LA HABANA, Cuba.- La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió siete años de privación de libertad para Andy Duniel García Lorenzo, manifestante del 11 de julio (11J), por los supuestos delitos de “desórdenes públicos” y “desacato”.
El joven de 23 años fue detenido durante las manifestaciones del 11J en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Su familia denunció que ese día fue golpeado pese a que no ofreció resistencia; desde entonces, aunque no cuenta con antecedentes penales, se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva en la prisión del territorio conocida como La Pendiente.
Según el documento de petición fiscal, los dieciséis acusados, entre ellos Andy, “vociferaban en voz alta palabras denigrantes contra el decoro de los uniformados y del Presidente de la República y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular: ‘Díaz-Canel Singado y Policías Singados’”. Asimismo, se alega que, “a sabiendas de la restricción de movimiento y el distanciamiento físico establecido por el Ministerio de Salud Pública para el enfrentamiento a la pandemia del coronavirus”, se reunieron “con el propósito de alterar el orden y la tranquilidad ciudadana”, así como “perturbar la paz de los pobladores de la ciudad”. También que “se valieron de la desfavorable situación económica que presenta el país” producto del “bloqueo” y “de los impactos de la pandemia que generaron desabastecimientos de alimentos y otros insumos que afectan a la población y comenzaron a arengar a sus coterráneos para que los siguieran al tiempo que vociferaron en voz alta entre otras palabras ‘Díaz-Canel Singado’, ‘Policía Pinga, que nadie los iba a detener’”.
El 20 de octubre último García Lorenzo, junto a otros dos jóvenes del 11J, se declararon en huelga de hambre. Luego de diez días, Andy decidió abandonar la huelga a petición de familiares y amigos, quienes le solicitaron paciencia, pues el 15 de noviembre (15N) próximo, en la Marcha Cívica por el Cambio, abogarían por su libertad y la de todos los presos del 11J. Durante los últimos días de huelga el joven también estuvo enfrentando graves problemas de salud, orinaba sangre producto de la insalubridad del agua que le proporcionaban y que se negaba a consumir.
Pese a que la petición fiscal estaba firmada desde el 14 de septiembre (por la Fiscal Dayli Carrazana Rodríguez), no fue hasta ese día, cuando Andy abandonara la huelga de hambre, que se notificó a los acusados y sus familiares.
Junto a Andy García Lorenzo aparecen procesadas quince personas, la mayoría de ellos jóvenes, acusados de delitos como “desorden público”, “desacato”, “atentado”, “resistencia” y “ultraje sexual”, y las sanciones oscilan entre los cinco y ocho años de privación de libertad. Ellos son: Yunior Sebey Mena (29), Randy Arteaga Rivera (30), Mercy Daniela Pichs Martínez (23), Liván Hernández Sosa (30), Maykel Fleites Rivalta (36), José Miguel Gómez Mondeja (25), John Luis Machado Marrero (19), Pedro Manuel Nicodemos Cabrera (42), Amanda Delai Matamoros Cabrera (25), Leonel Tristá García (35), Ariel Núñez Martínez (45), Armando Guerra Pérez (49), Jorge Gabriel Arruebarruena León (23) y Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz (23), todos en prisión provisional; y Brian Amed Ceballo O’Reilly (20), con medida cautelar de reclusión domiciliaria.
Entre las pruebas presentadas por las autoridades se hallan publicaciones en redes sociales “que acreditan” comportamientos “contrarios al sistema social y político en nuestro país”. De igual forma, se citan más de una veintena de supuestos testigos, todos agentes del Ministerio del Interior, ningún civil de los que supuestamente vieron afectada su tranquilidad ciudadana con la manifestación, como se afirma en el documento.
Pese a las amenazas recibidas por la Seguridad del Estado por las denuncias a medios de prensa y organizaciones defensoras de derechos humanos, la familia de Andy García se aferra a eso como mecanismo de protección y única esperanza de que el joven salga absuelto, saben que su indefensión es total ante un sistema judicial que responde a una ideología.
En las pocas ocasiones en las que les han permitido visitas, fundamentalmente durante la huelga de hambre de Andy, apenas han podido hablar del caso porque los oficiales de la Seguridad del Estado se lo prohiben e incluso les impiden intimidad, es decir, son visitas custodiadas. Mediante cartas enviadas por el joven a su hermana días antes de su huelga de hambre -facilitadas y publicadas por CubaNet- supimos parte de lo sucedido en estos casi cuatro meses de encierro y sobre su resolución respecto a su caso.
“No tienes idea de lo que ha hecho la dictadura conmigo, las amenazas, las torturas mentales, los interrogatorios de madrugada de cinco, ocho y 10 horas como si uno fuera un singao terrorista y sólo por manifestarme pacíficamente, por expresar lo que siento, por ser uno más de los que optan por un cambio, por salir adelante. (…) He aguantado agitones de ellos, amenazas de 20 a 30 años de privación de libertad, cadena perpetua, que si llega a haber una intervención humanitaria que me van a fusilar, la mano de golpe que me dio la policía, etc. (…) Lo que yo hice, lo hice de corazón, tú más que nadie sabes que yo pienso así y que nadie me paga. Ya estoy metido en este mundo de la política y no me quitaré hasta que se caiga el régimen, lo que he pasado no será en vano. Que hagan conmigo lo que quieran. Estoy puesto y los ideales no se negocian”.
Andy García llegó a declararse como prisionero de conciencia y afirmó igualmente: “Ellos (la Seguridad del Estado) dicen que tienen videos míos pero no me los han enseñado porque no existen. No tiré piedras ni agredí a los represores. (…) Me alegra saber que afuera están pidiendo mi libertad, estoy puesto y quisiera que me liberaran pero estoy preparado para que me juzguen”.
El informe de Prisoners Defenders (PD) correspondiente al mes de octubre confirma que, de los 591 presos políticos existentes actualmente en Cuba, 370 pertenecen a la represión relacionada con el 11J, “cifra aún inferior al 25% respecto al total generado por la ola represiva, pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población”.
La mayoría de los detenidos son jóvenes y más del 85% de los que enfrentan condenas superiores a los cinco años no presentan antecedentes penales.
“Todo lo mostrado evidencia que estamos ante un crimen contra la población civil, en particular contra la juventud que, si antes no creía en el sistema impuesto, ahora le tiene pánico al sistema como se le tiene a un criminal sin escrúpulos. Les acompaña la razón y la evidencia ante esta conclusión”, refiere PD.
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