LA HABANA, Cuba. – En la Petición Fiscal 143/2021 del Tribunal Provincial de La Habana, los delitos se describen de manera vaga, aunque los fiscales hayan utilizado 61 páginas para contar una historia que, por momentos, se hace hilarante. El documento podría referirse a los acusados a los que alude, o no. Todas ellos son descritos dentro de una multitud no identificada.
Además, los perfiles de los acusados son racistas. Entiéndase el racismo como el sistema de ideologías que no solo discrimina por el color de la piel, sino por estrato social, creencias religiosas, relaciones interpersonales. Esto sucede con respecto a Nayn Luis Marcos Molinet (21 años), a quien los fiscales le piden 17 años de privación de libertad y del que mencionan, como agravante, que “se encuentra relacionado con la religión Abakkua” (así, mal escrita). Aquí se suman los prejuicios que ha inculcado la moral revolucionaria contra cualquier asociación, religiosidad o congregación que no sea la comunista.
Aun cuando se alude a varios artículos del Código Penal, lo que parece haber definido las condenas son los perfiles contradictorios y cargados de prejuicios de cada uno de los acusados.
¿Cómo las palabras obscenas pueden ser un argumento? ¿Qué es una “conducta antisocial” para la Fiscalía o los investigadores? ¿Quién juzga en estos casos? Se trata más de criterios morales que evidencias o hechos.
En las descripciones abundan argumentos de este tipo. Por ejemplo, a Francisco Eduardo Soler Castañedo (49 años) le piden 22 años. Su perfil dice que es “una persona no muy comunicativa”, que “muestra un carácter introvertido y un lenguaje un poco vulgar”. Además, señala que “es catalogado por los residentes del lugar como una persona antisocial” y que “se ha visto que se reúne con personas de su misma clase”. Pese a haber sido sancionado con anterioridad, en la causa 153 del 2017 del Tribunal Provincial Popular de La Habana, por un delito de “lesiones”, en lo que más se detiene su ficha es en juicios morales.
Asimismo, solo se explica desde la discriminación la solicitud fiscal de 16 años de privación de libertad para Rafael Jesús Núñez Echenique, de 18 años y sin antecedentes. El único argumento esgrimido en su contra es que “no posee vínculo laboral”. No obstante, abundan otras percepciones que pueden estar sujetas a subjetividades: “Sus vínculos más allegados son jóvenes, los cuales tienen un comportamiento parecido al suyo”.
Resaltan los casos de Duannis Dabel León Taboada, de 22 años de edad, y de Adael Jesús Leyva Díaz y Lauren Martínez Ibañez, de 18, a quienes la Fiscalía pide 21 años de cárcel. El factor común en estos casos, según él órgano del régimen, es que deambulan “a altas horas de la noche” y se relacionan, saludan, hablan, con “elementos antisociales”, es decir, una percepción clasista establecida como agravante.
Ni a Duannis Dabel ni a Adael Jesús les constan antecedentes penales. Por su parte, la vida que según Fiscalía lleva Lauren Martínez —de quien se señala una sanción por el delito de “portación y tenencia ilegal de armas” de ocho meses— debiera ser más objeto de interés de algún trabajador social que de los agentes de la Policía.
Otro caso de este tipo es el de Jorge Vallejo Venega, de 35 años, a quien la Fiscalía le pide 22 años. Esta institución, sin tener en cuenta la presunción de inocencia o la ausencia de antecedentes penales, argumenta que el joven ha sido visto en el barrio de Mantilla “en trasiego de productos desconocidos” y que “ha presentado problemas de riñas y alteraciones del orden público”.
En otros casos, por el contrario, se señala que los acusados participan “en las actividades del CDR y en las tareas asignadas por la cuadra”, aunque también se reconocen sus antecedentes penales.
Sin embargo, de nada parecen servirles estas referencias “positivas” a Adrián Oljales Mora (23 años) y a Yunaiky de la Caridad Linares (24), quien además fue secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas y “desempeñó importante labor en la actualización del proceso para la nueva Constitución cubana”. Para ambos, la Fiscalía pide 17 años de privación de libertad.
Tampoco le sirvieron a Yussuan Villalba Sierra (31), a quien le piden 20 años tras apuntes del tipo: “el tiempo libre [se dedica] a deambular por el reparto y presenta un modo de vida normal, se viste a la moda”.
