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La serpiente que muerde su cola: estrategias y soberanías políticas frente al 15-N

El grupo Archipiélago, creado por el actor y dramaturgo de 39 años Yunior García Aguilera —uno de los protagonistas del 27-N— convocó desde hace varias semanas a una «marcha cívica por el cambio» para el próximo 15 de noviembre. Los permisos solicitados para realizarla fueron denegados por el gobierno cubano, que la calificó como una convocatoria «ilegal».

Los actores en conflicto ponen en juego dos argumentos fundamentales: 1) para el gobierno, una potencia extranjera financia la subversión de un sistema sociopolítico constitucionalmente refrendado por amplias mayorías y 2) para los convocantes, la no discriminación ideológica y las libertades de expresión, manifestación, petición y queja son derechos humanos universales y reconocidos en la Carta Magna de 2019 (art. 42, 54, 56, 61).

Esos argumentos llaman la atención sobre dos cosas: contradicciones o vacíos legales en torno al derecho a la protesta en Cuba, y disputas sobre la ligadura democrática entre el derecho y la ley.

El contexto inmediato

La trama de este conflicto hace parte de la «tormenta perfecta» que sacude a la Isla y en la cual intervienen distintos factores. Uno de ellos es que el redoble de las políticas de asfixia iniciadas por Trump y no removidas por Joe Biden, han aumentado los obstáculos a los flujos financieros, exportaciones e importaciones cubanas, así también a las remesas familiares. Al mismo tiempo, persiste el financiamiento federal a proyectos político-mediáticos con una agenda de cambio de régimen.

el otro lado, la renovación del modelo económico mantiene anclajes burocráticos e incumplida su intención de aumentar la eficiencia, pero ha contraído los subsidios universales y focalizados. A ello se sumó una «tarea de ordenamiento» cuya secuela inmediata ha sido la inflación galopante. De remate, la pandemia Covid-19 fue controlada en un primer momento, pero finalmente desató su mortalidad.

El gobierno de Díaz Canel enfrenta una tormenta de adversidades y sus consecuencias más delicadas afectan a los hogares más humildes. El padecimiento social es una de las causas fundamentales de los episodios de protesta. Lo que se exteriorizó el domingo 11 de julio (11-J) cuando miles de ciudadanos salieron a las calles clamando sobre la escasez de alimentos y medicinas.

Serpiente (2)

Foto: REUTERS/Alexandre Meneghini

Así mismo, se corearon consignas de «Libertad» y «Patria y Vida». Esta última es un aporte del género urbano que ha calado en parte de la juventud y la ciudadanía, pero, a la vez, recibido los parabienes de conocidos políticos de la extrema derecha internacional.  El episodio de protesta del 11-J reveló los costes sociales de la crisis y las fisuras entre la dirigencia del país y sectores empobrecidos de la población.

La respuesta inicial del gobierno fue un llamado del presidente Díaz Canel a un combate en las calles de revolucionarios contra «mercenarios», «confundidos», «vándalos» e «irresponsables». Enseguida hubo cuestionamientos sobre la estrategia discursiva del gobierno, y se planteó la pregunta sobre si una respuesta más comprensiva y focalizada hacia las causas del descontento y la crisis social, habría tenido un mejor efecto político.

Hay un imperativo ético, pero también estratégico, en hacer política colocándose en el lugar de los demandantes.

La hegemonía del liderazgo carismático de Fidel Castro, en parte heredada por Raúl, excusaba a los políticos del partido y de la Asamblea Nacional de responder por problemas de peso en materia política. Esa condición ya no existe y se hará más distante con la desaparición generacional de los protagonistas de las epopeyas revolucionarias.

La legitimidad del gobierno entonces debe buscarse en otras zonas. Una de ellas, a la cual se ha recurrido desde 2019, es la nueva Constitución de la República, aprobada en referéndum con el 86,9 % de los votos. El primer artículo de esa norma instituye: «Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos».

En cualquier caso, la validez de ese principio pertenece a la observancia de la ley y su facticidad al efectivo alcance de las políticas públicas. Ley y políticas públicas, legitimidad y buenas estrategias, son las encargadas de satisfacer las dimensiones formales y materiales de lo prometido en la Carta Magna.

El 15-N

En lo inmediato, la convocatoria a la marcha del 15-N impone al gobierno/partido múltiples desafíos. La agenda explícita de la marcha es demandar «el fin de la violencia política, el respeto a los derechos de todos, la liberación de los presos políticos y el reconocimiento de la disidencia y oposición política».

Ante la proscripción expresa del gobierno ―a través de funcionarios administrativos― sus organizadores reiteran que intentarán evadir los probables obstáculos para asistir. Una disposición similar puede leerse en la red social Facebook donde, con más de 30 000 afiliados, la plataforma Archipiélago funciona como foro de debate político y convocante de esta acción colectiva.

En este escenario cabe preguntarse si lo que podría haber sido una manifestación de protesta contenida puede transformarse en un episodio de desobediencia civil. Ahora sus organizadores utilizan la posible represalia como bandera y publicidad de sus reclamos. Es por esto que, en su encadenamiento de demandas, la pancarta principal corresponda a exigir el derecho al pluralismo.

