El gobierno cubano reconoció la necesidad de «estremecer» a las empresas estatales, las que a más de nueve meses de la entrada en vigor del ordenamiento monetario, y a pesar de la implementación de un grupo de medidas para su despegue económico, no alcanzan los resultados esperados por las autoridades.
«Necesitamos estremecer el sector empresarial estatal», aseguró el primer ministro Manuel Marrero durante una reunión gubernamental, en la que dijo que la respuesta de estas empresas a las decisiones adoptadas para darles una mayor autonomía «no alcanza la velocidad que se necesita».
«El sistema empresarial está dotado de herramientas suficientes para hacer profundas transformaciones; sin embargo, muchas decisiones adoptadas no se están aplicando», aseveró Marrero, citado por la prensa oficial.
El jefe del gobierno apuntó que era necesario «hacer las cosas de manera diferente», y también «darle más protagonismo a las trabajadoras y trabajadores» en los cambios que se han venido implementando. Dijo que se necesitaba escuchar más a los trabajadores pero que, por el contrario, no se estaban creando espacios para ello.
«Seguimos con la burocracia, con los viejos métodos», reconoció.
En esta misma cuerda, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que «hay empresas que no están aprovechando la autonomía que se les ha dado y siguen esperando orientaciones de ‘arriba’» y exhortó a «generar espacios de debate suficientes donde las trabajadoras y trabajadores puedan emitir criterios, propuestas, insatisfacciones».
Comentó que potenciar el papel de las empresas estatales en la economía de la Isla es «una obligación constitucional» y cuestionó el cumplimiento del artículo de la Carta Magna que establece que «la empresa estatal socialista desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios», cuando, «independientemente de las limitaciones», «en el país hay un gran desabastecimiento de bienes y servicios para la población».
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El mandatario también señaló que en el sistema empresarial estatal «aún es insuficiente la promoción y utilización de la investigación científica y la innovación para solucionar los problemas» y subrayó que «ninguna empresa puede estar ajena a los problemas que existen en los barrios donde están ubicadas».
Además, dijo que si bien es alcanzar niveles de rentabilidad y exportar resultaba «una necesidad», las empresas estatales deben trabajar más en «satisfacer la demanda de la población» y llamó a un reordenamiento «para producir más para el mercado en moneda nacional».
En los últimos meses, el gobierno cubano ha adoptado más de 250 decisiones y emitido o modificado 145 normas jurídicas como parte del seguimiento a la llamada Tarea Ordenamiento, de acuerdo con Marino Murillo, jefe de la Comisión permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.
No obstante, según el propio Murillo, en el primer semestre del año 488 empresas estatales reportaron pérdidas, de las que el 82 % se concentran en el sector agropecuario, en el grupo Azucarero (AZCUBA), en comercios provinciales, en empresas subordinas a gobiernos territoriales, en el grupo empresarial Sideromecánico (GESIME) y en el grupo empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA).
Recientemente, las autoridades de la Isla aprobaron el surgimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), tanto privadas como estatales, de las que ya se han aprobado más de un centenar. Sin embargo, el propio gobierno ha insistido en que el sistema empresarial estatal es el «principal actor» en la economía del país y un elemento primordial en su modelo socialista.
