La organización Prisoners Defenders registra hasta octubre de 2021 un total de 591 convictos y condenados políticos en Cuba, señalan en su último informe publicado este 4 de noviembre.
Según el documento, 370 casos pertenecen a la represión relacionada con las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Cuba, cifra aún inferior al 25% respecto al total generado por la ola represiva, “pues resulta del todo imposible conocer los casos entre la población”, agregaron.
Unos 78 prisioneros han salido de la lista en el último año, más de la mitad por cumplimiento íntegro de condena.
En los últimos 12 meses han formado parte de la lista de Prisoners Defenders 683 presos y condenados políticos en Cuba. Con 137 presos y condenados se inició noviembre de 2020.
Desde entonces hasta final de octubre de 2021 han ingresado 544 nuevos casos. Se trata de una fracción de las cifras reales, cuya verificación total es inalcanzable, indica la organización.
La ONG manifestó su preocupación por decenas de casos a los que se imputa el delito de Sedición, con penas solicitadas por encima de los diez años, específicamente a manifestantes del barrio La Güinera, donde el joven Diubis Laurencio Tejeda murió por un disparo de un policía el 12 de julio pasado.
Más del 85% de los casos estudiados por Prisoners Defenders del 11j con condenas superiores a los cinco años son personas sin antecedentes penales.
“La espiral de crecimiento de la lista de presos políticos de Cuba parece imparable. No sólo es superior a los presos políticos de Venezuela y Nicaragua juntos, parece que podrá llegar a ser el doble o más que la suma de ambos. El 11J ha dejado secuelas, como se infiere, en miles de familias en Cuba, cuyos hijos inocentes pueden languidecer en prisión, algunos con penas que pueden suponer más años de los que han vivido. La mayor cantidad de presos se concentra en los barrios y áreas rurales con mayor pobreza y desigualdad de Cuba”, declaró el presidente de PD, Javier Larrondo a ADN Cuba.
Además reconocen otros 11,000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8,400 de ellos convictos y 2,538 condenados, con penas medias de dos años y 10 meses de cárcel, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito.
