PUERTO PADRE, Cuba. – Un sistema de terror, físico o psíquico ―o la combinación de ambos― dado por el control del Partido y la Policía secreta ―que apoya al Partido pero que también lo supervisa― y dirigido por lo general contra los “enemigos” del régimen y ciertas clases de la población señaladas más o menos arbitrariamente, pero que son consideradas potencialmente peligrosas, viene a ser, según Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski, la tercera característica fundamental del síndrome o modelo de rasgos interrelacionados de la dictadura totalitaria.
De este modo, en Cuba impera una dictadura totalitaria clásica enmascarada como “democracia socialista de partido único”. Es de señalar que, mucho antes de que los castristas manifestaran su adhesión a la “ideología comunista”, cuando la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista era accionada por una junta de organizaciones democráticas, ya Fidel Castro había mostrado su interés por controlar los cuerpos policiales “porque el mantenimiento del orden público es cuestión capital para el país”, aseguraba él mismo.
Las dictaduras totalitarias ―de cualquier ideología― en su pretensión de controlar y dirigir todos los aspectos de la vida de la sociedad, emplean el terror, el miedo insuperable cual barrera de contención psico-social, ya sea el proveniente de medidas operativas y “legales” ejercidas por la Policía secreta, que utiliza los órganos de orden interior y de sistema judicial, o las presiones sociales mediante organizaciones de masas, mujeres, niños-socialistas, jóvenes-comunistas, campesinos, intelectuales… dirigidos por el Partido. Todas esas medidas, ya sean operativas, “legales” o de control social, se basan en el empleo sistemático de la ciencia moderna y, específicamente, de la psicología operativa, la psicología social y la propaganda.
Las imágenes de Miguel Díaz-Canel exaltado, sudoroso, diciendo por televisión “la orden de combate está dada”, las de los cuerpos policiales y parapoliciales arremetiendo contra manifestantes pacíficos, así como las fotocopias de los “documentos” de tipo “jurídico” que niegan los permisos solicitados para la Manifestación Cívica por el Cambio, están ahí, son recientes. Pero, si fuera necesario buscar una fecha para mostrar el interés de Fidel Castro por ejercer el control policial sobre la nación cubana, como se desató a partir del pasado 12 de julio, entonces tendríamos que remontarnos al ya lejano 14 de diciembre de 1957.
Respondiendo a la Junta de Liberación de Cuba, llamada Pacto de Miami, integrado por el Partido Revolucionario Cubano, el Partido del Pueblo Cubano, la Organización Auténtica, la Federación Estudiantil Universitaria, el Directorio Revolucionario y el Directorio Obrero Revolucionario, Fidel Castro, desde su escondite en la Sierra Maestra y manifestando su desacuerdo con lo pactado, dijo en carta fechada el 14 de diciembre de 1957: “El Movimiento 26 de Julio, reclama para sí la función de mantener el orden público y reorganizar los institutos armados de la República”.
Lo que Castro reclamaba para el M-26-J (bajo su mando) era la jefatura de las fuerzas armadas y policiales pues la experiencia ―decía― le había enseñado que “el mantenimiento del orden público es cuestión capital para el país”, así como “la aplicación oportuna de medidas severas”.
La Constitución de 1940 no preveía la pena de muerte, la cual era un recurso excepcional, de última ratio en la jurisdicción penal militar. Entonces, ¿a qué se refería el dictador cuando dijo que el M-26-J “puso fin al brote de bandolerismo” en el campo cubano con “la aplicación oportuna de medidas severas”?
“Fue su sentencia de muerte. Ramiro exclamó: ‘A este hay que ahorcarlo’ y todo el mundo estuvo de acuerdo. José hizo un cartel donde se explicaba por qué había sido ajusticiado este bandido por el Ejército Rebelde y se puso en la orilla de la carretera de Las Tunas a Puerto Padre”, cuenta el libro Síntesis histórica de Vázquez: testimonio guerrillero, que muestra cómo un grupo de solo media docena de alzados, en marzo de 1958, erigiéndose como policías y jueces, estaba aplicando la pena de muerte, o como Fidel Castro dijera, “medidas severas”.
Ahorcamientos como el citado son la génesis de la llamada “justicia revolucionaria”, que vemos aplicar hasta el día de hoy en Cuba, con ausencia total del debido proceso.
Sin olvidar, claro está, que el Che Guevara se estrenó como asesino el 17 de febrero de 1957, día en que personalmente y a sangre fría mató con un tiro de pistola en la cabeza al campesino Eutimio Guerra.
Para conseguir lo que Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski llamaron un sistema de terror físico o psíquico, durante ya más de 60 años de “revolución”, los fusilados se cuentan por cientos y los encarcelados por miles, sin distinción de delitos, ya sean políticos o comunes. El sistema de terror inducido por la fuerza bruta o psíquica, por la muerte, el calabozo o la vigilancia del que no escapan ni altos cargos del Partido, como es el caso de Carlos Lage, importantísima figura del totalitarismo castrocomunista defenestrada hace más de 10 años.
Aunque estuvo en silencio por una década, ahora lo vemos reaparecer en un probable juego operativo de la Policía política y ante una convulsa situación sociopolítica, sobrevenida por las manifestaciones del 11J y la proyectada Marcha Cívica por el Cambio. Pero Lage es un defenestrado de alto perfil, luego una persona técnicamente amordazada.
Y, de este, precisamente, del monopolio tecnológicamente condicionado y casi completo por parte del Partido y el Gobierno sobre todos los medios de comunicación de masas, como la prensa, la radio, el cine e internet, hablaremos en el próximo capítulo de esta serie.
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