HAVANA CLIMA

Desarrollan foro Cuba-Alemania en Congreso Cubano de Desarrollo Local

Bayamo, 7 oct (ACN) El foro Cuba-Alemania centró hoy las sesiones del VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local, que auspiciado por la Universidad de Granma arrancó este lunes de forma virtual, con la participación de 151 delegados extranjeros, de 14 países, y 579 nacionales.

La doctora en Ciencias Yoili Traba, vicerrectora primera de la referida institución, precisó que el foro online Cuba-Alemania, que propuso un acercamiento a los desafíos de la educación superior en tiempos de la pandemia global de la COVID-19, constituyó...

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Fiu es la mascota oficial de los XIX Juegos Panamericanos Santiago-2023 (+Video)

Este domingo fue presentada la mascota oficial de los XIX Juegos Panamericanos y VII Parapanamericanos, que acogerá la capital chilena en 2023.
Fiu está inspirado en el pájaro de siete colores (Tachuris rubrigastra) nativo de la zona centro-oeste de América del Sur, que se encuentra en los humedales de Chile, según el sitio de Panam Sports.
Los colores de Fiu representan la diversidad de los seres humanos, además de la fuerza, la constancia, el respeto, la determinación, la honestidad, el compañerismo y la pasión, de acuerdo con Jit.
La mascota de Santiago-2023 fue presentada en una ceremonia que marcó los dos años exactos que faltan para la cita multideportiva. Cecilia Pérez, ministra del deporte, subrayó que «estamos a las puertas de vivir un hito deportivo sin igual. Trabajando sin pausa y a toda máquina, según los plazos establecidos, para que la fiesta del deporte más grande de América sea un evento inolvidable para Chile y que esté al nivel de los mejores juegos panamericanos y parapanamericanos de la historia».
Felipe De Pablo, director ejecutivo del certamen, indicó que «Fiu es un simpático pájaro que nos demostrará que ser pequeño no es dificultad para dar su mayor esfuerzo. Por eso, quiere practicar cada uno de los 38 deportes panamericanos y 17 parapanamericanos que son parte del programa de competencias del evento».
El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, afirmó que «celebramos que faltan solo dos años para el inicio de los Juegos, dos años en que habrá que trabajar al máximo de nuestras capacidades no solo para cumplir con los estándares de organización, sino que especialmente en difundir a lo largo de todo Chile la relevancia de albergar un certamen con 41 países y casi 10 000 deportistas».
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Maykel Osorbo recibe la visita de su nueva abogada en la cárcel de 5 y Medio

MIAMI, Estados Unidos. – El rapero cubano Maykel (Osorbo) Castillo Pérez, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), recibió la visita de su nueva abogada en la cárcel de 5 y Medio, en Pinar del Río, la pasada semana, según informó en Facebook la curadora de arte Anamely Ramos.
El músico contestatario, uno de los intérpretes del popular tema “Patria y Vida”, fue detenido arbitrariamente en su vivienda el 18 de mayo por oficiales de la Seguridad del Estado y acusado de los supuestos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos. Desde entonces, ha cambiado en dos ocasiones de abogado.
Durante la visita, el músico y su representante legal “hablaron mucho sobre el caso”, también indicó Ramos. “La abogada ha comenzado trámites para solicitar un nuevo cambio de medida cautelar y acercar a Maykel a La Habana. Recordemos que a Maykel le han negado el cambio de medida en dos ocasiones”.
“La estrategia de la Seguridad del Estado respecto a estos casos políticos incluye el alejamiento de los acusados de sus lugares de origen, dificultando el acceso de la familia y de los juristas. Estando lejos, y en condiciones pésimas de vida, es más fácil quebrar su voluntad y su espíritu”, denunció la curadora de arte.
No obstante, Ramos también dio a conocer que Castillo llamaba “regularmente” desde la prisión. “Se mantiene firme en sus ideas y convencido de su inocencia. Está escribiendo mucha música y habla siempre de su gente de Cuba y del mundo”, detalló.
La curadora también aludió a la participación de Castillo en “Patria y Vida” y las nominaciones del tema en los Grammy Latinos de 2021.
“Su voz y la del Funky [otro de los intérpretes de ‘Patria y Vida’] deberían escucharse con fuerza en los premios Grammy pero su injusta prisión debe ser expresión de libertad y ejemplo de horror para el mundo entero, aunque esté preso. Nosotros seremos los responsables de gritar por Maykel y por todos los presos políticos de Cuba, desde el lugar donde estemos, ese día 18 de noviembre, el mismo día que, hace un año, comenzaron las huelgas dentro del acuartelamiento de San Isidro. La Historia tiene coincidencias impresionantes que debemos mirar y aprender a escuchar para avanzar hacia la libertad”, aseveró Ramos.
La activista cubana también pidió al “mundo entero” que “entienda la terrible naturaleza represiva de un Estado totalitario como el cubano, que empuja a los más vulnerables a huelgas recurrentes, como única forma de protesta. Que encarcela artistas premiados internacionalmente y los usa como escarmiento para cientos de jóvenes inocentes que solo salieron a ejercer su derecho de manifestación. Que nuestro clamor llegue al último rincón de la tierra”, terminó.
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Hitos y desafíos de la gran reforma procesal cubana

