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Los diputados de Chile aprobaron este martes avanzar con la acusación constitucional contra el presidente, Sebastián Piñera, presentada por un grupo de parlamentarios opositores a raíz de la implicación del mandatario en la investigación conocida como los Papeles de Pandora. Ahora el proceso pasará al Senado, que en caso de aprobarlo, significaría la destitución del mandatario.
La cámara baja tuvo 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones, tras una sesión maratónica.
En efecto, esta jornada legislativa se caracterizó por su extensión: el diputado Jaime Naranjo, del Partido Socialista (PS), tuvo una intervención de casi 15 horas para esperar que otro congresista, Giorgio Jackson, llegara al recinto tras cumplir su aislamiento, que concluía el lunes. Así, la estrategia fue postergar la votación para el martes, contando con todas las bancas necesarias.
Con esta decisión, el presidente podrá seguir ejerciendo sus funciones, pero no podrá salir del país.
El juicio político ahora deberá ser analizado por la Cámara de Senadores. Para expulsar al presidente, se requieren dos tercios de los votos. Si sus detractores logran la vacancia, la línea sucesoria seguiría con el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado.
Compraventa de la minera Dominga
La acusación constitucional contra Piñera se produce tras verse implicado en los Papeles de Pandora, al conocerse que un empresario amigo del mandatario compró acciones de la minera Dominga, una firma donde participaban dos hijos del presidente. La transacción se produjo en 2010, por unos 152 millones de dólares, en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Al respecto, se sospecha que para recibir un pago, el jefe de Estado habría prometido evitar declarar un territorio como zona de protección ambiental, permitiendo el negocio minero. Por este caso, la Fiscalía ya imputó a Piñera, ante posibles delitos tributarios, de cohecho y soborno.
El escándalo fue inmediato, pero desde el primer día el mandatario se declaró inocente de cualquier delito y aseguró que así ya lo había reconocido la Justicia chilena en una investigación realizada en 2017. El problema es que en esa causa judicial no se mencionó la condición impuesta para que el Gobierno no interviniera para impedir la operación de la mina.
Por eso, el pasado 13 de octubre un grupo de diputados opositores presentó la acusación constitucional con miras a promover su destitución por considerar que cometió los delitos de “falta de probidad” y “daños al honor de la nación”.
A menos de dos semanas de las elecciones
Por otro lado, el país sudamericano celebrará comicios presidenciales el próximo 21 de noviembre. Hasta el momento, los favoritos para llegar a la segunda vuelta son: el candidato izquierdista José Boric, de la coalición Apruebo Dignidad – Frente Amplio, y el derechista José Antonio Kast, del Partido Republicano. En cuanto al postulante oficialista, Sebastián Sichel, en los últimos meses bajó su popularidad.
Entre tanto, la actual administración también debe afrontar la tensión desarrollada en la Macrozona Sur, donde Piñera decretó el estado de excepción, que ya se prorrogó dos veces. Allí, la Defensa Nacional dirige el territorio, controlando la circulación y disponiendo medidas organizativas.
La orden se adoptó por los disturbios ocasionados en el marco del conflicto mapuche. Desde entonces, el momento de máxima tensión se vivió el 3 de noviembre, cuando resultó muerto un indígena tras un operativo militar en la zona.
Así, en medio de conflictos sociales, y a cuatro meses de terminar su mandato, el presidente corre el riesgo de dejar el puesto de forma anticipada.
(Tomado de RT en Español)
