Mediante la Resolución 215/2021, publicada en la Gaceta Oficial No. 73 Extraordinaria, el Banco Central de Cuba (BCC) autorizaba el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales y otorgaba licencia a proveedores de servicios de estos activos para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria, de cobranza o de pagos en y desde el territorio nacional. Estas operaciones solo podrán realizarse después de recibir la autorización del BCC.
No obstante, la Resolución 215/2021 no prohíbe las transacciones con activos virtuales entre personas naturales al margen del Sistema Bancario y Financiero, si bien advierte que estas deben asumir los riesgos y responsabilidades que se derivan de tales operaciones.
Periodismo de Barrio responde varias preguntas para comprender cómo funcionan los activos virtuales, además de los beneficios y riesgos de su uso.
¿Qué son los activos virtuales?
La Resolución 215 define los activos virtuales como una “representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones”. Estos también son conocidos como criptoactivos, criptomonedas, criptodivisas, monedas virtuales y monedas digitales.
A su vez, el texto señala que los proveedores de servicios de estos activos son personas naturales o jurídicas que, como negocio o actividades de negocios, se dedican a su intercambio, transferencia, custodia o administración, emplean instrumentos que permitan su control, y participan y proveen servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor o la venta de los activos.
¿Cómo funcionan los activos virtuales?
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las principales características de los activos digitales son que no poseen un activo subyacente que les confiera valor; no emplean una forma física como medio de intercambio; ni su oferta se encuentra determinada por un Banco Central; sino que son construidos sobre una tecnología de cadena de bloques (blockchain), empleada para registrar y verificar transacciones. Su denominación se debe a que las transacciones son almacenadas en “bloques” de información, después de ser validadas por una red de nodos informáticos.
Bitcoin fue la primera criptomoneda en emplear esta tecnología y actualmente es el activo criptográfico más grande por capitalización bursátil, señala el GAFI. No obstante, para marzo de 2021, existían más de 100 criptomonedas en circulación a nivel global.
¿Qué ventajas ofrecen los activos virtuales para Cuba?
De acuerdo con el Banco Santander, el hecho de que los activos virtuales funcionen con la tecnología blockchain les confiere un elevado sistema de seguridad, pues al registrarse las transacciones en tiempo real, impide que un mismo activo pueda transferirse más de una vez o ser falsificado. También, su nivel de protección evita que los datos almacenados en los “bloques” puedan alterarse o eliminarse. Asimismo, el GAFI destaca que los activos virtuales podrían proporcionar métodos alternativos para quienes no tienen acceso a productos financieros regulares.
En este sentido, el empleo de criptomonedas pudiera resultar conveniente para Cuba, al facilitar el uso de “mecanismos de pago protegidos y robustos que permitan cobrar las exportaciones, pagar las importaciones y canalizar flujos comerciales y de crédito”, explica la economista Marian Cabrera Soto.
También se podrían crear sistemas de pagos entre entidades cubanas y extranjeras para que las transferencias se realizaran de manera segura, rápida y barata, lo cual reduciría significativamente la exposición cambiaria y contribuiría a evitar las restricciones derivadas de las sanciones de Estados Unidos hacia la Isla.
De igual forma, se podrían crear esquemas triangulares de cooperación a través de mecanismos como la Organización Mundial de la Salud, acuerdos comerciales bilaterales o líneas de créditos de otros países para inversiones en Cuba o asociadas al desarrollo de determinadas investigaciones como las farmacéuticas, sostiene Cabrera.
No obstante, las criptomonedas también poseen la característica de ser extremadamente volátiles, es decir, que experimentan cambios rápidos y frecuentes en su precio. Debido a ello, el doctor en Ciencias Económicas, Pavel Vidal Alejandro, enfatiza que no deberían emplearse como una opción de inversión financiera, pues resulta difícil compensar el riesgo de exposición a la volatilidad de tales activos.
Esta volatilidad ocurre por la variación en su oferta y demanda en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los existentes en los mercados regulados de valores. En ocasiones, los precios de los activos se forman sin información pública que los respalde, expone el Banco Santander.
Una opción para contrarrestarlo serían las llamadas criptomonedas estables, las cuales, según el New York Times, son monedas digitales que se encuentran vinculadas a activos estables y expedidas por entidades privadas, lo cual posee el objetivo de proporcionar en el contexto digital el valor constante que tiene el dinero emitido por gobiernos.