Cuba se enfrenta a la mayor reforma procesal de su historia, derivada de la promulgación de la Constitución de 2019, que dedicó un capítulo completo a regular la Garantía de los Derechos (arts. 92 al 99). 

¿Qué son las garantías? Se denominan garantías a todas aquellas herramientas consagradas en la Constitución y en las leyes, que aseguran el cumplimiento de los derechos. Algunos han dicho que la única manera de asegurar que los derechos se cumplan de manera cabal, es reconociéndoles garantías específicas que aseguren que, si alguien se niega a cumplirlo, se le pueda exigir de manera efectiva que lo haga. Las normas jurídicas procesales son las que desarrollan de forma específica las garantías consagradas en la Constitución y pueden incluso incluir muchas otras garantías, encaminadas a reforzar el cumplimiento efectivo del Derecho. 

¿Qué son las normas procesales? El Derecho utiliza términos de la gramática para identificar a las normas jurídicas, en base a su finalidad y cometido. Así, se denominan normas jurídicas “sustantivas” a aquellas que regulan derechos, obligaciones, deberes, tipos de conducta, sanciones, etc. Son normas jurídicas sustantivas el Código Penal, el Código Civil, el Código de Familia y muchas otras disposiciones de similar naturaleza. Algunos profesores lo ilustran diciendo que son normas jurídicas que definen “el qué”, pero no el “cómo”.

Por su parte, las denominadas normas “adjetivas” son las que regulan la forma de realización del Derecho, sobre todo en los casos en que se producen conflictos, porque indican el “cómo”. Las normas procesales son típicas normas adjetivas, porque regulan todos los trámites que deben realizar las personas, tanto naturales como jurídicas, cuando entran en conflicto, así como el papel que deben desempeñar la Fiscalía o el Tribunal. La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico es una ley de tipo adjetiva, pues establece la forma en que se tramitan los conflictos civiles, familiares, del trabajo o mercantiles. Otro ejemplo de norma jurídica adjetiva es la Ley de Procedimiento Penal, en la que se establece la forma en que actúan los órganos investigativos y la Fiscalía cuando se comete un delito, así como los derechos de los acusados, el papel del abogado defensor y las funciones del Tribunal en el juzgamiento.

Derivado de la Constitución y del catálogo de Garantías en ella recogido, Cuba reformará toda su legislación adjetiva. Se dictarán nuevas leyes procesales que sustituirán las actualmente vigentes, así como otras normas jurídicas que carecen de un antecedente inmediato en el país.

La puerta de entrada a todas estas nuevas normas jurídicas lo consagra el artículo 92 de la Constitución, que reconoce lo que se denomina “tutela judicial efectiva”.

¿Qué es la tutela judicial efectiva? Aunque no es posible calificar a las garantías en mayores o menores, en más importantes o menos importantes, porque todas tienen un cometido específico, la tutela judicial se inscribe entre las más relevantes, porque implica la eliminación de todas las barreras que impidan que las personas accedan a los tribunales para reclamar sus derechos.

