El informe señala que, si bien estos métodos “fueron usados desde la década de los años sesenta del siglo pasado –cuando con extrema frecuencia también se usaba la pena de muerte aún vigente (…)– nunca habían sido empleados a esta escala de masividad nacional”.
“Hoy la represión no es solamente contra opositores y periodistas independientes, sino contra ciudadanos corrientes, muchos de los cuales están afiliados a algunas de las instituciones oficiales de ‘masas’ e incluso a la Unión de Jóvenes Comunistas”, añadieron.
El reporte de la FDHC señala que “los fiscales y tribunales sumarios del Ministerio de Justicia de la dictadura han considerado insuficiente la naturaleza ya de por sí represiva y totalitaria de la legislación vigente y la han manipulado al antojo del Ministerio del Interior. En ese ejercicio han hecho un esfuerzo por despolitizar los procesos evitando usar categorías de atentado contra la Seguridad del Estado para criminalizar la protesta ciudadana como si fuesen delitos comunes”.
Denuncia que “se han fabricado incluso acusaciones de instigación a delinquir contra menores que sacaban fotos con sus celulares. Han detenido a opositores conocidos en sus casas que no estaban participado en las protestas y en fecha reciente comenzaron presiones sobre algunos influyentes disidentes hoy en prisión para que acepten ser liberados a cambio de su inmediato destierro”.
“Desapariciones forzadas”, “multas arbitrarias y sumamente costosas” para el ciudadano común, decretos de censura en internet y cortes masivos del servicio, así como el uso de armas de fuego, son otros aspectos de la actuación del gobierno castrista expuestos por la organización de derechos humanos.
“Las fuerzas policiales fueron las únicas que hicieron ostentación y uso letal de armas de fuego contra ciudadanos pacíficos que en muy pocos casos repelieron esas agresiones lanzando piedras contra los vehículos de la policía. Hubo varios ciudadanos heridos de bala – en un caso al entrar la policía a su domicilio y dispararle frente su esposa e hijos- y un manifestante fallecido en la calle por un disparo en la espalda de las fuerzas militares”, denunció la FDHC.
Según el Centro de Información Legal, Cubalex, hasta el 8 de octubre al menos 1116 personas fueron detenidas en Cuba en el contexto de las manifestaciones del 11J.