Sin embargo, si bien se espera que los emisores de criptomonedas estables almacenen y monitoreen sus reservas de la misma manera en que lo hacen los gobiernos o bancos centrales: gestionar la oferta y la demanda para asegurarse de que los activos cuenten siempre con reservas abundantes; en la práctica, no existe ninguna garantía de que posean tal respaldo.
¿Cuáles son los riesgos derivados del uso de criptomonedas?
El GAFI identifica que las principales características de los activos virtuales que contribuyen a potenciar sus riesgos son el anonimato de las transacciones, la ausencia de un organismo de supervisión centralizado, su alcance global y el empleo de infraestructuras complejas.
Ello implica que, a diferencia de los movimientos que se realizan con el dinero depositado en cuentas bancarias, no existen mecanismos de protección al cliente, ni regulaciones al respecto. Además, debido al funcionamiento de la tecnología blockchain, después de realizada una transacción, esta no puede cancelarse porque el registro no permite borrar los datos, precisa el Banco Santander.
Al mismo tiempo, tales características facilitan el empleo de criptomonedas para el financiamiento a terroristas, actividades ilegales y la comisión de delitos. Uno de los más comunes son los denominados ataques ransomware, los cuales consisten en infectar una computadora con un virus que encripta la información del equipo y exigir un pago, usualmente en criptomonedas como bitcoin, para permitir el acceso a los datos.
En 2017 ocurrió un ataque de este tipo mediante el empleo del virus WannaCry. Según la página del antivirus Avast, este infectó más de 230 000 computadoras con el sistema operativo Windows en 150 países, algunas de las cuales pertenecían a agencias gubernamentales y hospitales.
Los pagos realizados a los hackers en bitcoin fueron del equivalente a 130 634 dólares estadounidenses, pero el costo total del ataque se estimó en 4 000 millones, debido a las acciones posteriores de control de daños y limpieza de los equipos.
El GAFI alerta que desde ese entonces han ocurrido otros ataques similares y que se percibe una tendencia ascendente en los mismos.
¿Por qué debería existir una gobernanza para los activos virtuales?
La ausencia de regulaciones referentes al empleo de activos virtuales contribuye a la creación de oportunidades para su uso por terroristas y delincuentes, quienes utilizan estos activos con el fin de evadir sanciones financieras y acceder a fondos para sus actividades.
Un informe realizado a inicios de este año por KPMG –una compañía especializada en auditorías, impuestos y asesorías– señalaba que debido al creciente uso de activos virtuales, su base tecnológica y organización, resulta crítica la implementación de estructuras de gobernanza robusta que contribuyan a supervisar y controlar los procesos y políticas de funcionamiento de tales activos.
Si bien es importante la existencia de legislaciones a nivel nacional, las empresas que empleen criptomonedas también deben crear sistemas propios de regulaciones. KPMG especifica que esta gobernanza debería estar compuesta por tres directrices principales: la puesta en práctica de gestión y controles internos; un reforzamiento de la seguridad, controles financieros, acciones de mitigación de riesgos y obligaciones de cumplimiento e inspección; además de auditorías tanto internas como independientes.
¿Qué indicadores se emplean para detectar si los activos virtuales son usados para la realización de operaciones ilícitas?
Según el GAFI, los delitos asociados al empleo de activos virtuales incluyen el lavado de dinero, la venta de sustancias controladas y otros artículos ilegales, fraude, evasión fiscal y de sanciones, ciberataques, explotación infantil, tráfico de personas y financiamiento al terrorismo. Dentro de estos, los más frecuentes son los relacionados con el fraude, como estafas de inversión, chantaje y extorsión.
Con base en más de 100 estudios de casos, el organismo desarrolló un conjunto de indicadores de alerta que permiten detectar la presencia de comportamientos delictivos. Las principales señales que indican acciones de este tipo se centran en la realización de operaciones en países con medidas nacionales débiles o inexistentes para los activos virtuales; el uso de funciones tecnológicas que aumentan el anonimato, como sitios web de intercambios de igual a igual, servicios de mezcla o volteo o criptomonedas mejoradas; y transacciones irregulares, inusuales, poco comunes, o cuyo monto o frecuencia no posean una explicación comercial lógica.
También, las irregularidades en los perfiles del remitente o el destinatario, y la existencia de fuentes de fondos o riqueza sin procedencia clara, que puedan relacionarse con actividades delictivas.
