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Revolución, socialismo y democracia

La sociedad cubana vive un proceso de cambios que, al parecer, no está siendo interpretado adecuadamente por la dirigencia política. Después de más de sesenta años desde el triunfo de la Revolución, el país es menos próspero económicamente; menos equitativo; más dependiente de las condiciones externas; con menor capacidad productiva; inmensas extensiones de tierra, otrora sembradas de caña o frutales, son pasto de marabuzales; varias de sus industrias, incluida la azucarera, padecen de un estancamiento crónico; edificios de viviendas o partes de ellos se desploman por falta de reparaciones; el sistema educativo se resiente dado el deterioro de sus edificaciones, la escasez relativa de maestros, escasa producción de libros y baja cobertura y calidad del acceso a Internet; y el de salud enfrenta una grave escasez de medicamentos e implementos médicos, además del deterioro de muchos hospitales.

En ese mismo tiempo, la mayor parte de los gobiernos estadounidenses ha pretendido interferir, con acciones directas o socavadas, en los asuntos internos de la Isla, imponiendo sanciones económicas que aunque en teoría se dirigen al gobierno, afectan principalmente a la población.   

El discurso oficial se ha basado en todo momento en la tesis de la «fortaleza sitiada» como argumento para explicar la difícil situación económica del país. Esto le ha impedido asumir su responsabilidad en los errores cometidos en materia de política económica durante más de seis décadas, al tiempo que pretende asociar a esa idea cualquier disenso interno, denunciado como resultado de acciones enemigas desde el exterior.  

Mientras tanto, el consenso mayoritario que caracterizó el respaldo al Gobierno Revolucionario en los primeros años se ha deteriorado notablemente. Ello se explica debido a la ineficacia de sus políticas económicas, que se traducen en un empeoramiento del bienestar; así como por el anquilosamiento de un sistema político que responde cada vez menos a las expectativas de importantes sectores de la sociedad, especialmente a gran parte de las jóvenes generaciones.

A lo largo de más de seis décadas, ha sido persistente la sangría migratoria, principalmente de jóvenes y profesionales que buscan otras opciones de vida al no encontrarlas en su país de origen. Pero también han emigrado quienes por una u otra razón sienten frenadas sus oportunidades de desarrollo, consecuencia de las sostenidas políticas de exclusión adoptadas por distintas esferas de poder.

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El consenso mayoritario que caracterizó el respaldo al Gobierno Revolucionario en los primeros años se ha deteriorado notablemente. (Foto: Yamil Lage/AFP)

En franco desafío a la realidad, desde las estructuras del poder y sus medios de propaganda se mantiene un discurso ideológico esclerosado, que intenta sacralizar conceptos como Revolución o Socialismo para inscribirlos en piedra, y de paso, pretende que su propia definición de tales conceptos sea la única aceptable. A tenor con esto allanan peligrosamente el camino al rechazo total, por parte sobre todo de las jóvenes generaciones.

De manera insistente, la propaganda oficial y los principales líderes presentan la Revolución como fenómeno político perenne por más de seis décadas.

Desde el punto de vista etimológico, revolución significa un cambio profundo — generalmente violento—, de las estructuras políticas, sociales y económicas de un país. El destacado matemático, economista, historiador y revolucionario francés Nicolás de Condorcet afirmaba que «la palabra revolucionario puede aplicarse únicamente a las revoluciones cuyo objetivo es la libertad». Y precisamente él padeció la represión jacobina.

La francesa fue una revolución burguesa inspirada en los valores de «libertad, igualdad y fraternidad» contra los privilegios feudales y la opresión monárquica. Sin embargo, el uso frecuente de la guillotina resultó luego contradictorio a esos valores. La rusa fue una revolución proletaria, dirigida por no proletarios que actuaron en su nombre, y que en lugar de la «dictadura del proletariado» instauraron la dictadura de un partido, el bolchevique, que devino dictadura personal y más tarde dictadura de una casta burocrática.

La Revolución cubana fue inspirada en el restablecimiento de la democracia, y en el logro de la igualdad y la justicia social. Una vez en el poder, su liderazgo abandonó el ideal democrático y encaminó el país hacia un sistema socialista, para lo cual utilizó herramientas ya ensayadas en otras experiencias internacionales, a saber: la confiscación no solo de la gran propiedad capitalista nacional y extranjera, sino también de los pequeños negocios privados, las grandes extensiones de tierra, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, entre otras medidas.

