El 8 de octubre, la iniciativa “Ayudando a las Víctimas Afectadas por Ataques Neurológicos” –conocida también como HAVANA Act of 2021 o Ley de La Habana– pasó a formar parte de la legislación estadounidense, después de ser firmada por el presidente de ese país, Joseph Biden.
El documento, presentado en el Senado el 25 de mayo de este año, autoriza a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), al Departamento de Estado y a otras agencias gubernamentales a realizar pagos al personal afectado por heridas cerebrales, como resultado de hostilidades, mientras se encontraban en funciones.
Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, la regulación responde a los daños neurológicos y cognitivos inusuales reportados por funcionarios del Gobierno, de inteligencia y diplomáticos durante misiones en el extranjero. La causa de las afectaciones se encuentra actualmente bajo investigación; pero debido a que los primeros casos se presentaron en el personal ubicado en Cuba, el conjunto de síntomas ha pasado a ser conocido como síndrome de La Habana.
Periodismo de Barrio responde algunas preguntas esenciales para comprender el contenido de la Ley.
¿Cuál es el objetivo de la Ley de La Habana?
El texto tiene el propósito de enmendar la Ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 con el fin de permitir la realización de pagos al personal que haya sufrido heridas cerebrales, tanto de la CIA como funcionarios del Departamento de Estado.
Previo a la aprobación de la Ley de La Habana, la sección 3519b del capítulo 46 de la Ley de la CIA establecía la autoridad del director de la Agencia para realizar pagos a individuos que hubieran sido heridos por motivos de guerra, insurgencias, actos hostiles, actividades terroristas u otros incidentes. Con la nueva norma se incluye dentro de este grupo las afectaciones del síndrome de La Habana.
En la declaración realizada al momento de firmar la Ley, el presidente Biden afirmó que responder a los incidentes de salud experimentados por los funcionarios estadounidenses ha sido una prioridad de su administración: “Estamos poniendo a disposición la totalidad de los recursos del Gobierno de Estados Unidos para ofrecer atención médica de primer nivel a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, lo que incluye determinar su causa y quiénes son responsables”.
¿Quiénes pueden beneficiarse de las provisiones de la nueva ley?
Tanto el director de la CIA como el secretario de Estado y los jefes de otras agencias gubernamentales pueden autorizar pagos a individuos, empleados y sus dependientes cubiertos.
También se incluye a los exempleados y sus dependientes que se encontraban designados en Cuba, China u otra nación extranjera y que resultaron afectados en o después del primero de enero de 2016. Es decir, los pagos no solo cubren a los funcionarios, sino también a los familiares o acompañantes que sufrieron daños cuando se encontraban en el extranjero.
¿Cómo fue el proceso de aprobación de la Ley?
A grandes rasgos, un proyecto debe conseguir la aprobación de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) y del Senado (Cámara Alta) –los cuales, en conjunto, conforman el Congreso–, además de obtener la firma del presidente de la nación para que pueda convertirse en ley.
Las iniciativas pueden originarse en cualquiera de las dos cámaras y deben ser llevadas a sesión por un representante o senador, en dependencia de dónde vaya a ser presentada. Posteriormente, los proyectos de ley son asignados para su revisión a los comités de trabajo sobre áreas específicas que poseen ambas cámaras, los cuales se encargan de estudiar y analizar las propuestas de legislación sobre temas de su competencia. A su vez, cada comité posee varios subcomités, creados, igualmente, para abordar tópicos específicos.
La propuesta “Ayudando a las Víctimas Afectadas por Ataques Neurológicos” fue introducida en la Cámara Alta por la senadora republicana de Maine, Susan M. Collins, el 25 de mayo de este año, y copatrocinada por el presidente del Comité de Inteligencia, el senador demócrata de Virginia, Mark Wagner, por el vicepresidente de ese comité, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, además de otros diecisiete senadores.
El texto fue leído dos veces y enviado al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. En esta etapa el Comité puede discutirlo, realizar audiencias para recabar más información sobre el documento y proponer modificaciones al texto. A continuación, al interior del Comité se decide si el proyecto debe ser llevado a votación ante el Senado o la Cámara de Representantes en pleno. Después de ser aprobado en una de estas dos instancias, pasa a la otra cámara donde se repiten los pasos anteriores. Si se obtiene un voto favorable, el proyecto es enviado al presidente para su firma.
Así, el 7 de junio, después de concluir su evaluación por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el texto fue sometido a votación en el Senado, aprobado por unanimidad y enviado a la Cámara de Representantes para la siguiente etapa del proceso.
Finalmente, el 21 de septiembre, con 427 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley, el cual fue presentado el 27 de septiembre al presidente Biden, quien lo firmó el 8 de octubre, convirtiéndolo así en ley.
¿Han existido otras iniciativas en el Congreso para realizar pagos a los funcionarios afectados por el síndrome de La Habana?
Sí. De hecho, la ley aprobada incorporó gran parte del contenido de dos iniciativas previas: el proyecto de ley S.1714 y el HR.3356, ambos con la misma denominación de HAVANA Act of 2021.
El primero fue introducido en el Senado el 19 de mayo, también por la senadora Susan M. Collins, y el 94% de su contenido se incorporó en la legislación aprobada; mientras que el HR.3356 fue presentado en la misma fecha en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Adam Schiff, representante del distrito 28 de California, y en la ley adoptada se incluyó el 67% de su contenido.