Durante mucho tiempo se estableció en Cuba la tendencia a limitar el conocimiento judicial de determinados asuntos; así pasó con numerosos temas administrativos relativos a la vivienda, las tierras agrícolas, la aduana, los conflictos laborales, entre otros. El artículo 92 de la Constitución eliminó todas esas prohibiciones, las que quedaron automáticamente derogadas, por la supremacía que tiene la Constitución sobre las restantes disposiciones legales que conforman la escala normativa del país. A esa consecuencia derogatoria se le ha dado en llamar el “efecto tsunami” del artículo 92, porque al igual que ocurre con ese evento meteorológico de grandes dimensiones, significó la eliminación de todas las regulaciones contenidas en diversas normas de distinta naturaleza, que impedían que las personas pudieran acudir a los tribunales en reclamo de justicia.

La tutela judicial efectiva marca los dictados de tres de las normas procesales que se aprobarán este año: el Código de Procesos y la Ley del Proceso Administrativo, previstas para el debate parlamentario de octubre, y la Ley de reclamación de los derechos constitucionales ante los tribunales, en calendario para diciembre. Cuando se aprueben estas normas legales no quedará ningún tipo de derecho del cual una persona se considere destinatario que no pueda ser conocido y resuelto por un tribunal de justicia. 

Los anteproyectos de leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, Código de Procesos y del Proceso Penal serán presentados al análisis de los diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde el 20 de mayo están disponibles para ser consultados por toda la ciudadanía en la página web del órgano legislativo [www.parlamentocubano.gob.cu].

El Código de Procesos, cuyo proyecto es público y está a disposición de la ciudadanía en la página web de la Asamblea Nacional, regula la tramitación de los asuntos civiles, familiares, mercantiles y del trabajo y la seguridad social. Resaltan como elementos novedosos de este texto legal la oralidad; que permitirá que en todas estas materias los procesos se desarrollen de una forma similar a la que ocurre en los juicios penales, salvo en aquellos casos en que, por las características del asunto, el tribunal disponga que las audiencias se realicen de forma reservada.

Por la naturaleza propia de los procesos de familia, en que pueden intervenir menores de edad, ancianos, personas con discapacidad, o en situaciones de violencia u otros desafíos que requieran una atención especial del tribunal, el Código prevé diversos mecanismos de actuación, en poder del tribunal, de la fiscalía y de las partes, para que se tutelen de manera reforzada los derechos de todos los intervinientes, pero sobre todos los que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

En todas las modalidades procesales se reforzó el papel del tribunal, con el propósito de lograr un adecuado equilibrio e igualdad real entre todos los que intervienen, pero reforzando los mecanismos de protección de los que puedan estar en situación de desventaja.

Un aspecto al que el Código de Procesos concede especial atención es a la ejecución de las sentencias que dictan los tribunales, con el propósito de dar respuesta a muchas de las insatisfacciones que existen actualmente en la ciudadanía. Para contribuir a lograr el cumplimiento efectivo de lo dispuesto por los tribunales se concibieron diversos medios de conminación sobre la persona o sus bienes. Estos medios coactivos van desde la detención y traslado del obligado a la sede del tribunal para que comprenda los riesgos que tiene el irrespeto a una decisión judicial, pasando por multas progresivas por cada día de demora en la ejecución de lo dispuesto, o la entrada al domicilio, incluso con el uso de la fuerza pública, si la persona se resiste a cumplir lo ordenado por el tribunal.

La Ley del Proceso Administrativo es una norma jurídica totalmente revolucionaria, llamada a perfeccionar el trabajo de la administración pública cubana en todos los niveles.

La realidad existente en estos momentos es que la casi generalidad de los procesos administrativos que se conocen por los tribunales son asuntos relativos a la vivienda. Bajo la nueva ley, los tribunales asumen una amplia potestad para revisar la gestión administrativa, pues tendrán competencia para conocer de las reclamaciones que formulen los ciudadanos contra actos administrativos, contra disposiciones reglamentarias que se dicten, contra actuaciones materiales o incluso ante el silencio de la administración.

