LA HABANA, Cuba. – Integrantes del grupo Archipiélago, conformado por intelectuales, activistas, periodistas y representantes de la sociedad civil independiente en Cuba, pidieron autorización este martes a las autoridades de La Habana para manifestarse públicamente el próximo 20 de noviembre en contra de la violencia y en favor del respeto a los derechos humanos.
Los organizadores presentaron la solicitud en las oficinas del Gobierno Provincial y del Intendente del Consejo de la Administración Municipal (CAM) de La Habana Vieja.
La iniciativa está encabezada por el dramaturgo cubano Yunior García Aguilera, quien precisó que el documento entregado a las autoridades estuvo firmado “por una veintena de ciudadanos”.
El activista señaló que el objetivo es realizar una Marcha contra la violencia “para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”.
El comunicado precisa que se escogió la fecha del 20 de noviembre por tratarse del primer sábado luego de que el país se abra al turismo internacional. También menciona que “ciudadanos de todo el territorio nacional presentarán documentos similares ante las autoridades de su localidad”.
“Cada cubano emigrado podrá acompañarnos también ese día sin importar el lugar del mundo donde se encuentre”, añade la misiva.
El documento, publicado en el grupo de Facebook Archipiélago, comienza citando el artículo 56 sobre el derecho de todo cubano de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, además se recuerda que no existe ninguna ley que prohíba, regule o limite el ejercicio pleno de este derecho.
Los solicitantes detallan que se moverán desde Malecón y Prado hasta Prado y Monte, depositarán flores en la estatua de Martí en el Parque Central y terminarán la manifestación frente al capitolio.
En la mayoría de las manifestaciones convocadas por la sociedad civil las autoridades cubanas han respondido con represión, en muchos casos situando patrullas en los domicilios de los manifestantes y periodistas para impedirles salir de sus casas o ser arrestados. Ante esa posibilidad, la misiva exige que se garantice la libre circulación de todos los ciudadanos que decidan asistir a la marcha, que se respete a la prensa, tanto nacional como internacional, y que se mantenga el servicio de telecomunicaciones.
En caso de no recibir una respuesta oportuna, pertinente y fundamentada de las autoridades, los organizadores darán por aprobada la autorización a manifestarse bajo el argumento de que la solicitud se ha hecho con suficiente tiempo de antelación.
El pasado 11 de julio, las autoridades de la Isla cortaron el servicio de Internet en todo el país para tratar de silenciar las protestas que se registraron ese día y durante las jornadas subsiguientes.
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