No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil.. Foto: Sergio Lima/AFP.
Para el martes se espera la presentación del informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que investiga la gestión de la pandemia por el Gobierno de Brasil, en el cual se señalan al presidente Jair Bolsonaro 11 delitos, incluidos los de crímenes contra la humanidad y genocidio del pueblo indígena.
Tras su presentación por la comisión del Senado, el informe debe ser votado y enviado a la Fiscalía para que esta decida si perseguirá acciones legales contra Bolsonaro, informó GloboNews.
En Brasil, solo la Oficina del Fiscal General (PGR) tiene la potestad de perseguir acciones legales contra el presidente.
Los 11 delitos de los que la comisión acusará a Bolsonaro son crimen de epidemia con resultado de muerte; violación de medidas preventivas sanitarias; uso ilegal de fondos públicos; incitación al crimen; falsificación de documentos privados; curanderismo –promoción de medicina falsa–; prevaricación; genocidio contra el pueblo indígena; crímenes contra la humanidad; crimen de responsabilidad, y homicidio por fallar en la lucha contra la pandemia.
El encargado de presentar el informe será el principal relator de la CPI, Renan Calheiros, senador del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), para quien toda los datos y análisis que se han recopilado durante estos seis meses de trabajo de la comisión son “unánimes” en lo que respecta a la negligencia de Bolsonaro.
Además del presidente, la comisión prevé solicitar la imputación de al menos una treintena de personas por diversos delitos, incluidos los de malversación de fondos y robo.
No es la primera vez que Bolsonaro es acusado de genocidio contra los pueblos indígenas de Brasil. En agosto pasado, la principal organización de los pueblos indígenas de Brasil (APIB) presentó una demanda por genocidio contra el presidente, basándose en un informe en el que se detalla cómo 1 162 personas de hasta 163 comunidades originarias murieron por la gestión de las autoridades.
El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de los servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.
(Con información de Europa Press)