Esta facultad revisora de los tribunales se extiende a la actividad administrativa que realiza el Consejo de Ministros, los organismos de la Administración Central del Estado, los gobernadores, los consejos de la administración municipal, la Contraloría, la Fiscalía General, entre muchas otras entidades, siempre que su actuación pueda afectar derechos subjetivos de algún ciudadano.

Un lugar particularmente importante en el proceso de reforma de las normas procesales cubanas lo ocupa la Ley del Proceso Penal. Se trata de un cuerpo jurídico que trata de combinar los intereses sociales, encaminados a lograr un esclarecimiento y juzgamiento de los hechos delictivos y el castigo a los comisores, con el adecuado respeto a los derechos de imputados y acusados. Una importante personalidad internacional en esta materia dijo en una ocasión que la historia del proceso penal era la lucha por lograr un equilibrio entre la persecución y castigo a los culpables y la protección de los inocentes. Bajo esta premisa, la nueva ley procesal cubana trata, sin que sea una labor acabada, de ampliar la capacidad de los órganos encargados de la investigación de los delitos, pero al mismo tiempo, fortalecer la protección de los derechos y garantías de las personas involucradas en el proceso penal.

La generalidad de los países de América Latina logró en los últimos años importantes reformas de sus procesos penales, y Cuba se había quedado atrás en este campo, lo que fue objeto de críticas por parte profesores y profesionales del Derecho vinculados a esta actividad.

La nueva Ley del Proceso Penal pretende colocar al enjuiciamiento penal cubano a tono con los principios universalmente reconocidos en esta materia. En correspondencia con esta aspiración la nueva norma jurídica garantiza una presencia temprana del abogado en el proceso. Se trata de un reclamo sobre el que se viene insistiendo desde hace algún tiempo desde la academia y que mereció numerosos comentarios durante el proceso de debates previos a la aprobación del texto constitucional.

El artículo 95 constitucional dispuso el derecho de las personas a disfrutar de asistencia jurídica desde el “inicio del proceso”, sin precisar el momento específico en que “comienza” el proceso penal. La vaguedad del precepto constitucional mantuvo las expectativas sobre la postura que adoptaría la nueva norma procesal penal, porque de lo que se definiera en ella es que sería realmente efectivo y garantista el derecho a la defensa en el nuevo proceso penal cubano. Felizmente la posición recogida en el anteproyecto es verdaderamente avanzada, porque regula que es la “instructiva de cargos” lo que marca el inicio del proceso penal; entendida esta instructiva como la información que brindan los órganos de la Policía a una persona, mediante la cual le ponen en conocimiento que existe una imputación en su contra. 

Para evitar que una investigación penal pueda ponerse en marcha sin que el presunto comisor del delito pueda estar ajeno a lo que sucede, la nueva norma dispone que, en el caso de que el individuo esté en libertad, la instructiva debe realizarse dentro de los cinco días posteriores a la denuncia; mientras que en el caso de las personas privadas de libertad, la instructiva de cargos debe efectuarse durante las primeras 24 horas de la detención.

Una vez realizada la instructiva de cargos es que se corporifica el derecho a disponer de abogado. Si la persona está en libertad y requiere de la presencia de un abogado, debe proveérselo, para lo cual las autoridades facilitan que así sea. En el caso de las personas detenidas, se refuerza esta garantía, toda vez que la presencia del abogado sigue siendo un derecho del imputado disponerlo, pero en caso de que lo requiera y no tenga uno de su elección, es obligación de la autoridad actuante facilitar la presencia de un defensor de oficio, responsabilidad que recae sobre los abogados de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.  

Otro importante adelanto del nuevo modelo procesal penal cubano es la posibilidad de recurrir ante el Tribunal la medida cautelar de prisión provisional impuesta por el fiscal.  

Se trata de una deuda que tenía pendiente el proceso penal cubano, que hacía recaer exclusivamente en el fiscal la imposición de la medida cautelar de prisión, cuando los principales instrumentos internacionales en esta materia coinciden que se trata de una facultad exclusiva de los tribunales.

