LA HABANA, Cuba. — En las últimas semanas han concitado el interés nacional las acciones del nuevo grupo contestatario surgido en Cuba con el nombre de Archipiélago. A comienzos de la tercera decena del pasado setiembre, sus adherentes en distintas provincias del país comenzaron a dirigirse a las autoridades locales solicitando su autorización para manifestarse en las calles cubanas dos meses más tarde: el 20 de noviembre.
La fecha no fue escogida de modo arbitrario. Como ya han anunciado de modo irresponsable las autoridades de la Isla, a partir del 15 de ese mes esta quedará abierta para turistas y otros visitantes provenientes del extranjero. Por consiguiente, al seleccionar un día posterior a esa apertura, quedó conjurada de antemano cualquier invocación de las autoridades al peligro de contagio con el COVID-19.
El 7 de octubre, los órganos de prensa del oficialismo dieron una respuesta “a la comunista”. Anunciaron el “Ejercicio Moncada”, una movilización militar que deberá culminar —¡qué casualidad!— justamente el 20 de noviembre. proclamado para la ocasión como “Día Nacional de la Defensa”. El dramaturgo Yunior García Aguilera, cabeza visible de Archipiélago, comentó al respecto: “Responden con la amenaza de los tanques”.
A los cándidos que crean ver en esa coincidencia sólo el fruto de la casualidad, conviene significarles un detalle: No es la primera vez que en Cuba se celebra un “Día Nacional de la Defensa”. Pero, por ejemplo, el más reciente de ellos —el de 2018— tuvo lugar en una fecha posterior: concretamente, el 8 de diciembre de ese año.
En puridad, esa convocatoria bélica equivale a una repetición de la fratricida “orden de combate” dada por el Presidente de la República en funciones (votado por 605 compatriotas) en la tarde del histórico 11 de julio. Tenían toda la razón del mundo los opositores que, según informó este mismo diario digital, reaccionaron a la novedad calificándola de “una declaración de guerra contra el pueblo de Cuba”.
En vista del incrementado peligro de confrontación, los organizadores de las marchas cívicas decidieron adelantar la celebración de sus protestas pacíficas para el 15 de noviembre, antes del inicio de los ejercicios militares. Pese a ello, el inmovilismo del régimen castrista se ha manifestado una vez más.
Este martes, el Intendente del municipio de La Habana Vieja envió a García Aguilera una respuesta negativa a la solicitud presentada en su momento. Se ha informado que análogas contestaciones recibieron los solicitantes que residen en puntos diversos de la geografía nacional. El tenor de todos esos escritos es el mismo.
Una vez más podemos suponer que algunos cándidos considerarán que la simultaneidad en las respuestas y la identidad de los argumentos esgrimidos en ellas obedecen a la casual coincidencia de los razonamientos hechos separadamente por cada uno de los funcionarios locales que firmaron cada carta de contestación.
Yo no lo creo así. Por aquello de “piensa mal y acertarás” seguiré considerando, mientras no me demuestren lo contrario, que, aunque cada uno de los escritos esté datado en una localidad diferente, todos fueron emitidos respondiendo a las instrucciones precisas emitidas desde el centro de poder del habanero “Palacio de la Revolución”. Se trata de una consigna (en la neolengua castrista se diría “una orientación”) lanzada por el alto mando.
Si tomamos como botón de muestra la respuesta de La Habana Vieja, vemos que en ella se atribuye a los organizadores de la marcha “la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba”. Por el contexto en el que se hace esa afirmación, queda claro que, para los castristas, tal pretensión es contraria a derecho.
Valdría la pena que los demócratas extranjeros que se niegan a calificar como dictadura al régimen castrista (como es el caso del actual gobierno español), tomen nota de tal planteamiento. Este, por sí solo, basta para que se le otorgue con justicia no sólo ese título infamante, sino también otros más subidos de tono.
Por lo pronto, ya se conoce lo decidido por los organizadores de las demostraciones ante la arbitraria decisión de las autoridades. El escrito emitido por ellos al respecto señala algunas obviedades, que no por serlo resultan superfluas: “La respuesta del régimen demuestra una vez más que no existe en Cuba el Estado de Derecho, que no están dispuestos a respetar ni siquiera su propia Constitución”, afirman.
Y junto a consideraciones como las arriba consignadas, figura en lugar prominente el desafío colectivo: “El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”. El propósito de celebrar las demostraciones —pues— se mantiene incólume. Creo que todos debemos coincidir en que eso es lo más importante.
Considero que, ante esa decisión, conviene que los debates acerca de si era conveniente o no solicitar el permiso de las autoridades, queden en el pasado. Razón tiene el denodado luchador Guillermo Fariñas cuando declaró a ADNCuba que “los activistas de la Marcha Cívica por el Cambio del 15 de noviembre ‘necesitan solidaridad’ para enfrentar las presiones del régimen cubano”.
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