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El accidentado trayecto de los mecanismos económico-financieros

Estudiar economía en Cuba es cómo aprender a hablar mandarín para una beca en China y que, en el último minuto, te la cambien para Suecia. Las leyes y categorías propias de ese ámbito son negadas continuamente por su instrumentación en políticas y tienden a expresarse mejor en la economía sumergida que en la oficial.

El rechazo a usar categorías mercantiles provoca que en la información oficial se incluyan las hectáreas sembradas, pero no el precio del producto y sus oscilaciones en el mercado; la cantidad de toneladas a cosechar, nunca las suministradas por la empresa Acopio a los mercados minoristas, ni las ganancias de productores y comerciantes; el crecimiento de la productividad, pero no de los salarios; la migración interna de los trabajadores, sin mencionar los ingresos potenciales de cada sector; etc. A los entrevistados es de mal gusto preguntarle por sus ingresos, como si solo se esforzaran por ganar diplomas.

Releer el acápite «Los errores cometidos», del Informe Central al I Congreso del PCC (1975), provoca en el lector un constante deja vú. Recordemos que algunos de los deslices señalados entonces fueron: falta de productividad por desvinculación del salario y los resultados del trabajo, desestímulo al ahorro, menosprecio de la ley del valor y las relaciones monetario-mercantiles, y exceso de mecanismos administrativos y materiales en la gestión y control de la economía. Tras un viaje azaroso de marchas y contramarchas, todos sobrevivieron hasta el día de hoy. Analicemos someramente el camino recorrido por los mecanismos económico-financieros desde entonces.

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Fidel Castro en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba.

-I-

El Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) adoptado en 1976 sobre la base del cálculo económico soviético, tenía como uno de sus principios la extensión del uso de métodos económico-financieros y de la ley del valor en la gestión económica. Durante una década, esta tendencia fue in crescendo a partir de los conceptos de contabilidad, estadística y mecanismos económico-financieros en versión del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME).

La ciudadanía tornó a valorar en alto grado categorías económicas como: monto del salario, estabilidad del mercado (normado y complementario), ganancia empresarial y sus formas de distribución, ahorro productivo y familiar, política de inversiones del Estado, empleo del presupuesto y otras que penetraron en el discurso y la praxis. No obstante, se arrastraron limitaciones doctrinales y fenómenos del idealismo ultraizquierdista de los sesenta que nunca fueron superados.

Entre ellos: prevalencia de los indicadores físicos ante los financieros; pleno empleo como constante económica indiscutible; dependencia de la economía empresarial de decisiones centralizadas; no uso de las tasas de interés bancario para regular el crédito, el ahorro y la inversión; conversión del voluntarista impuesto de circulación en fuente principal del presupuesto nacional; menosprecio de instrumentos fiscales para gestionar el gasto público.

A esto se suma la prohibición a la población de emplear mecanismos básicos de la economía mercantil: compra-ventas a plazos, uso de chequeras y tarjetas de crédito, intereses bancarios estimulantes, índice de precios al consumidor, correlación salario-inflación, etc.

Con el proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas (RETN, 1986-1990) y su lema: «¡Ahora sí vamos a construir el socialismo!», el mecanismo económico tipo CAME se desmontó bruscamente para implantar uno propio, nunca modelado ni explicado, salvo supuestas innovaciones parciales —contingentes obreros, más estímulos morales, suspensión del pago de la deuda externa, prejuicios contra lo no estatal». Los avances anteriores basados en mecanismos económico-financieros, fueron catalogados de retorno al capitalismo y nuevamente minimizados y/o proscriptos.

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En 1990, al declararse el Período Especial, ya la RETN se había encargado de desmontar los fundamentos del modelo estatista-burocrático tipo soviético, pero no para establecer un socialismo de mercado como el de los chinos (1976) y vietnamitas (1986), sino para hacerlo aún más centralizado y vertical con el renacimiento de muchas prácticas anti-mercantiles del período idealista supuestamente superado.

La profundidad de la crisis trajo consigo sin embargo, a partir de 1993/94, un conjunto de transformaciones descentralizadoras que revalorizaron la autonomía empresarial, interés material, mercado libre agropecuario. Ellas abrieron las puertas a un mayor vínculo con el mundo a través del comercio, inversión extranjera, turismo, descentralización del comercio exterior, apertura de zonas francas y, sobre todo, la dolarización económica y apertura a las remesas. Pero ni así, los mecanismos económico-financieros fueron puestos en el centro de la política económica.

Aunque la tímida liberalización había logrado reanimar la economía entre 1999-2004; la llegada de Chávez al poder y el inicio de la relación preferencial con Venezuela, generó una acelerada involución hacia formas autoritarias y centralizadoras de gestión. Las asociaciones mixtas fueron reducidas y eliminados los negocios inmobiliarios extranjeros; se disminuyó el número de empresas cubanas autorizadas a operaciones directas de comercio exterior y revivió la animosidad hacia el trabajo privado.

La mayor prueba de la falta de visión económica fue la decisión de desmantelar gran número de centrales azucareros y su industria acompañante (2000-2001), y vender los hierros viejos como chatarra al mejor postor, sin que se explicara nunca dónde fueron a parar los millones de USD obtenidos de golpe. La industria azucarera, pilar de la identidad nacional, vencedora de numerosas crisis durante su secular historia y una de las más diversificadas y prometedoras a nivel mundial, sufrió un golpe del que jamás se ha repuesto. ¡Los mecanismos de formación de precios eran tan antieconómicos, que la industria que sostenía al país con sus ventas al exterior aparecía como subsidiada por este!

