Archipiélago decidió adelantar para el 15 de noviembre la manifestación pacífica planificada inicialmente para el 20 de noviembre, a raíz de la decisión del régimen de nombrar el 20 de noviembre como “Día de la Defensa Nacional” y movilizar tropas militares y paramilitares desde el 18.
Al dar a conocer el cambio de fecha García dijo que esta iniciativa es un “derecho humano y constitucional y quien estaría cometiendo un crimen es el Estado si se niega a que los ciudadanos nos manifestamos”.
A finales de septiembre el vicepresidente del Consejo Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Manuel Cuesta Morúa, denunció tras un arresto arbitrario que la Seguridad del Estado le dijo que “estuviera listo” porque tomarían las medidas necesarias para impedir la manifestación.
Activista reacciona a la respuesta del régimen
Saily González Velázquez, emprendedora de Santa Clara y una de las 22 personas que firmaron a favor de la acción cívica en esa ciudad, calificó de “manipulaciones y mentiras” las justificaciones dadas contra la marcha.
“Era lo que esperábamos. No estábamos esperando que nos dijeran que sí (…) pero los vericuetos legales y argucias que mencionan para declarar ilícita nuestra marcha, no responden de ninguna manera a lo expresado en la carta de notificación”, afirmó en una directa en Facebook.
“Nunca dijimos que nosotros estamos en contra de ese ‘socialismo irrevocable’ que refrenda una Constitución por la cual dicen que voto una mayoría”, explicó González. Aclaró que, aunque así fuera, “el gobierno no está reconociendo a las minorías (…) y eso está mal, debe ser cambiado (…) nos sentimos excluidos los que no votamos por esa Constitución y somos también ciudadanos con derechos”.
“¿Cómo van a decir que las razones de la marcha no son lícitas, después de toda la represión del 11 de julio en Cuba que está reconocida a nivel mundial incluso por las Naciones Unidas? Nuestra marcha es precisamente contra la violencia”.
Saily González dijo que “es importante que se sepa que en Cuba el gobierno no permite a la sociedad civil manifestarse, utiliza las leyes a conveniencia y desconoce los derechos constitucionales (…) Esto es un totalitarismo en toda regla”.
La activista denunció que el intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte, la amenazó diciendo que “al notificar la marcha estábamos incurriendo en delitos que están en el Código Penal”.
Según el artículo 209 del Código Penal vigente, “el que participe en reuniones o manifestaciones (…), incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres meses o multa hasta cien cuotas”, y quienes organicen “reuniones o manifestaciones ilícitas incurren en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas”.