La estrategia gubernamental, en cambio, consiste en negar la legitimidad de los adversarios, presentándolos como mercenarios a sueldo enemigo y vinculados con grupos terroristas del exilio.

Considerando que esas matrices discursivas pertenecen a su discurso rutinario ―contra todo tipo de oposición, casi sin distinciones― su efecto persuasivo debería ser bajo. Con todo, el discurso oficial se ratifica cuando el gobierno estadunidense no solo apoya la protesta 15-N, sino que anuncia sanciones a lo que considere violación de los derechos de los manifestantes. A todo esto, se suman influencers y sectores de la oposición reclamando una intervention now.

Serpiente (4)

(Foto: El País)

Aquí persiste un punto nodal del conflicto y es que Cuba tiene un problema de doble vía con las soberanías. Esto es: entre el eje Miami-Washington y el Estado cubano, y entre este y la soberanía popular.

La negación de la convocatoria para el 15-N podría ser un ejemplo de cómo la injerencia estadunidense vale para justificar la restricción de los derechos políticos a los ciudadanos y esas mismas restricciones sirven a Miami-Washington para justificar sanciones con el designio de incentivar al pueblo cubano a tomar una acción de protesta contra su gobierno. Se expresa aquí la clásica imagen de una serpiente que se muerde la cola: ciudadanos cubanos amenazados de perder la soberanía de su nación a la vez que restringidos en el ejercicio de su propia soberanía.

En lo que sigue, me detengo en el análisis del 15-N desde esa dimensión.

Democracia, derechos y soberanías

El Estado cubano nació como una República en armas y en esa condición debió luchar por su territorio y fraguar su identidad nacional. El término «república» se asocia a un período específico de la historia, pero Cuba es una república y ello se fundamenta en que la soberanía radica en el pueblo (art. 3).

El soberano de una república es el cuerpo ciudadano con poder de decisión. La voluntad política de los ciudadanos se materializa en las leyes y éstas deben garantizar a todos las mismas libertades e iguales derechos (art. 42).

El ejercicio de la soberanía popular garantiza así, al mismo tiempo, los derechos humanos, políticos y de reconocimiento de la diversidad. En estos principios no cabe hablar de mayorías y minorías. Los derechos ciudadanos son inalienables y el fundamental ―precisamente el más caro al socialismo― es el ejercicio compartido de la propiedad de lo público.

Manifestarse públicamente es un derecho de cada persona y para ello se necesita un espacio material. Las reivindicaciones de los movimientos anticolonialistas, socialistas, comunistas, obreros, antirracistas y feministas se han ejercido en las calles y plazas. La calle ―como una escuela, una universidad, un hospital― es propiedad pública y no exclusiva ni excluyente por razones ideológicas.

Huelga decir que son las movilizaciones colectivas en los espacios públicos las que han arrancado a los poderosos los derechos a expresarse, reunirse y asociarse para hacer política. Ningún derecho ciudadano ha sido un regalo de imperialismos o del gran capital.

Los derechos políticos emanan de la soberanía popular y definen el carácter democrático de los Estados. Nadie, en su sano juicio, se atrevería a sostener que los derechos a manifestarse solo pueden reconocerse para expresar complacencia. Del conjunto de derechos políticos se desprende ―de manera explícita o implícita― que frente a acciones u omisiones de las autoridades la manifestación, petición, queja y la protesta social son derechos.

Ahora bien, en tanto se es libre en la ley y no por la ausencia de ella, el carácter de lo republicano y de lo democrático es regular las formas en que las reivindicaciones colectivas se hacen públicas y visibles sobre otros actores, incluyendo un gobierno. El ordenamiento de una sociedad incluye las formas en que se deben procesar políticamente y regular jurídicamente los conflictos entre los actores, siendo la protesta social una de sus expresiones.

Esta regulación puede determinar que sea sin armas, preserve la infraestructura pública y privada y requiera el respeto a las autoridades, personas e instituciones. Esta ley incluso puede establecer los procedimientos para que las autoridades ―aportando argumentos razonables― puedan modificar, sugerir, negociar cuestiones de fecha, lugar o tiempo de duración. Así el derecho a la protesta social quedaría regulado, no anulado ni criminalizado. La protesta social es un desafío para las autoridades, pero también la oportunidad para demostrar su obediencia a la soberanía popular.

En efecto, el conflicto en torno a Cuba y su sistema político es multicausal y de profusas aristas. De hecho, uno de los escollos más tenaces entre los operadores políticos ―de uno y otro polo del espectro― es la pretensión de dar soluciones simples a problemas complejos.

Protesta social vs violencia legítima

Frente al 15-N, el discurso gubernamental ha relacionado y, a la vez, opuesto el derecho a la protesta y el derecho de resistencia. Se trata, sin embargo, de derechos distintos. El artículo constitucional que otorga a los ciudadanos el derecho de resistencia, incluso por la vía de las armas, presupone que el oponente detenta una fuerza capaz de anular la Constitución (art.4). De manera que remitirse a la «irrevocabilidad del socialismo» para desautorizar una marcha de protesta es un argumento frágil, una estrategia que solo convence a los propios simpatizantes.

