LA HABANA, Cuba.- El reportero de CubaNet Orelvys Cabrera Sotolongo fue multado con 1 000 pesos este jueves por reportar las protestas del 11 de julio (11J) en Cárdenas, Matanzas. Previamente, Cabrera había sido citado para la estación policial de su municipio.
“Dos oficiales de la policía me amenazaron con condenarme a prisión, entre tres y cinco años, por supuestamente cometer un delito de desorden público con agravante. Ninguno de los dos se identificó; me di cuenta de que recibían órdenes de alguien de la Seguridad del Estado, y que solo querían intimidarme. Finalmente, me impusieron la multa”, declaró el reportero a CubaNet.
Cabrera Sotolongo fue detenido el 11 de julio y permaneció treinta y siete días recluido e incomunicado, primero en la Unidad de Instrucción Provincial de Matanzas, y luego en la prisión Combinado del Sur, de la misma provincia. Fue liberado el 17 de agosto último bajo medida de reclusión domiciliaria, en espera de juicio por el supuesto delito de “desorden público”.
El talonario entregado a Cabrera detalla que la multa se impone en virtud del Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3. El 8.3, como comúnmente se conoce, constituye una medida administrativa que faculta a la policía para imponer multas (entre 2 000 y 7 000 pesos) a personas acusadas de delitos cuya sanción no exceda de tres años de privación de libertad, o multa de hasta 1 000 cuotas o ambas, en lugar de enviar el caso a los tribunales y hacer un juicio.
Para la abogada y directora de CubaLex, Laritza Diversent, “esto es una violación de las garantías del debido proceso porque convierte a los policías en jueces, porque están interpretando directamente la ley y eso debería hacerlo solamente un tribunal; los policías tampoco están preparados ni capacitados para hacer ese tipo de trabajo porque, por ejemplo, estarían violando el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Esas personas estarían aceptando que la policía los juzgue sin la presencia de un abogado defensor. Y, por otra parte, no los instruyen correctamente de los derechos, porque la persona se podría negar a que un policía lo juzgue y, en cambio, lo lleven a un tribunal, lo cual, por supuesto, en Cuba eso tampoco da ninguna garantía”.
La multa aplicada pone fin al proceso en su contra pero su expediente penal queda marcado con un delito común estipulado en el Código Penal cubano.
Desde las masivas manifestaciones contra el régimen cubano el 11J, fundamentalmente, en Cuba han sido detenidas más de 5 00 personas, según cálculos de Prisoners Defenders.
La organización registra 117 nuevos presos y condenados políticos solamente en el mes de agosto, para un total de 381; la situación vivida en el país hasta la fecha la califican como de “terror”.
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