LA HABANA, Cuba.- Durante una reciente conferencia de prensa, el ministro cubano de Economía y Planificación, Alejandro Gil, declaró que una de las prioridades de su gobierno consiste en luchar contra una inflación que “golpea a la población de manera brutal”, y agregó que “combatirla lleva medidas muy técnicas, pero también hay que apelar a la ética, porque no estamos en un país donde se salva el que pueda” (“Golpeados, pero en busca de soluciones”, periódico Juventud Rebelde, edición del 15 de octubre).
En realidad, el castrismo está a las puertas de un callejón sin salida con respecto a esa brutal inflación. La implementación de la Tarea Ordenamiento, tal como se esperaba, disparó los precios de todos los bienes, servicios e insumos productivos en el país. En el caso del sector agropecuario, por ejemplo, las autoridades toparon los precios de venta a la población, redujeron centralizadamente las tarifas de algunos de los insumos que necesitaban los campesinos para su gestión productiva, e iniciaron un proceso de “convencimiento” con los productores para que en tales condiciones continuara la gestión productiva-comercializadora.
Sin embargo, la vida demostró que semejante estrategia no convenció a los productores, y solo con la eliminación del tope de precios reaparecieron los productos en las tarimas. Fue una muestra de que ya los campesinos -e incluso otros actores económicos- no responden tan cabizbajamente ante las exhortaciones ideológicas de la maquinaria del poder.
Por ello resulta sorprendente que ahora el ministro Gil pretenda acudir a la ética de los productores para que rebajen sus precios de venta. Muchos temen que ese llamado del funcionario encierre un riguroso método administrativo de dirección de la economía que ponga el mecanismo de ordeno y mando en un primer plano.
Para nadie es un secreto que la principal causa de la inflación que hoy atenaza al cubano de a pie es el déficit de oferta que se observa en las tiendas y mercados estatales. Eso obliga a los consumidores a acudir a la economía sumergida -o bolsa negra-, donde cada cual eleva lo más posible los precios de sus productos y servicios, como respuesta a que a ellos también les resultarán más caros los bienes que necesiten. Es el clásico círculo vicioso.
Los precios de las comidas que ofertan las cafeterías particulares son una muestra fehaciente, entre muchas que podrían traerse a colación de este brutal proceso inflacionario. De un rango entre 60 a 80 pesos que costaba una comida hace algunos meses, hoy el precio promedio de los platos ronda los 130 pesos, y la tendencia es a seguir subiendo, con la consecuencia de que ya muchos clientes han desistido de adquirir esas ofertas. En verdad los propietarios de esos negocios no pueden hacer otra cosa, pues cada día se encarecen más el pollo y la carne de cerdo que contienen sus platos.
Ante tal estado de cosas los gobernantes apuestan desesperadamente por reabrir la actividad turística con la esperanza de captar las divisas que les permitan importar los bienes que atenúen el referido déficit de ofertas. Está claro que ni ellos mismos confían en las producciones que pueda realizar la maltrecha empresa estatal socialista, y aún es temprano para esperar un hipotético despegue productivo de las flamantes mipymes.
Ahora las miradas se enfocan en el próximo II Pleno del Comité Central del gobernante Partido Comunista. Evento que seguramente tocará el punto referido a la economía. A lo mejor se aclaran los pormenores del nuevo “convencimiento” que Alejandro Gil pretende poner en práctica con todos los actores económicos.
Por lo pronto, el zar de la Tarea Ordenamiento, Marino Murillo, no levanta cabeza tras perder su condición de miembro del Buró Político del Partido. Él predijo una inflación controlada, pero no este monstruo que depreda el bolsillo de los cubanos.
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