Ningún régimen socioeconómico en la historia ha sido revocado por una manifestación en los términos proyectados por el 15-N.

Luego, valdría ponderar, para bien, el espíritu republicano de un artículo que habilita la organización de milicias populares para resistir una intervención extranjera. Asimismo, considerando la experiencia de la URSS, el citado artículo (4) habilita que la ciudadanía se resista a poderes domésticos con el potencial de privatizar lo público y traicionar el carácter socialista proclamado en la Constitución.

Se resiste, hasta con las armas, a quienes tienen capacidad de poder para disputarle a la república su derecho a definir el bien público. Si el adversario no cumple con esa condición no se trata de resistencia, es abuso de poder.

El Estado es la entidad que, en un determinado territorio, ejerce el monopolio de la violencia legítima. El Estado nación se funda por exclusión de actores externos desafiantes y sus fuerzas armadas son la expresión de esa voluntad. Aquí el concepto «legítima» se refiere, por ejemplo, a la atención que debe prestarle al conjunto de normas y acuerdos internacionales pactados en el marco de la comunidad de naciones.

Igualmente, en el orden interior, el uso de la violencia resulta legítima cuando los órganos represivos ejercen una fuerza proporcional a la amenaza al orden que protegen. Si un ciudadano, o grupo de ellos, traiciona y/o atenta contra la soberanía de la república debe ser juzgado por los tribunales, pero, antes que ello ocurra, la inocencia se presupone y nadie puede ser arbitrariamente descalificado para participar en la esfera política.

Si un medio de comunicación ―adjudicándose el poder que la república entrega exclusivamente a sus tribunales― acusa deliberadamente a un ciudadano de un delito por el cual no ha sido juzgado no está informando, está incurriendo en linchamiento mediático.

Los desafíos, ahora mismo

El gobierno cubano enfrenta situaciones de conflicto de causas múltiples y con disímiles actores. Hoy la patrióticamente sano sería promover un diálogo más allá de su espacio de confort ideológico, y que ello aporte a la recomposición del pacto social. En lo inmediato el gobierno debe mostrar capacidad para la resolución política de los conflictos. Lo deseable es que sus acciones se alejen del autoritarismo habitual y avance por itinerarios democratizadores de contenidos socialistas.

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Queda esperar que el PCC elija la mejor y justa alternativa entre citar al Tiananmén o la comunista Rosa Luxemburgo.

A la sazón, queda esperar que el PCC ―fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado (art. 5)― elija la mejor y justa alternativa entre citar al Tiananmén o la comunista Rosa Luxemburgo: «la libertad es siempre y exclusivamente libertad para aquel que piensa de manera diferente».

El desafío político es recíproco para quienes ―desde su legítimo derecho a pensar diferente y manifestarse― deberían cuestionarse cómo la articulación de discursos sesgados y selectivos, en función de publicitar una «excepcionalidad dictatorial», sirve para justificar la inclemencia de un bloqueo/embargo reiteradamente condenado por la comunidad internacional.

El mismo gobierno de Estados Unidos que mantiene sanciones que precarizan la vida de los cubanos en la Isla y que, a su vez, desde sus instancias más altas apoya a los que deciden manifestarse, silencia cómo un gobierno neoliberal, el de Ecuador, presuntamente democrático, ante la convocatoria a movilizaciones de protesta declara Estado de excepción y militariza las calles.

A este tenor, Colombia, principal aliado de los Estados Unidos en la región, se constituye en el líder mundial del sicariato de activistas sociales. Ecuador y Colombia acaban de ser visitados por Antony Blinken ―secretario de Estado de Joe Biden― que ha tenido el cuidado de no pronunciarse sobre los crímenes de lesa humanidad durante las protestas, la persecución política, la politización de la justicia, la liquidación de las políticas públicas y la regresión medieval de los derechos laborales.

Los analistas internacionales observan que el gobierno de Joe Biden parece no tener definida una agenda hacia América Latina. Una excepción de esa regla sería Cuba, donde el político demócrata incumple sus promesas de campaña con respecto al bloqueo /embargo, al tiempo que se muestra ávido de desmentir las imputaciones de «socialista» que le espetó su antecesor en la Oficina Oval.

En cualquier caso, la hoja de ruta de un pensamiento crítico y patriótico debe tomarse en serio aquella premisa de José Martí: «los pueblos de América son más libres y prósperos a medida que más se apartan de los Estados Unidos».[1] Ningún reclamo democrático en Cuba debería desconocer ese principio.

Al Estado cubano le corresponde ser garante de la soberanía, pero a condición de que su autoridad sea determinada por la soberanía popular. En otras palabras, parafraseando a Karl Marx, la soberanía de cada ciudadano es la condición de posibilidad de la soberanía de todos. Vale retener que esa ecuación no es necesariamente socialista a la inversa.

[1] José Martí. Las guerras civiles en Sudamérica. Patria, Nueva York, 22 de septiembre de 1894.

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