La Cámara de Diputados de Chile aprobó realizar un juicio político para destituir al presidente del país, Sebastián Piñera, por las irregularidades en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelado en los Papeles de Pandora.
Tras una jornada maratoniana de casi 24 horas, los diputados resolvieron, por 78 votos a favor y 67 en contra y tres abstenciones, que la acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pase al Senado, el órgano que se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado, reseña la multiestatal Telesur.
Según la televisora Russia Today (RT), la jornada legislativa se caracterizó por su extensión: el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS), tuvo una intervención de casi 15 horas para esperar que otro congresista, Giorgio Jackson, llegara al recinto tras cumplir su aislamiento, que concluía el lunes. Así, la estrategia fue postergar la votación para el martes, contando con todas las bancas necesarias.
Subrayó que se acusa al mandatario chileno por «haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes», haber fallado al «principio de probidad» y «haber comprometido gravemente el honor de la Nación».
Naranjo finalizó su presentación de este modo: «Espero que esta sala apruebe la acusación constitucional, sino (…) Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país», enfatizó.
Por su parte, la defensa del mandatario, el abogado Jorge Gálvez, instó a rechazar el texto acusatorio por considerarlo improcedente y valorar que se trata de un golpe a la institucionalidad y una maniobra político-electoral.
El juicio político ahora deberá ser analizado por la Cámara de Senadores. Para expulsar al presidente se requieren dos tercios de los votos. Si sus detractores logran la vacancia, la línea sucesoria seguiría con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.
¿De qué se le acusa a Piñera?
La acusación constitucional contra Piñera se produce tras verse implicado en los Papeles de Pandora, al conocerse que un empresario amigo del mandatario compró acciones de la minera Dominga, una firma donde participaban dos hijos del presidente. La transacción se produjo en 2010, por unos 152 millones de dólares, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, detalla RT.
Al respecto, se sospecha que para recibir un pago, el jefe de Estado habría prometido evitar declarar un territorio como zona de protección ambiental, permitiendo el negocio minero. Por este caso, la Fiscalía ya imputó a Piñera ante posibles delitos tributarios de cohecho y soborno, indica RT.
El escándalo fue inmediato, pero desde el primer día el mandatario se declaró inocente de cualquier delito y aseguró que así ya lo había reconocido la Justicia chilena en una investigación realizada en 2017. El problema es que en esa causa judicial no se mencionó la condición impuesta para que el Gobierno no interviniera para impedir la operación de la mina.
Por eso, subraya la televisora rusa, el pasado 13 de octubre un grupo de diputados opositores presentó la acusación constitucional con miras a promover su destitución por considerar que cometió los delitos de «falta de probidad» y «daños al honor de la nación».