Como resultado, se produjeron transformaciones sociales de gran calado. El acceso universal y gratuito a la educación y la salud para todos los ciudadanos fueron indudables conquistas. El énfasis en el desarrollo de ambos servicios sociales fue en sí mismo una revolución en la Revolución.

Como proceso, tuvo un fuerte componente nacionalista al expropiar las grandes empresas extranjeras, especialmente estadounidenses, lo cual se tradujo en un enfrentamiento abierto con el vecino del Norte, que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales y a la imposición del embargo. Todo este fenómeno, en el contexto de la Guerra Fría, facilitó los contactos del liderazgo revolucionario con el gobierno soviético, a través del entonces Partido Socialista Popular.

Pero ninguna revolución es eterna. Deja de serlo cuando se institucionaliza. A partir de entonces ya no se producen cambios profundos y se convierte en un sistema. Esta realidad pone en solfa la insistente dicotomía insular entre revolucionarios y contrarrevolucionarios.

¿Pueden ser revolucionarios los que defienden un status quo que, por demás, pretenden eternizar? ¿Son revolucionarios quienes limitan las libertades políticas? ¿Merecen el calificativo de contrarrevolucionarios los que pugnan por cambios sociales y políticos en pro del establecimiento de libertades políticas y de un sistema democrático?

El socialismo

El «socialismo real» se ha caracterizado por el establecimiento de una identidad entre estatización y socialización de los medios de producción. En Cuba se aplicó siguiendo la tradición establecida por la URSS y transmitida a los demás países en que se impuso este sistema. Tal identidad parte del argumento de que si el «Estado es de todo el pueblo», el dominio de la propiedad estatal significa que es de todo el pueblo.

En los países del «socialismo real», en lugar de «dictadura del proletariado» se estableció la dictadura de un partido y, dentro de él, la dictadura de «un puñado de políticos», como escribiera Rosa Luxemburgo respecto a la revolución bolchevique. En algunos casos o etapas históricas, dichos modelos han combinado el autoritarismo con la autocracia.

Esto ha impedido la transición hacia el «Estado de todo el pueblo» del que hablaban Marx y Engels en la supuesta etapa socialista del modo de producción comunista. De ahí que la estatización de los medios de producción no llegara a significar, en realidad, una socialización de los mismos, porque los supuestos propietarios colectivos de dichos medios, es decir, la sociedad en su conjunto, carece de los mecanismos para incidir o controlar la gestión de esa propiedad, la cual queda en manos de la burocracia.

Los hipotéticos dueños de los medios de producción carecen de mecanismos efectivos para hacerse valer, pues no poseen la posibilidad de influir en su gestión, de elegir a los gobernantes y gerentes de forma directa, ni de establecer controles sobre los mismos, revocándolos cuando su desempeño sea incorrecto. En consecuencia, no existen razones objetivas para concretar su condición de propietarios y ello genera, en la mayoría de los casos, el desinterés por los resultados de la producción.

En el caso específico de las empresas estatales cubanas, los gerentes han debido ceñirse a las directrices de autoridades superiores en los ministerios y, más recientemente, en las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE), nuevo eslabón en la cadena de decisiones que limita la autonomía de las empresas. Finalmente, las OSDE y los ministerios deben regir su actividad por el Plan de la Economía Nacional, que tiene un carácter directivo y centralizado.

La crítica a la eficacia de este mecanismo no es nueva. En la URSS y demás países de su órbita fueron advertidos en varios momentos de la historia, tanto por académicos marxistas como por dirigentes políticos, lo cual llevó a profundos debates y a la adopción de disímiles intentos de reformas económicas. Estos debates se centraban en el papel del mercado y de las relaciones monetario-mercantiles en el socialismo.

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János Kornai (Foto: MTA/SZIGETI TAMÁS)

Destacan los trabajos de Evsei Liberman, Ota Šik, János Kornai, Wlodzmierz Brus, Czeslaw Bobrowski, Edvard Kardelj, Charles Bettelheim, Paul Baran, Paul Sweezy y Leo Huberman, entre otros. Ello dio paso a algunas reformas económicas, tales como la «autogestión yugoslava» desde los años cincuenta; el «nuevo mecanismo económico húngaro», adoptado tras la invasión soviética de 1956 y que fue evolucionando lentamente hasta los años ochenta; las reformas polacas entre fines de los cincuenta y durante los sesentas; las tímidas reformas «de Kosyguin» en la URSS, en la segunda mitad de los sesenta; y los intentos de reformas de Dubček en Checoslovaquia en 1968, a los que puso fin la invasión de cinco países del Pacto de Varsovia.