A mediados de la primera década del siglo XXI, se acrecentó el voluntarismo en el empleo de los mecanismos económicos. En 2004 se informó que el PIB cubano «reevaluado» recuperaba el nivel de pre-crisis gracias a un nuevo método de cálculo que incluía el monto de los servicios sociales gratuitos, más una tasa de ganancia, y los subsidios en precios a la población.

La polémica suscitada adquirió dimensión internacional y disminuyó la credibilidad en las cifras oficiales cubanas, pues el método adoptado no utilizaba la metodología de la ONU aceptada por el resto del mundo. En la calle se decía que la economía crecía en las estadísticas, pero no en el consumo de las familias.

Ese año se inició una ola de apagones por fallas en las termoeléctricas, obsoletas y faltas de mantenimiento. Sin una visión a largo plazo del proceso inversionista, la crisis de generación no se resolvió, solo se solventó temporalmente mediante la sustitución de equipos electrodomésticos obsoletos por modernos, cambio de bombillos incandescentes por ahorradores, promoción de fuentes alternativas de energía, y reducción de pérdidas en la trasmisión y distribución de electricidad con la rehabilitación de las redes eléctricas.

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Fidel Castro en el Palacio de Convenciones, en la implementacipon de los programas energeticos. (Foto: Ismael Francisco/Cubadebate)

El factor principal fue soslayado, pues en lugar de invertir en la reposición de termoeléctricas, que son más eficientes y funcionan con crudo cubano, se compraron costosas plantas de refuerzo pico y de generación descentralizada (grupos electrógenos) que se distribuyeron por todo el país. En consecuencia, la compra de costosas fuentes secundarias solo dilató la modernización del sector, multiplicó los gastos por importación de combustibles y generó los actuales apagones. 

Una de las medidas trascendentales de entonces fue la extensión, selectiva y paulatina, del Sistema de Perfeccionamiento Empresarial (SPE), una experiencia de administración nacida en las empresas militares que lograra éxitos en los indicadores fundamentales de producción. Su método de gestión se basaba en el cálculo económico, descentralización de la gestión empresarial y mecanismos que contribuyeran al aumento de la eficiencia; una especie de vuelta al defenestrado SDPE, pero limitado al seno de las FAR.

En el SPE, los mecanismos económicos se modificaban y eran supeditados a las decisiones del Alto Mando, no a las exigencias de la economía nacional. De ahí que, cuando se pretendió generalizarlos a la economía civil, la tarea no diera resultados y cayera en el olvido.

Desde 2004, las exportaciones de servicios profesionales de alto valor agregado sobrepasaron al turismo, tanto en el PIB como en las exportaciones. Pero estaban  liderados por los de tipo social (Educación y Salud), impulsados internamente por la demanda de los programas de la Batalla de ideas y desde el exterior por los programas de mejoramiento social de Venezuela y otros países del progresismo latinoamericano nucleados en el ALBA (Brasil, Ecuador, Bolivia, etc.).

En aquel período de bonanza en la balanza de pagos, lejos de incentivarse el empleo de mecanismos financieros, proliferaron medidas administrativas que perjudicaron la marcha natural de los procesos económicos. Entre ellas, la creación de los Comités de asignación de divisas y de la Cuenta Única de ingresos del Estado, para que este dispusiera nuevamente de fondos en divisas según su arbitrio.

Esta decisión marcó el fin de la relativa autonomía financiera de las empresas, que ahora recibirían asignaciones estatales de divisas, no según las necesidades de sus ciclos económicos, sino a tenor de la voluntad y disponibilidad estatal en el momento de la entrega.

Una de las disposiciones más perjudiciales de entonces fue la reevaluación arbitraria del CUP con relación al CUC, y la reevaluación de este último frente al dólar —con una increíble tasa de cambio de 1×1— y otras monedas convertibles. Esto encareció las exportaciones y abarató artificialmente las importaciones, contribuyendo así  al crecimiento de la voluntad importadora. Agricultura, industria e infraestructura se vieron perjudicadas por la falta de inversiones y cayeron en una espiral descendente que aún persiste.

El fin de la Batalla de ideas, la crisis del 2008, los problemas de Venezuela y el repliegue de los gobiernos de izquierda en varios países latinoamericanos, dio al traste con el espejismo de una economía de servicios basada en encargos gubernamentales, no en demandas del mercado.

El andar zigzagueante de las reformas económicas durante casi tres lustros se explica, entre otros factores, por la demora en extender y potenciar el uso de mecanismos económico-financieros y dado el predominio de criterios administrativos y político-ideológicos en la conducción de los procesos económicos.

Con o sin bloqueo estadounidense, no estaríamos en esta catástrofe económica si se hubieran potenciado dichos instrumentos con el mismo empeño que se puso en organizar magnos eventos políticos; redactar documentos programáticos; crear todopoderosas comisiones que han demostrado ser buenas para nada; aprobar normas legales intrascendentes y echar atrás decisiones liberalizadoras respecto al trabajo privado y cooperativo.

Abrir mayores espacios a los emprendimientos productivos de cualquier signo, con agilidad y menos trabas burocráticas; descentralización económica y territorial; desmontaje de retrancas administrativas inexplicables que han frenado el funcionamiento de la economía por largos períodos y siguen ahí (doble moneda, OSDE, Acopio, etc.); pueden ser medidas que contribuyan a poner la economía sobre sus propios pies y superar el largo y tortuoso camino de los errores cometidos.  La política es expresión concentrada de la economía, pero no se hace economía con criterios y modos político-militares, sino con mecanismos económico-financieros de probada eficacia universal.

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