La Ley Torricelli, también llamada Ley para la Democracia en Cuba, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos el 23 de octubre de 1992, en una escalada del bloqueo económico y financiero impuesto por esa nación a la mayor de las Antillas, un momento en que la ultraderecha norteamericana y la mafia anticubana de Miami creyeron que a la Revolución le quedaban horas de vida.
Craso error de cálculo, como se sabe. Aunque el desmembramiento de la Unión Soviética y la caída del campo socialista asestaron un duro golpe a la economía y la vida social, la pequeña nación emprendió un camino ingente de reubicación de mercados y redes de comunicación marítimas, bajo enormes presiones y sacrificios, pero con la vocación de preservar a cualquier precio el socialismo y la soberanía conquistada.
Pensaron que estaban en su hora, y así la fatuidad y los dineros de la Fundación Nacional Cubano Americana, tradicional promotora del odio y del terrorismo, llegaron hasta el senador demócrata Robert Torricelli, creador del engendro jurídico tan ilegal como el bloqueo en marcha desde febrero de 1962.
Se desarrolló bajo la presidencia de George Bush (padre), en plena campaña electoral que lo inclinó a querer ganarse el voto de La Florida, aunque también tuvieron que ver Bill Clinton y el senador Bob Graham, gobernador del referido Estado.
La vuelta de tuerca consistía esta vez en prohibir que las subsidiarias de empresas estadounidenses ubicadas en terceros países hicieran negocios con la Isla y, además, negar la entrada a puertos de la nación norteña a cualquier embarcación del planeta que hubiera tocado puerto cubano en los 180 días anteriores.
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Los violadores o incumplidores de estas disposiciones debían atenerse a las severas sanciones previstas por la Ley, hechas para hacer desistir a mucha gente dispuesta a colaborar con Cuba en un momento tan crucial de su historia, en el que el pueblo vivió penurias. Chantajes y amenazas oportunistas provenientes de sus enemigos.
Un aspecto muy particular de esta Ley, llamada finalmente Ley para la Democracia en Cuba, fue que incorporó disposiciones escandalosas a los ojos del derecho internacional y de la Carta de la ONU y otras disposiciones de ese organismo, pues ignoraban y pisoteaban la soberanía de otras naciones y los intereses de ciudadanos y empresas del mundo, con una tranquilidad pasmosa. Aquello de que el fin justifica los medios.
Fueron además tan brutales y expeditas sus argumentaciones iniciales, alimentadas por su loca euforia, que luego se vieron obligados a cambiar un tanto el enfoque y finalmente se le endosó su famoso discurso de la democracia Made in USA y el “fin humanitario”, que conllevaba liberar a la Antilla Mayor de una dictadura comunista. Pero no cambiaron una sola de las despiadadas medidas.
El objetivo de aislar totalmente a Cuba del entorno económico internacional y hacer colapsar su economía saltaba a la vista de cualquier observador ducho. Por lo cual se emplearon a fondo para construir lo imposible: una armazón legal para su flagrante violación de las normas internacionales que rigen la libertad de comercio y navegación. Solo el ego descomunal y el irrespeto de una mente imperial pueden crear tal engendro.
Para los cubanos no solo es inadmisible desde el punto de vista moral y legal, sino porque en las mentiras y manipulaciones de su texto, que invoca vanamente los derechos humanos, flota la amenaza de una intervención militar de la potencia, si lo considera necesario.
Ya dijimos que la Ley Torricelli formó parte del engranaje del bloqueo estadounidense. Tuvo antecedentes en la Enmienda Mack, que debe su nombre a Connie Mack, senador republicano por la Florida, con reputación de reaccionario y anticubano, por tanto un aliado estratégico de la Fundación Nacional Cubano Americana.
Esa Enmienda, datada en 1990, prohibía totalmente a las compañías de terceros países, subsidiarias de casas matrices norteamericanas, de establecer algún tipo de operación económico-comercial con La Habana.
Existió también la Enmienda Smith, que debe su nombre a su creador, el representante, también de La Florida, Lawrence Smith. Otra persona muy estrechamente vinculada a la Fundación Nacional Cubano Americana. Con el mismo presupuesto de la Mack, le añadía la estipulación del decomiso e incautación de los barcos que llegaran a puertos cubanos.
En 1996 la Ley Helms-Burton incrementó, con ribetes también internacionales, la saña del bloqueo a Cuba. Su demoledora maquinaria estipuló las leyes de presupuesto federal y la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y Ampliación de las Exportaciones del año 2000.
Estas añadirían otras prohibiciones, como la denegación de financiamiento a las ventas de productos agrícolas a Cuba y la prohibición del viaje de ciudadanos estadounidenses como turistas.
Y venimos a parar a los tiempos actuales, cuando el casi flamante presidente Joe Biden, renegando de lo planteado en su campaña, no ha derogado ni una sola de las medidas coercitivas y de presión tomadas por su antecesor, Donald Trump: otras 243 medidas, al ya súper abultado prontuario de desmanes contra la nación que no ceja en su ejercicio soberano.
Figuran entre estas la supresión de los viajes de los cruceros y de vuelos de aerolíneas estadounidenses a toda la Isla, exceptuando a La Habana; erradicación de los servicios consulares en Cuba y su ubicación en terceros países; obstáculos a transacciones bancarias, reducción al inicio y cierre total después de las transferencias bancarias de ciudadanos de la Isla.
La injuria mayor y el agravante vinieron con la inclusión de Cuba en una lista arbitraria y unilateral de estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo internacional, lo que conlleva una influencia negativa de peso en las relaciones financieras internacionales de la ínsula.
El bloqueo imperial con sus espurios y salvajes andariveles jurídicos y de todo tipo sigue impertérrito, como un dinosaurio, condenado a desaparecer con la repulsa del planeta para ese tipo de monstruo.
A 29 años de la Ley Torricelli, ciertamente Cuba sigue viviendo en democracia, pero una democracia socialista que intenta mejorar y hacer mejor esa república “Con todos y para el bien de todos” que soñara José Martí, con la libertad y la justicia social conquistada. Sólo que los propios cubanos quieren más, pero serán ellos mismos, quienes lo decidan.