Merece mención el tratamiento que se le ofrece en el proceso penal a las salidas alternativas, en virtud de lo que se conoce como “principio de oportunidad”. En este nuevo escenario, la Fiscalía puede prescindir de acusar a una persona cuando están presentes determinadas circunstancias, como la escasa lesividad del hecho, o cuando la persona que cometió el delito es menor de 18 años de edad y no se trate de hechos graves, entre otros supuestos que la propia ley establece.

El nuevo proceso penal resalta la importancia de la víctima o perjudicado, que estaba virtualmente ausente en el modelo precedente. La víctima puede participar en el proceso como coadyuvante del fiscal y, en paralelo con este órgano estatal, ejercer la acusación.  

Con estas leyes se cierra el ciclo de desarrollo legislativo de las garantías mandatado por Constitución y le corresponderá al sistema de tribunales utilizar estas herramientas legales para proteger el amplio abanico de derechos que se le ha conferido a la ciudadanía.

Nos corresponde a todos, y de manera particular a los profesionales del Derecho, divulgar el contenido de estas nuevas leyes, para que favorezca la cultura jurídica de nuestros ciudadanos.

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La mayor justicia posible a 135 años de la abolición de la esclavitud (+Video)

A trabajar por reducir las brechas de equidad relacionadas con las diferencias del color de la piel y promover la participación ciudadana como factor decisivo en la implementación del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial se comprometieron los representantes de instituciones culturales, la Uneac y otras instancias de la sociedad civil que participaron en la conmemoración del aniversario 135 de la abolición de la esclavitud en Cuba.
Pero sobre todo se hizo evidente que la conquista de tales propósitos, alentados en estos momentos con mayor énfasis por el Estado socialista a escala comunitaria, transita por la transformación de subjetividades individuales y colectivas, mediante la educación y la cultura.
La conmemoración tuvo lugar en el Museo de la Ruta de la Esclavitud, inaugurado en junio de 2009 en el Castillo de San Severino, enclavado en las afueras de Matanzas.
El poeta y etnólogo Miguel Barnet rememoró cómo luego de la que Unesco lanzara el programa La Ruta del Esclavo, hoy renombrada con mayor precisión La Ruta de la Esclavitud, abogó por convocar en Matanzas a fines de 1995 la segunda reunión del Comité Científico Internacional de la iniciativa y años más tarde por dedicar una institución a la memoria de los africanos esclavizados.
Presidente de la Fundación Fernando Ortiz, Barnet llamó a leer con mayor profundidad la historia y la sociedad cubana, para abordar integralmente el legado de los africanos y sus descendientes, donde el componente económico y material no debe ser obviado, y a interpretar las claves del mestizaje cultural que nos ha llevado a ser lo que realmente somos.
A cargo de la coordinación del Comité Cubano del programa, Alberto Granado, director del Museo Casa de África, en La Habana Vieja, insistió en sensibilizar a las jóvenes generaciones con los horrores de la esclavitud y los aportes de las mujeres y hombres esclavizados a la identidad nacional, mediante la influencia de docentes mejor preparados, la articulación con los procesos educativos en la escuela y la utilización de lenguajes que les son cercanos a partir del uso de las nuevas tecnologías de la información.
La directora del museo, Isabel Hernández, historiadora e infatigable promotora, mostró la primera etapa de lo que debe ser más temprano que tarde la sala de interpretación de la esclavitud en Cuba, dotada de dispositivos interactivos, y en cuyo centro también quedó instalada la reproducción de uno de los barcos de la infamante trata.
Una de las más acuciosas estudiosas del proceso de la esclavitud, la doctora María del Carmen Barcia, hizo llegar un mensaje a los participantes en el acto. El Archivo Provincial de Matanzas entregó al museo copias de las notificaciones originales de las autoridades coloniales sobre la abolición de la esclavitud.
En octubre de 1886, Cuba fue el penúltimo territorio latinoamericano en abolir la esclavitud. Ello aconteció en Brasil en 1888. Los cientos de miles de africanos y descendientes sometidos a la cruenta explotación habían sido considerados seis años antes incluidos en la llamada Ley de Patronato, que aparentemente erradicaba la esclavitud aunque en verdad la enmascaraba.
La definitiva abolición distó de responder a un gesto altruista y humanitario de la metrópoli colonial y los hacendados insulares ni al necesario ajuste a la evolución del modo de producción. La resistencia de los esclavizados, expresada en sublevaciones, apalencamientos y el cimarronaje, el enorme valor simbólico del acto de Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y de la letra y el espíritu de la Constitución de Guáimaro, y la incorporación de antiguos esclavos y negros y mulatos libres a las luchas por la independencia pesaron decisivamente en el decreto abolicionista.
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Retrasos, pérdidas y malos tratos: así son los envíos hacia Cuba a través de Cubapack

