GUANTÁNAMO, Cuba. ─ Los acontecimientos del pasado 11 de julio en Cuba demostraron la inexistencia de la tan cacareada unidad monolítica del pueblo cubano en torno al Partido Comunista (PCC) y a las instituciones de la dictadura. Esa fecha sirvió también para sacar del ámbito de la sospecha los resultados oficiales del referendo constitucional y pasarlos definitivamente al de la certeza de que son espurios. Ese día, además del reclamo de cambios democráticos por gran parte de la población, ocurrió un plebiscito espontáneo donde decenas de miles de cubanos dijeron NO a quienes usurpan el poder desde 1959.
El 11 de julio ocurrieron las protestas más masivas de toda la historia de la nación cubana. Aunque los cubanos que se lanzaron a las calles, hastiados de tantas mentiras, pobreza, ineficiencia económica, injusticias y discriminación, lo hicieron amparados en el artículo 56 de la Constitución, fueron reprimidos inmediatamente después del irresponsable llamado a la “violencia revolucionaria” hecho por el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
De inmediato, los represores que defienden a quienes usurpan el poder arremetieron como robots contra el pueblo indefenso. Ejecutando una violencia desmedida los represores dispararon sus armas de fuego contra los manifestantes; los persiguieron, acosaron y atacaron en grupos; los golpearon con bates de béisbol; los detuvieron violentamente en las calles y después, delante de sus hijos y demás familiares cuando allanaron sus viviendas.
A centenares de manifestantes del 11J los desaparecieron por días y semanas; los hicieron firmar actas de advertencia ─que es el acto previo a la conformación de un expediente por peligrosidad social─ o los acusaron por la presunta comisión de delitos de Desacato, Resistencia, Desobediencia, Atentado o cualquier otro. Todavía mantienen presos a muchos de ellos sin petición fiscal ni acceso a los expedientes investigativos. A algunos la Fiscalía General de la República les ha solicitado penas superiores a las correspondientes a un delito de homicidio por imprudencia.
Todo lo acontecido ese día demostró que la vinculación real del castrismo con el pueblo solo existe de forma coyuntural y como parte de su politiquería, como ocurre por estos días en los barrios marginales de la capital. También prueba que dictó la Constitución de 2019 para proyectar una imagen reformista y tratar de engañar a la comunidad internacional, pero les salió el tiro por la culata al revelar una vez más que su naturaleza despótica permanece invariable.
Quien hoy se deje embaucar por el presunto espíritu reformista de esa Constitución es ingenuo, tonto o simpatizante de esa izquierda incapaz que termina dando giros en el recodo más cruel de la derecha neoliberal, pero superándola en injusticias, crueldades y retrocesos económicos.
Si algo dejó claro el 11 de julio es que Cuba está urgida de un gran diálogo nacional. Por supuesto, no me refiero a los encuentros que Díaz-Canel ha realizado después de ese día, en los cuales solo se escucha un sainete monocorde, en ocasiones quizás ríspido, pero jamás transgresor del guión escrito por el régimen. Hablo de diálogo inclusivo que destierre para siempre las intolerancias anquilosadas en puntos extremos y se abra hacia el consenso, algo que solo podrá hacerse cuando desaparezca la dictadura. En tanto, el único diálogo al que debe asistir la oposición será aquél que tenga por objetivo definir la forma en que se realizará la transición hacia la democracia.
Pero el castrismo no acepta ese diálogo porque implicaría el colofón de su derrota. Por eso sigue apostando por la represión y prácticas presuntamente inclusivas que son solo un muestrario de rojas oriflamas que danzan al compás de la brisa partidista, incapaces de sostenerse ante los embates del huracán que las espera.
Ser contrarrevolucionario no es un delito, es una opción política que hoy es más adelantada y progresista que la defendida por la cúpula del Partido Comunista de Cuba. Esta defiende el sistema de partido único, la gobernabilidad del país mediante ucases y el bloqueo a toda libertad ciudadana, lo que la sitúa inmersa en un rancio conservadurismo político que ha demostrado con creces su inviabilidad. Hoy los “contrarrevolucionarios” cubanos ─¡paradojas de la historia! ─ son quienes se han situado en una posición realmente transformadora de los destinos de la patria, porque luchan por un país donde haya espacio para todos sin hacer acepción de personas según su posición política. Son esos “contrarrevolucionarios” los únicos capaces de cumplir el programa del Moncada y los acuerdos suscritos en los pactos de México, La Sierra y Caracas, traicionados posteriormente por el propio Fidel Castro.
Hace unos días surgió la convocatoria del Grupo Archipiélago, que reúne a jóvenes artistas e intelectuales plenamente identificados con el cambio democrático en Cuba, para realizar una marcha pacífica que inicialmente sería el próximo 20 de noviembre.
Al apreciar que la convocatoria había alcanzado resonancias en otras provincias y ante el temor de que las manifestaciones alcancen o sobrepasen a las del 11 de julio, la dictadura informó el pasado 7 de octubre que los días 18 y 19 de noviembre realizaría el Ejercicio Moncada, que culminará el 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa, una clara advertencia a los presuntos manifestantes.
Ante esta situación, Yunior García Aguilera, uno de los líderes del Grupo Archipiélago, informó a los medios alternativos que la fecha de la marcha se trasladaba para el 15 de noviembre.
¿Qué hará ahora la dictadura? ¿Ampliará los días de sus ejercicios militares para incluir en ellos la nueva fecha de la marcha? ¿Detendrá a Yunior García Aguilera y a quienes han firmado la petición para hacer la marcha junto a otros opositores pacíficos, periodistas independientes y a todo el que les parezca contestatario?
Todo es posible. El reto está en que Yunior García Aguilera pueda soportar todo lo que se avecina en su contra y que su ejemplo se multiplique para que se convierta en un archipiélago humano y su protagonismo coyuntural pase de la individualidad a la masa. Digo más: el verdadero reto es lograr que las movilizaciones se hagan cada vez más masivas y reiteradas para acabar definitivamente con la dictadura. Cuando esto ocurra podremos afirmar que hemos acercado la democracia. Entonces el protagonismo deberá pasar a las leyes, solo así la consagraremos.
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