HAVANA CLIMA

Ciudadanía en Cuba, un largo camino por recorrer

Una noticia inusitada

Una noticia publicada en el extranjero circula de boca en boca por el país: Un grupo de ciudadanos solicitó permiso para manifestarse pacíficamente el 20 de noviembre próximo (ayer los convocantes anunciaron el cambio de fecha al 15 del mismo mes); para entonces, gran parte de la población estará vacunada y habrán disminuido las medidas de restricción por la pandemia, además de que el país estará abierto al turismo.

La prensa oficial desconoce el hecho. Lamentablemente, no sorprende: «Lo que es costumbre no se extraña». En otros medios, en cambio, suenan los primeros disparos de una guerra en toda regla. Que se produzca una manifestación pacífica no tiene nada de particular; es habitual en cualquier país democrático (con independencia de los sesgos que ese adjetivo pueda sufrir), al menos en teoría, como es Cuba, según el artículo 1 de la Constitución de 2019.

En Estados Unidos, por ejemplo, hay frecuentes manifestaciones frente al Capitolio; en el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden. Nadie se asombra, pues las constituciones de ambos países garantizan libertad de expresión y manifestación pacífica a los ciudadanos. La cubana también: «Artículo 56. Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley».

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En el Zócalo de México se ven desde demostraciones masivas hasta personas que, megáfono en mano, protestan, reclaman, piden.

Reacciones

De inmediato en redes sociales se observaron dos reacciones (dos caras: una misma moneda fundamentalista) que mueven a la preocupación.

La primera: Opositores «intransigentes» piden mayor radicalización a los organizadores. En lugar de las consignas anunciadas, las cuales «hacen el juego a la dictadura», demandan otras más agresivas, violentas, con groserías y ofensas personales incluidas. Se acusa a los solicitantes de aliados solapados del «régimen», y se les exige «acciones más efectivas» para derrocarlo. (Todo desde el exterior, valga la aclaración).

La segunda: Defensores «intransigentes» del gobierno les critican no manifestarse contra el bloqueo o las agresiones norteamericanas; los acusan de aliados del enemigo, y de organizar un golpe blando contra el sistema; insinúan, cuando no afirman, el vocablo «mercenario». (Todo desde sitios o medios apoyados directa o indirectamente por el gobierno, valga la aclaración).

A ellas se sumó una tercera: Convocatorias a manifestaciones en fechas anteriores al 20 de noviembre inicialmente acordado.

Retos

Aunque desde fines de 2020 se ha asistido a situaciones a las cuales el gobierno no estaba acostumbrado, por lo que ha improvisado sobre la marcha (en mi criterio, no muy acertadamente), esta de ahora adquiere ribetes dramáticos por el dilema planteado: Si niega el permiso, viola el artículo 56 de la Constitución y pone en entredicho el artículo 1; si lo concede, deberá apelar a toda su inteligencia para impedir que la situación se salga de control. Deberá reprimir a quienes intenten cometer desmanes, y a la vez, proteger a los manifestantes pacíficos.

El reto para los solicitantes tampoco es pequeño: Ser capaces de movilizar seguidores y exponer reclamos, y a la vez impedir que desvíos hacia el desorden, el vandalismo y el caos conviertan la manifestación en una batalla contra las fuerzas del orden en que nadie resultará ganador.

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Cartel publicado en Archipiélago para convocar a la marcha ciudadana que inicialmente se desarrollaría el 20 de noviembre (Foto: Facebook)

De vencer el reto, obtendrían un peso político no conocido antes por ninguna fuerza opositora. Se convertirían en una contraparte a la cual el gobierno no podrá ignorar. Para lograrlo, no deberían aspirar a una manifestación gigantesca (como parece que pretenden), sino modesta, porque sería un fiasco si resultara pequeña, y porque podrían ser incapaces de controlarla, de ser muy grande. Una marcha de pocos cientos, incluso menos, disciplinada, respetuosa de las leyes, con consignas que puedan generar adeptos, sería un éxito nada despreciable para sus promotores.

La reacción del gobierno me parece el menor problema para los organizadores, pues se enfrenta al conflicto de respetar o no su propia Constitución, y tendrá los ojos del mundo fijos en él. Es una posición incómoda, y de cómo la asuma dependerá su credibilidad como cabeza de un «Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva».