LA HABANA; Cuba. — “Llevo más de siete meses esperando dos paquetes que envió mi hija desde Estados Unidos: un split de una tonelada y varios artículos para el hogar que no he recibido aún. El trato y la mala información a los clientes son inaceptables”, dijo a CubaNet, Yadira Sierra, una residente en Mayabeque que, como muchos cubanos, se encuentra a la espera de la carga enviada a través de Cubapack.
“Me canso de llamar todos los días y nadie contesta, los dejan descolgados o simplemente dan timbre y nadie atiende las llamadas”, añadió Sierra.
Con el eslogan “garantizamos su mercancía al 100%”, la agencia Cubapack asegura a sus clientes que se responsabiliza por el cuidado y la entrega de la mercancía enviada a través de ellos hacia Cuba.
“Nosotros nos responsabilizamos hasta que el destinatario tenga la mercancía en sus manos, en caso de pérdida o daño se procederá a poner un reclamo y al concluir el mismo se le dará un crédito por el valor de la mercancía y el costo del envío”, anuncia la agencia en su sitio web.
Según Sierra, la realidad es muy diferente: “A los 3 meses tuve que ir personalmente y me recomendaron que fuera a Palco a ver si estaba ahí porque no aparecía. Después de cinco meses y varios viajes a Cubapack, me informaron que ya había llegado, pero que estaba en recepción, que debería esperar a que pasara por aduana, lo que ha demorado otros dos meses y nada aún”.
Despacho de la agencia Cubapack (Foto del autor)
Por su parte, Yansel González, residente en la Habana, explicó a CubaNet que, “al no existir la posibilidad de los envíos a través de las agencias particulares con las conocidas mulas, Cubapack, que nunca ha brindado un buen servicio, colapsó por la cantidad de paquetes que debía procesar. En mi caso particular me faltaron productos. Hice la reclamación, pero el proceso es largo, costoso y tedioso. Aún sigo esperando sin una solución”.
Recientemente, la Corporación CIMEX S.A. informó que su división Cubapack ofrecerá la posibilidad de solicitar el servicio de entrega de paquetería a domicilio, una nueva modalidad que los clientes no les generan mucha confianza.
“Se le informa a los clientes que tienen el servicio de recogida en los almacenes de Cubapack que tienen la opción de solicitar el servicio de entrega a domicilio, para los paquetes de misceláneas y medicamentos, Puede solicitar el servicio a través de los teléfonos: 7795 9724, 7795 9137. Ext. 1119-1120, 7795 9138, Ext. 1119 – 1120 y 7795 9139. Ext. 1119 – 1120, la tarifa para los envíos de medicamentos o misceláneas es de 40.00 CUP y para los envíos de artículos duraderos la tarifa es de 90.00 CUP”.
“Nadie atiende las llamadas. Si normalmente el servicio de recogida personalmente en los almacenes de Cubapack es un desastre, qué podemos esperar de las entregas a domicilio. Es una total falta de respeto con algo que se paga bien caro y que no funciona adecuadamente”, comentó a este diario Ernesto Gobín, quien lleva más de cuatro meses esperando por medicamentos enviados por esta vía.
Recientemente, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, realizó una serie de visitas a la Empresa Aerovaradero S.A., la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional del Grupo Empresarial Correos de Cuba, el Centro de Agrupe y Desagrupe de la Empresa Transcargo, así como la División Cubapack.
El directivo justificó las demoras explicando que “con la irrupción de la COVID-19 todo se fue complicando por cuenta de las limitaciones de movilidad en todo el territorio nacional y así se nos fue acumulando una cantidad de cargas importante que la población ha estado reclamando”.
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