Los problemas inherentes a la falta de realización de las relaciones socialistas de producción no fueron resueltos en ninguno de los casos. Por esas y otras razones, el «socialismo real» no pudo evitar la crisis que provocó su hundimiento a fines de los años ochenta.

En Cuba, durante la mayor parte del proceso, las decisiones se han adoptado con un alto nivel de centralización, especialmente durante el mandato de Fidel Castro. Sin embargo, en los setenta, la adopción del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE) significó una esperanza de mejoramiento de los mecanismos de planificación económica, con determinado grado de descentralización de las decisiones.

Este sistema, que no resolvía los problemas de eficiencia que arrastraba el país desde la estatización de la mayor parte de la economía, tampoco pudo funcionar a plenitud y fue abortado por el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas, a mediados de los ochenta.

En resumen, en Cuba, como en otros países del «socialismo real», no han podido desarrollarse las relaciones socialistas de producción debido a la escasa socialización de los medios de producción, formalmente en manos de todo el pueblo pero en realidad controlados por la burocracia, que no se siente obligada a rendir cuentas de su gestión económica y política, porque el sistema de gobierno resulta vertical desde el centro de poder hasta la base de la sociedad y posee un inmenso déficit democrático.

La democracia

Constitucionalmente, Cuba es un «Estado socialista de derecho» y rige en él una «democracia socialista». Ya se ha explicado que su carácter socialista es cuestionable ante la ausencia de una verdadera socialización de los medios de producción. La ausencia de democracia real es la razón principal que limita que los supuestos propietarios de los medios de producción puedan controlar la gestión de su supuesta propiedad.

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Esta Constitución le niega el derecho a las próximas generaciones de cubanos a decidir el sistema en que desean vivir, lo cual solo puede ser catalogado de absurdo. (Imagen: Alfredo Martirena Hernández / Cubahora)

Los ciudadanos cubanos somos los únicos latinoamericanos imposibilitados de elegir por sufragio universal, directo y secreto al presidente y vicepresidente de la República; tampoco poseemos derecho a elegir de forma directa a los mandatarios provinciales y municipales; no disponemos del derecho a elegir a los diputados a la Asamblea Nacional entre varias alternativas, sino que nos enfrentamos a una lista única que responde a las decisiones del Partido Comunista de Cuba, único legal y al que se le asegura un carácter dominante en la sociedad, haga lo que haga, trabaje bien o mal, da igual.

Esto es lo más cercano al «derecho divino» del absolutismo dieciochesco. En el centro de poder se decide quiénes serán los «candidatos»; se determina quién promueve y a quién es necesario remover; se nombran diputados que representan a municipios que ni siquiera conocen y a quienes no rinden real cuenta.

En tales condiciones la sociedad, formada por los supuestos propietarios colectivos de los medios de producción, asume un rol pasivo. Solo es consultada en condiciones excepcionales, en referéndums donde solo se hace propaganda de la opción que promueve el gobierno y no de otras.

Para colmo, desde 2002 se colocó un apéndice a la Constitución de 1976, luego incorporado a la de 2019 en el artículo 4, que establece que «el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable», mientras, en el artículo 229 se insiste en que el carácter irrevocable del sistema no es reformable.

Con esa formulación resulta difícil probar el carácter marxista de los fundamentos ideológicos del sistema, puesto que con unas cuantas lecturas básicas donde Marx aborda las cuestiones relacionadas con el materialismo histórico —e incluso con un conocimiento elemental sobre las lecciones que demuestra la historia misma—, es perfectamente posible advertir que no existe ni ha existido sistema alguno que pueda ser catalogado de inmutable o irrevocable.

La realidad es mucho más rica que las sentencias grabadas en piedra. Pero lo más grave es que esta Constitución le niega el derecho a las próximas generaciones de cubanos a decidir el sistema en que desean vivir, lo cual solo puede ser catalogado de absurdo.

Como ha podido verificarse últimamente, el reconocimiento que la Constitución hace de una serie de derechos a la ciudadanía está siendo negado, tanto por autoridades administrativas como por mecanismos legales, lo cual deja claramente en entredicho al sistema legal del país.

En este contexto resultan evidentes una serie de contradicciones internas, tanto en el sistema político como en el económico, que conducen a la necesidad de una profunda transformación de ambos, a tono con los cambios de época y de la sociedad.

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