El verdadero reto para los organizadores, para mí, está en el campo de la oposición, donde hay interesados en demostrar la inutilidad de las vías pacíficas de participación ciudadana. Por motivaciones varias, algunos intentarán robar protagonismo a los organizadores de la manifestación, y harán cuanto puedan para convertirla en enfrentamiento violento entre autoridades y ciudadanía, y demostrar así su «peso político». Si lo logran, no solo la manifestación será un fracaso, también lo serán los esfuerzos por democratizar al país.

El largo camino por recorrer

En 2004 traduje el ensayo Ciudadanía en Brasil: El largo camino, de José Murilo de Carvalho, premio Casa de las Américas de ese año. Es una mirada panorámica a la historia de Brasil desde el punto de vista de la formación del brasileño como ciudadano. Su lectura me hizo preguntarme en repetidas ocasiones si los cubanos somos ciudadanos. Todavía hoy me lo pregunto, y cada vez estoy menos seguro de la respuesta. Cito algunas frases:

«Derechos civiles son los derechos fundamentales, a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, (…) garantía de movimiento, de escoger el trabajo, de manifestar el pensamiento, de organizarse, de que sea respetada la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, de no ser detenido sino por las autoridades competentes y de acuerdo con las leyes, de no ser condenado sin proceso legal regular…».

***

«Los derechos políticos tienen como institución principal los partidos y un parlamento libre y representativo. Son ellos quienes confieren legitimidad a la organización política de la sociedad».

(Hago la salvedad de mi oposición a la existencia de partidos; estoy por una sociedad autogestionada, sin partidos de ningún color).

***

«…los derechos civiles garantizan la vida en sociedad…, los derechos políticos garantizan la participación en el gobierno de la sociedad, los derechos sociales garantizan la participación en la riqueza colectiva (…) En teoría, pueden existir sin los derechos civiles, y seguramente sin los derechos políticos. Pueden incluso ser usados en sustitución de los derechos políticos. Pero, en ausencia de derechos civiles y políticos, su contenido y su alcance tienden a ser arbitrarios».

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Defensores del gobierno salieron a las calles el 11 de julio. (Foto: El Correo)

Aunque comparto el criterio, para mí el concepto de ciudadanía abarca otros elementos, como el respeto a las normas de convivencia y al derecho ajeno. Respetar el derecho de quien no piense igual a uno es ciudadanía. Impedir a otro ejercer pacíficamente su derecho no lo es. Reprimir manifestantes pacíficos, o convertir manifestaciones en vandalismo, son señales de cuánto nos falta para ser ciudadanos.

Los organizadores deberían crear una comisión de orden claramente identificada para prevenir desmanes. Las autoridades, por su parte, tendrían que otorgar la autorización, y ejecutar las medidas adecuadas para evitar que elementos perturbadores (del matiz político que sean) promuevan incidentes que impidan el ejercicio pacífico de un derecho constitucional. Quienes produzcan disturbios, tanto en contra como a favor del gobierno, habrán de recibir el peso de la ley. Sin distingos.

Las fuerzas del orden, identificadas como tales, deberían situarse convenientemente para impedir tanto desórdenes de infiltrados en la manifestación como agresiones de quienes se opongan a ella.

Por mi parte, desearía que la marcha del 15 de noviembre demuestre que los cubanos somos capaces de defender criterios y ejercer derechos con respeto a quien piensa diferente. Que somos ciudadanos.

Confieso, no obstante, que albergo dudas. La proliferación de llamadas a marchas en fechas anteriores al 15 de noviembre me hace temer que no las mueva la preocupación por el futuro de la patria, sino el interés de algunos por ganar, o no perder, protagonismo.

Me gustaría que quienes abogan por marchas multitudinarias y descontroladas reflexionen y se pregunten qué es mejor para Cuba: una manifestación pacífica, aunque no sea gigantesca (y sin importar quién la encabece), con consignas sensatas y capaces de movilizar multitudes; o conducir al país al vandalismo y el caos, con su secuela de destrucción y dolor.

Un recordatorio: Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han conocido en años recientes enfrentamientos callejeros con saldo doloroso para las familias. Ninguno produjo un cambio de régimen.

Nota: He oído con preocupación el llamamiento a la realización de un «Día de la Defensa» entre los días 18 y 19 de noviembre. No me parece coincidencia; ojalá me equivoque.

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