GUANTÁNAMO, Cuba. — El Intendente del Consejo de la Administración del municipio La Habana Vieja comunicó el pasado martes que la marcha reprogramada por el Grupo Archipiélago para el próximo 15 de noviembre es ilícita.
Esa respuesta coloca a sus organizadores en una situación difícil. A partir de ahora serán estrechamente vigilados y es posible que les impidan salir de sus viviendas desde días antes, sin excluir la posibilidad de que sean detenidos.
La comunicación del señor Alexis Acosta Silva —así se nombra este Intendente que no fue elegido para ese cargo por los ciudadanos La Habana Vieja— ha sido divulgada este martes por Cubadebate y en el noticiero estelar de la televisión, donde se informó que igual destino corrieron las demás solicitudes de autorización para hacer marchas similares en otras provincias. Seguramente en los próximos días Humberto López o cualquier otro testaferro de los que abundan en el estercolero mediático del castrismo arremeterán contra los organizadores de las marchas, aunque ya hoy les lanzaron algunas de sus pinceladas desacreditadoras.
La decisión del Intendente de La Habana Vieja para desautorizar la marcha pacífica se basó en tres razonamientos: 1) La marcha no es lícita porque pretende cambiar el régimen socialista; 2) algunos de los organizadores están vinculados con organizaciones subversivas y cuentan con el apoyo de políticos estadounidenses y 3) el socialismo en Cuba es irrevocable porque así lo decidió el 86,85% de los cubanos que votaron el 24 de febrero de 2019 por la nueva Constitución.
En su primer razonamiento el Intendente menciona el artículo 56 de la Constitución, que establece: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a los preceptos establecidos en la ley”.
Luego de citar al artículo, expresó: “En cuanto a la licitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. Ello reafirma que la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ para Cuba, ensayada en otros países”. Y continuó: “Además, apenas se anunció, la marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar”.
El Intendente impuso como cierta su apreciación personal al dar por hecho algo que no ha ocurrido ni ha sido anunciado por los organizadores de la marcha, pues esta no fue convocada para provocar un cambio de régimen —como él asegura— sino para manifestarse en contra de la violencia y la represión y a favor de más derechos para todos los cubanos. Resulta muy inconsistente desautorizar la marcha aduciendo presuntos vínculos de algunos de los organizadores con supuestas organizaciones subversivas-que no menciona-, o hacerlo por estar en desacuerdo con las proyecciones públicas de los organizadores.
El Intendente expresó que apenas fue anunciada la marcha esta recibió el apoyo de políticos estadounidenses que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país y piden una intervención militar, un razonamiento aún más débil que el anterior pues se rechaza la marcha aduciendo el apoyo de otros que no participarán en ella ni residen en nuestro país. Lo que ha hecho es reiterar el manido argumento que siempre pretende calificar a todo disenso interno como dependiente del gobierno norteño, miopía política característica de quienes creen que aquí no hay hombres y mujeres inteligentes con la preparación suficiente para vertebrar un proyecto inclusivo y democrático que haga realidad el principio de igualdad ciudadana regulado en el artículo 42 de la Constitución, y que jamás ha sido garantizado por la cúpula castrista.
La tercera razón del Intendente para negar la marcha se apoya en el artículo 45 de la Constitución, que establece que “el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”, y añade que el artículo 4 de la Constitución define que el sistema socialista que esta refrenda es irrevocable, por lo cual toda acción en su contra es ilícita.
Como se aprecia, esta razón es similar a la primera y muestra gran debilidad conceptual porque ninguno de los bienes jurídicos tutelados por el artículo estuvieron amenazados por los organizadores de la marcha. Exponer como razón la irrevocabilidad del socialismo refrendado por la Constitución-algo que solo existe en teoría, porque cuando el pueblo se decida a tomar las calles el comunismo caerá inevitablemente-basta para retratar la esencia despótica de los comunistas.
En Cuba no hay socialismo, como tampoco hay democracia ni vivimos en un Estado de derecho. Aquí hay una estructura verticalista de poder donde unos pocos, en nombre de un socialismo inexistente, oprimen y esquilman a los demás.
Habría que añadir que no existe un modelo único de socialismo. Según este razonamiento del Intendente si a alguien se le ocurriera pedir permiso para hacer una marcha a favor de otro socialismo, esta también sería declarada ilícita porque iría contra “el socialismo refrendado por la Constitución”. Y tal aspecto del asunto nos proyecta hacia otro ámbito del análisis, porque Carlos Marx y Federico Engels jamás aseguraron que el socialismo tenía que construirse sobre la base dictatorial de un partido único. Ese es el modelo leninista de socialismo que se impuso y provocó la escisión del movimiento revolucionario internacional, pero comunistas como Rosa Luxemburgo y Antonio Gramsci jamás lo apoyaron.
Los razonamientos del Intendente demuestran una vez más la naturaleza despótica del castrismo, que también echó mano al espurio argumento de que el 86,85% de quienes votaron el 24 de febrero de 2019 por la nueva Constitución la apoyaron.
Aunque eso hubiera sido cierto —y los castristas saben muy bien que no lo es—, un Estado que se proclama “de derecho” y “democrático” no debería permitir la discriminación política practicada en Cuba, porque aun cuando exista esa mayoría temporal a favor del castrismo, ese Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de la minoría en un plano de igualdad con respecto a la mayoría, algo inexistente en Cuba. ¿Dónde están entonces la proclamada igualdad ciudadana, la democracia y el Estado de derecho?
Era de esperar que los demás Intendentes de los municipios donde se pidió autorización para realizar marchas concomitantes a la del 15 de noviembre en La Habana Vieja iban a ofrecer razones similares a las expuestas precedentemente, porque la torpeza y la soberbia del castrismo son enormes, tanto como el ansia de libertad, paz, justicia y prosperidad que tenemos los cubanos, incluidos los comunistas.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
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