El principal impulsor de la ilegalizada marcha cívica opositora del 15 de noviembre en Cuba, Yunior García Aguilera, anunció este martes que los organizadores estudian cómo minimizar los riesgos de violencia y eventual represión ese día «sin renunciar» a su derecho a manifestarse.
Entrevistado por la agencia EFE en La Habana, el joven dramaturgo aseguró que la propuesta de marchar el 15 de noviembre se mantiene intacta, pero estudian cómo y dónde porque no quieren «lanzar a los jóvenes a una represión asegurada».
«Nuestro objetivo es marchar contra la violencia y la liberación de los presos y no queremos más presos», declaró García Aguilera, tras precisar que se harán públicas las próximas decisiones «cuando pueda comunicarse con el resto del grupo».
García Aguilera mostró a EFE que le han cortado los servicios de internet y telefonía fija en su casa, en lo que considera un intento de silenciar sus reivindicaciones.
El representante de Archipiélago, la plataforma opositora que solicitó marchar el 15 de noviembre y recibió la negativa del Gobierno al calificarla de «ilícita», expresó preocupación ante las imágenes en las redes sociales de brigadas de respuesta afines al Gobierno, armadas y supuestamente listas para atacar a manifestantes opositores.
García Aguilera, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, subrayó hoy que se siente «responsable» por esos jóvenes dispuestos a salir a la calle y sus madres, por lo cual saldrán a defender su derecho «sin poner en riesgo a la gente».
El Gobierno negó el permiso a la marcha pacífica del 15 de noviembre bajo el argumento de que era «una provocación» enmarcada en la estrategia de «cambio de régimen» para Cuba «ensayada en otros países». Ante la respuesta de Archipiélago de seguir con la convocatoria, la Fiscalía advirtió con procesar penalmente a los organizadores.
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La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, así como una escalonada inflación con el consecuente aumento de los precios y cortes de electricidad.
El Gobierno cubano atribuye principalmente estos problemas al embargo financiero y comercial de EE.UU., endurecido en la pasada Administración de Donald Trump y mantenido por el gobierno de Joe Biden.
Las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con «cabecillas contrarrevolucionarios» de instituciones y congresistas del vecino país que buscan un «cambio de régimen» y una «intervención militar» en la Isla.
En Cuba los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado una marcha de opositores al Gobierno.
