ciudadanos que han expresado apoyo a esta iniciativa han sido amenazados, interrogados, despedidos, detenidos, y agredidos física y verbalmente por su compromiso.
La solicitud de Archipiélago a la Alta Comisionada, en la que reclaman su atención y concurso para detener la represión contra los ciudadanos que pretenden manifestarse pacíficamente en Cuba el 15 de noviembre, fue entregada igualmente a Tom Haek, funcionario de la misma instancia que atiende varios países entre ellos Cuba. El texto denuncia que los promotores de la marcha son “víctimas de estigmatización, acoso y represión, pública y personal. Una limitación de derechos que no es insignificante. Y que se suma a la existencia de más de 1000 personas detenidas y/o procesadas por las protestas del pasado 11 de julio”.
En la respuesta a Radio Televisión Martí la funcionaria afirmó que “la Oficina continuará dando seguimiento a la situación de los derechos humanos en el país a través del monitoreo remoto, de acuerdo con su mandato en virtud de la Resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
En su declaración, Hurtado recordó que el 16 de julio de 2021 Bachelet, publicó un comunicado de prensa en referencia a los hechos ocurridos el 11 de julio, en el que “solicitó la pronta liberación de las personas detenidas y destacó la importancia del diálogo y el respeto de los derechos de reunión pacífica y la libertad de opinión y expresión”.
“Las normas internacionales de derechos humanos estipulan lo que implican los derechos a la libertad de asociación y la libertad de opinión y expresión. Estos derechos solo pueden limitarse si las restricciones son necesarias, proporcionadas y prescritas por la ley“, agrega la declaración de la Oficina de Bachelet.
“Como señaló el Comité de Derechos Civiles y Políticos, la imposición de cualquier restricción debe guiarse por el objetivo de facilitar el derecho. Las restricciones deben ser neutrales en cuanto al contenido y no estar relacionadas con el mensaje transmitido por los manifestantes y no deben ser discriminatorias, menoscabar la esencia del derecho o tener como objetivo desalentar la participación en las manifestaciones”, agrega la información.
Por último, afirma que “la Oficina de Derechos Humanos de la ONU está lista para brindar asistencia a las autoridades y otros actores cuando sea relevante”.
“Creo que no sea solo un gesto para la galería, como suele decirse”, dijo al respecto el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, organización que apoya al grupo Archipiélago en su convocatoria.
El opositor añadió que, atendiendo a lo difícil que ha sido obtener una respuesta a lo largo de todos estos años de la oficina [de la alta comisionada Bachelet] en relación con los derechos humanos en Cuba, cree que esta declaración “responde ya a una preocupación real en torno al tema”.
Cuesta Morúa recordó que el gobierno cubano es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y tiene “una obligación, tanto institucional como moral, de respetar estos valores, y yo creo que ha sido esta una respuesta clave“.
La joven habanera Daniela Rojo, integrante del proyecto Archipiélago, estuvo 23 días en prisión por manifestarse pacíficamente el pasado 11 de julio. En su opinión, hace falta la observación in situ, “porque sabemos que ese día pueden cortar el Internet, pueden cortar las comunicaciones, (…) y los videos de los testimonios de la gente no se van a poder subir, como hicieron el 11 de julio, que arrestaban a la gente y les borraban los videos del teléfono”, subrayó.
“Yo considero que sería muy necesario que tuviéramos observadores en el país para que garantizara la paz y la tranquilidad ciudadana, ya que los manifestantes queremos salir de forma pacífica, y ellos han anunciado por todos los medios que nos van a reprimir“, concluyó.
En septiembre, una declaración respaldada por decenas de firmantes denunció que el Consejo de Derechos Humanos dio la espalda a los ciudadanos cubanos, al no condenar la ofensiva de represión desatada contra el pueblo en general desde el pasado 11 de julio.
El texto titulado “Del lado de los ciudadanos, no de los Estados”, divulgado por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, criticó que Bachelet no incluyera a Cuba en su informe global sobre los países que violan los derechos humanos, un hecho que de acuerdo a la declaración constituye una oportunidad perdida para entender las realidades sociales y políticas del país comunista.
[Incluye reporte radial desde Naciones Unidas de nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez y entrevistas de Ivette Pacheco para Radio Martí]
