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“Seguiré presionando para que no sigan violándole los derechos a mi hijo”

*Por Camila Rodríguez

La cubana Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, un adolescente de 17 años, detenido desde el 13 de agosto por su presencia en la manifestación del 11 de julio en el municipio Diez de Octubre ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para denunciar la desatención a que están sometidos los menores de edad que permanecen en los centros penitenciarios cubanos, entre ellos, su propio hijo.

En la noche del viernes 1 de octubre Bárbara publicó un video en el perfil en Facebook de su esposo y tutor de Jonathan, el ciudadano Orlando Ramírez Cutiño, donde afirmó:

“Mi hijo es un niño muy enfermizo, tiene hipertrofia en el ventrículo izquierdo del corazón, producto de su hipertensión arterial. También es asmático de asma bronquial, me le negaron dos veces el cambio de medida. Hace una semana que él me está padeciendo de dolores de oído.”

La declaración correspondiente al video es apenas un fragmento del material que Bárbara había preparado esa misma noche para su difusión, y que por cuestiones tecnológicas no pudo compartir.

Farrat Guillén ha sido reconocida en varios espacios como “la mamá que sube los videos a internet”, desde que, días después de que Jonathan fuera detenido, comenzara a denunciar las arbitrariedades del régimen en el caso del menor.

Así se lo han hecho notar tanto en los centros de reclusión donde Jonathan ha estado detenido, como en su zona de residencia, donde ha sido increpada por un vecino de apellido Angueira, so pretexto de saber con qué objetivo ella publica los vídeos y qué es lo que pretende lograr. Según Bárbara, Angiera fue instructor de la estación de Acosta por 30 años y ahora es juez de ejecución del tribunal de Diez de Octubre.

Bárbara continúa firme en la idea de que sólo a través de la denuncia obtendrá la justicia para su hijo. Entre sus reclamos más urgentes está que le sea suministrada la dosis diaria de enalapril que, desde el 2020, Jonathan necesita, a causa de su cardiopatía, y que le ha sido negada desde el primer día de su detención. 

“Ya él está preso y con cargos, todo lo que pueda hacer, es para su bien. Incluso los cargos ya se los modificaron [le fue sustituido el cargo de desacato por el de propagación de epidemias, mientras se mantuvieron el de desorden público y atentado]. Yo seguiré haciendo presión para que no sigan violándole los derechos a mi hijo”.

Con anterioridad al lunes 20 de septiembre Jonathan había sufrido dolores de oído, pero solo fue llevado a la enfermería una vez que circularon en las redes los artículos publicados en la prensa independiente, luego de la denuncia ciudadana tanto de la madre del menor, como de varias activistas. 

“A Jonathan lo llevaron a la enfermería, pero no le pudieron dar nada, puesto que no había nada para darle. Dentro de la compañía sus amistades le ofrecieron una duralgina y unas goticas. No sabemos qué fue lo que se echó, por tal de que a él solo se le aliviara el dolor”. 

La madre cubana agrega que “hay que tener una cosa en cuenta, tanto mi hijo como todos los detenidos del 11 de julio se están enfermando. Si no es por Covid es por otros motivos, pero se están enfermando, y el Estado no dice nada ni quiere hacer nada”.

Después de más de 10 días sin la atención médica requerida para aliviar el dolor y las secreciones (oscuras y pegajosas) de un oído que ya habían sido denunciados, Jonathan se ha vuelto a comunicar con Bárbara el pasado 1 de octubre y le ha hecho saber que está sintiendo también fuertes dolores en la garganta, acompañados de muy altas temperaturas.

Según la declaración del Dr. Miguel Ángel Ruano Sánchez, es previsible que esto suceda, en tanto “la garganta, la nariz y el oído tienen comunicación, a través de la trompa de Eustaquio”. 

El doctor Ruano Sánchez concluye que “hay que poner antibióticos urgentemente para evitar que se siga extendiendo la infección. Se trata de una urgencia que puede provocar sepsis generalizada por diseminación del agente bacteriano”. 

Por su parte el doctor Manuel Guerra alertó que las complicaciones pudiesen aumentar en la medida en que pasen los días sin que el joven reciba atención médica especializada, en caso de que el actual padecimiento de Jonathan se trate de otitis media aguda, según pudiesen indicar los síntomas descritos por su madre. 

