Los cubanos que se animaron a manifestarse contra el régimen comunista en Cuba el pasado 11 de julio y en jornadas posteriores continúan siendo severamente castigados por ejercer su derecho a la libre expresión, como confirman las nuevas peticiones fiscales y condenas.
La petición fiscal para Emiyoslán Román Rodríguez, quien tenía solo 17 años al ser detenido tras manifestarse el 12 de julio en La Güinera, es de 15 años de privación de libertad. A su hermano Yosney Emilio le piden 20, denunció la plataforma de monitoreo Justicia11, creada a raíz de la ola represiva.
Una condena de 10 años de prisión ha pedido el sistema judicial cubano para el pastor cubano Lorenzo Rosales residente de Palma Soriano y detenido tras las protestas. A través de las redes sociales, la esposa del pastor Lorenzo dijo que el abogado le informó que la Fiscalía lo acusa por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato, y atentado.
Abel González Lescay, un estudiante de Música en la Universidad de las Artes – Instituto Superior de Arte (ISA), en este momento en prisión domiciliaria por haberse manifestado en Bejucal el 11J, podría recibir una sanción de prisión de siete años por los presuntos delitos de desacato, desorden público, propagación de epidemias e instigación a delinquir, de acuerdo a una notificación de la Fiscalía Provincial de Mayabeque.
Esta misma Fiscalía pidió 25 años de privación de libertad para el cubano Maikel Puig Bergolla, por los supuestos delitos de desorden público, desacato, instigación a delinquir y tentativa de asesinato, por sumarse a la manifestación popular anticomunista en su municipio Güines, según declaró a la prensa su esposa Saily Núñez Pérez.
Puig Bergolla fue arrestado el 12 de julio, un día después de las protestas y se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Quivicán, provincia Mayabeque. Fue arrestado por dos guardias vestidos de civil frente a su casa.
Por otro lado, el joven cubano Karel Aguilar Rueda, de 23 años de edad, fue condenado el 21 de octubre a 10 meses de cárcel con correccional e internamiento por los presuntos delitos de desorden público y desacato por haber protestado en solitario, el pasado 13 de julio, en un parque de Gibara, Holguín. Los videos muestran que durante la detención Aguilar Rueda no hizo resistencia al arresto.
Otro joven, el artemiseño Yeremin Salcine enfrenta acusaciones de desorden público, desacato y atentado por haber salido a manifestarse el 11 de julio, ha recibido una petición fiscal de 12 años de cárcel.
Se encontraba junto a otros jóvenes en las afueras de la estación policial de la provincia Artemisa cuando un camión con Boinas Negras llegó para reprimir a los manifestantes. En el arresto y posterior traslado a la prisión de máxima seguridad del municipio Guanajay, Yeremin recibió golpes que le ocasionaron lesiones en la cabeza.
También, a inicios de octubre, trascendió que el activista de la comunidad LGBTI, Yoan de la Cruz, encarcelado en la prisión de Melena del Sur en Mayabeque, ha recibido una petición fiscal que lo condenaría a cumplir 8 años de cárcel. De la Cruz ha sido señalado como el autor de la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños, consideradas inicio de las manifestaciones antigubernamentales en todo el país.
El jueves 21 de octubre durante la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la abogada cubana Laritza Diversent, directora del grupo de Asesoría Legal Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio se han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos.
Una investigación de Human Rights Watch divulgada esta semana determinó que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas.
“En los 130 casos documentados en detalle por Human Rights Watch, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas. En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas”, indicó el reporte.
En la mayoría de los casos que documentó Human Rights Watch, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltratos durante la detención. Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo. A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar.
