MIAMI, Estados Unidos. – La abogada Laritza Diversent, directora del Centro de Información Legal Cubalex, y el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14ymedio, intervinieron en este lunes en una sesión del Parlamento Europeo para intercambiar puntos de vista sobre los últimos acontecimientos registrados en la Isla, específicamente las protestas del 11J y la aprobación del Decreto-Ley 35.
Desde Estados Unidos, donde está exiliada, Diversent se refirió a la forma en que dicha disposición legal “afecta el ejercicio de los derechos fundamentales de los cubanos”.
La directora de Cubalex indicó que no se trata de “una nueva norma, sino que actualiza el marco jurídico general con respecto a los procedimientos y condiciones para el otorgamiento de permisos de uso del espacio radioeléctrico nacional en el que se gestionan los servicios de telecomunicaciones”.
Diversent aseguró que a su organización le “preocupa” la facultad del régimen cubano de suspender los servicios de telecomunicaciones a conveniencia y “la obligación de brindar a las instituciones armadas del país, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, las facilidades técnicas y los servicios que requieran”.
Decreto-Ley 35 “cercena la libertad de expresión en Cuba”, denuncia HRW
“Otro motivo de preocupación es la obligación de garantizar que sus sistemas de telecomunicaciones en operación [de Cuba] faciliten la supervisión y control técnico, así como la intercepción legal de las comunicaciones por las autoridades competentes”.
“En nuestra opinión esas facultades (…) son demasiado amplias y discrecionales, situación que favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, y propicia las violaciones de los derechos fundamentales, entre ellos la privacidad de los ciudadanos”, aseguró la abogada cubana.
Más adelante apuntó que las protestas registradas en Cuba el 11 de julio son precisamente “un ejemplo del tipo de incidentes que se pretende evitar con el Decreto-Ley 35”.
“Ante hechos como estos los operadores o proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tendrían la obligación de suspender el servicio de internet” al calificar ciertos “incidentes” como “daños éticos” o “ciberterrorismo”.
“Bajo estas categorías la transmisión en vivo de manifestaciones o la convocatoria online de protestas puede ser calificada como una difusión dañina, ciberterrorismo, ciberguerra o la subversión social”, explicó la abogada.
“Estos preceptos afectan ilegítimamente la libertad de expresión. La lista de motivos para interrumpir el servicio de telecomunicaciones y con ello impedir el libre flujo de información excede a lo previsto en el derecho internacional para restringir derechos humanos”, también aseguró.
“La soberanía no puede usarse para justificar las restricciones a la libertad de expresión”
Las disposiciones del Decreto-Ley 35 “son incompatibles con los estándares internacionales, debido a que restringen la libertad de opinión y expresión en el contexto digital y promueven la discriminación por motivos de opinión política”.
Finalmente, Diversent aseguró que “si bien el Estado tiene derecho a regular los servicios públicos de telecomunicaciones, la soberanía nacional no es motivo legítimo (…) para restringir los derechos fundamentales de las personas sometidas a su jurisdicción”.
Pese a los problemas de conexión que presentó en La Habana, Reinaldo Escobar se refirió a la repercusión de las históricas protestas del 11J, tras las cuales, dijo, “el país ha cambiado de una manera definitiva”.
Asimismo, aseguró que el Decreto-Ley 35 es una de las acciones represivas del régimen para evitar las manifestaciones de descontento popular. Debido a esa norma legal, “hoy puede ser catalogada como delito una opinión discrepante en las redes, que puede ser tomada por el Gobierno como algo que afecta el prestigio del país”.
Para Escobar, “no hay una sola medida que haya tomado el Gobierno que pueda entenderse como una apertura”. El periodista también cree que las “protestas van a continuar”.
“La comunidad internacional debe estar al tanto de cómo va a reaccionar el Gobierno frente a esta presumible explosión social que tarde o temprano vamos a sufrir todos”, pidió.
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