“Mientras tengan a un menor detenido, no nos van a callar”

Orlando Ramírez, tutor del niño, comparte la opinión de Bárbara de que las autoridades no llevarán a Jonathan a un hospital. “A Jonathan no quieren llevarlo al médico porque, de llevarlo, tendrían que llevarlo a un pediátrico. ¿Y si lo llevas a un pediátrico qué vas a dar a entender? Que realmente es un menor de edad. Lo primero, es que hay que llamar a los padres, porque [el Estado] no está facultado para representarlo legalmente en ningún hospital. Y nosotros nos vamos a enterar, y enterándonos nosotros, se va a enterar el pueblo, porque no nos van a callar. Mientras tengan a un menor detenido, no nos van a callar”.

Recientemente Jonathan fue trasladado hacia una nueva compañía. Desde el 27 de agosto había pertenecido a la compañía número 14, correspondiente al depósito del Centro Jóvenes de Occidente (más conocida como Manto Negro), donde debía permanecer hasta ser sentenciado o excarcelado. Sin embargo, en horas de la tarde del 27 de septiembre comenzó a formar parte de la compañía número 5, donde comparte espacio con adultos ya sentenciados, lo cual supone no sólo una violación de la Convección sobre los Derechos del Niño, sino también de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que establecen la separación entre los prisioneros de un mismo centro penitenciario en atención a categorías como edad, antecedentes, motivos de la detención, entre otras.

Ramírez considera que este movimiento tal vez tiene una intención marcada: “Como saben que tienen que soltarlo porque no ha cometido delito alguno, no les queda de otra que buscarle una complicación para tenerlo preso”. 

Hasta la fecha el abogado encargado de la defensa del menor no ha encontrado razón por la cual le hayan negado en dos ocasiones el cambio de medida cautelar que se solicita. Su corta edad y sus padecimientos de salud debían ser elementos a considerar en su favor. Los tutores del menor, sin embargo, afirman que “lo más probable es que el ensañamiento con Jonathan se deba a que es sobrino de Olga Regla Farrat Vega, una Dama de Blanco exiliada en los Estados Unidos”.  

Bárbara Farrat ha presentado ante Fiscalía Nacional y Fiscalía Provincial de La Habana escritos de queja y petición. En los próximos días será presentada una tercera solicitud de cambio de medida cautelar.

“Ya nosotros llevamos una carta a Fiscalía Nacional, todavía estoy esperando respuestas. Dicen que son 60 días, o sea, si matan a una persona en prisión, puede ser que a los 60 días te digan que esa persona era inocente. Eso significaría que esa persona fue presa por gusto, pero no pasa nada, porque ellos tenían esos 60 días a su favor”, señala Ramírez. 

Agregó que la Fiscalía Provincial los llamó para dos citas: “La primera entrevista fue a la semana de entregar la carta, y allí la fiscal se interesó un poco más en el caso de Jonathan. Al parecer, la fiscal sí estaba de acuerdo con que, con Jonathan, lo primero que se hizo de manera ilegal fue llevarlo detenido, sin haberle presentado ningún documento, y cuando en verdad se venía en busca de otra persona: mi esposa”. Pero luego, según palabras de Bárbara, en una segunda entrevista, se les instó a no presentar la tercera solicitud de cambio de medida cautelar, con la excusa de que será denegada a raíz de la piedra que Jonathan lanzó.

Además de responsabilizar al Estado por lo que pueda acontecer con Jonathan mientras permanece en detención, Bárbara exhorta a las madres a que se apoyen mutuamente en la denuncia:

“Yo lo único que pido es que compartan mis videos, y que las madres que estén en la situación que estoy yo, no se lo callen, para que uno pueda hacer por sus hijos también”.

Jonathan es uno de los diez menores de edad que continúan en detención a raíz de las manifestaciones de julio, según las informaciones públicas que comparten el Grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos Justicia 11J.

Los otros menores detenidos hasta hoy son: Leosvani Giménez Guzmán (Artemisa) y Rubén Alejandro Parra Ricardo (Holguín), de 15 años de edad. William Chenier Ríos Arrieta (La Habana), de 16 años. De 17 años: Alexander Morejón Hernández (La Habana), Brandon David Becerra Curbelo (La Habana), Rowland Jesús Castillo Castro (La Habana), Yanquier Sardiñas Franco (La Habana), Yerman David Gutiérrez Dueñas (Villa Clara), Yossell Guerra Campos (La Habana). 
Emiyoslan Román Rodríguez (La Habana) cumplió los 18 años en detención.

Aunque en Cuba la responsabilidad penal es adquirida a partir de los 16 años, la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada por Cuba en 1991 y ratificada en 1992, contempla la niñez hasta los 18.

Una serie de garantías protegen la integridad física y emocional de los menores de edad, ninguna de las cuales se ha cumplido en Cuba, al menos en el contexto de las detenciones a raíz de las protestas del 11J.

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