Según la lógica que sigue el documento ―que señala la marginalidad, lo marginal y lo marginado como condiciones de los acusados― no se puede predecir qué pasará con Alexander Ayllón Carbajal, de 23 años y con una petición fiscal que iguala su edad. “No se vincula con personas de mala conducta ni deambula a altas horas de la madrugada y participa en las actividades del CDR”, reza el documento, que también señala la ausencia de antecedentes penales.
Por otro lado, está el adolescente Rowland Jesús Castillo Castro (17 años) que por no arrepentirse ni sentir vergüenza de haber participado en el estallido social, le piden 23 años. En la petición fiscal lo reconoce como atleta de la escuela Provincial de Educación Física “Manuel Fajardo”, describe a sus amistades casi con asco.
“Mantiene muy pocas relaciones sociales en el barrio, se le ha visto reunirse con individuos que por la manera de vestir desordenada y de comportarse guaposa y grosera, con un lenguaje vulgar denotan ser elementos antisociales”.
Esta es una de las cientos de maneras usadas en la petición fiscal 143/2021 para referirse a las personas negras y pobres del municipio de Arroyo Naranjo.
También al adolescente Kevin Damián Frómeta Castro (19) le piden 18 años por una acusación conjunta de sedición y hurto. A ese mismo tiempo, por las mismas acusaciones, quieren condenar a Brandon David Becerra Curbelo (17).
Por su parte, a Kendry Miranda Cárdenas (17) le solicitan 20 años por sus antecedentes penales y por las mismas acusaciones a las que se enfrentan Giuseppe Belaunzaran Guada (16) y Lázaro Noel Urgellés Fajardo (17), quienes podrían afrontar una condena de 13 años por los supuestos delitos sedición y hurto.
Con la petición fiscal 143/2021 podría trazarse un mapa de los barrios pobres de La Habana. En el documento también aparecen los nombres de Asley Nelson Cabrera Puentes (39), al que describen como violento; Donger Soroa González (30), quien tendría “problemas con las bebidas alcohólicas”; y Yoanky Báez Albornoz (27), “persona de pocas palabras”. A todos les piden 25 años de privación de libertad.
Los fiscales lo mismo solicitan 22 años para quienes tienen antecedentes penales, como Alexis Borges Wilson (57), que para quienes no, como Henry Fernández Pantera (40).
También están los que esperan condenas de 20 años y tampoco tienen antecedentes como Dayan Gustavo Flores Brito (22) y Oscar Bárbaro Bravo Cruzata (23), contra los que solo pueden argüir que “mantienen escasas relaciones con sus vecinos”. Con antecedentes, pero esperando la misma condena, está Daisy Rodríguez Alfonso (38), alias “Pistolita”.
Unos y otros son objeto de criterios moralizantes en los perfiles construidos por la Fiscalía. No obstante, hay dos casos que sobresalen porque sus fichas apenas tienen argumentos y, aun así, ambos acusados afrontan severos castigos.
Las descripciones que presenta la Fiscalía parecen un esfuerzo por “limpiar” la calle de delincuentes, una noción que es por sí sola excluyente y que define a las autoridades desde teorías lombrosianas y racistas.
En el documento, hay casos que no se comprenden por la falta de argumentos o los cambios injustificados. A Edel Cabrera González (28) le modificaron el delito a mitad de investigación. En un inicio estaba acusado de desacato y era un secreto a voces que le pedían 15 años por haber defendido a una manifestante. Ahora aparece en la petición fiscal 143/2021 con el delito de sedición. Lo único que pueden esgrimir en su contra es que se unió a la manifestación, que observó mientras otros se manifestaban y que supuestamente se subió a la patrulla que volcaron otros.
Sobre Juan Emilio Pérez Estrada hay más preguntas que respuestas. ¿Por qué le corresponde la sanción más alta si lo escriben como una persona afable y honesta? ¿Cuál es la agravante en su caso?
Lo mismo sucede con los 16 años de petición de Brayan Piloto Pupo (16), estudiante de Construcción de Estructura en el Politécnico “René Ramos Latour”, con los 18 años de Luis Armando Cruz Aguilera (21) o con los 20 de Dayan Gustavo Flores Brito (22), un músico aficionado.
La 143/2021 habla más del sistema judicial que de los acusados. Autoridades prejuiciosas y dispuestas a criminalizar la pobreza, a continuar con el ciclo de la violencia, en el que las personas que viven en desventaja social, las que han tenido menos acceso a estudios superiores, terminan atrapados para siempre.
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