LA HABANA, Cuba. – Una ley integral contra la violencia hacia las mujeres y las niñas se ha pospuesto al menos hasta el año 2028. Sin embargo, apenas la Administración Biden aludió a la posibilidad de proporcionar internet gratis a los cubanos, la Gaceta Oficial de la república de Cuba publicó un decreto-ley de 74 cuartillas que restringe aún más la libertad de expresión de los cubanos en las redes sociales.
Es interesante ver cómo algunas mujeres han empezado a decir en las redes que el Decreto-Ley 35 las protege sin que el documento tenga alguna perspectiva de género o mencione adónde hay que dirigirse, en caso, por ejemplo, de “pornovenganza”, uno de los delitos en el ciberespacio más frecuentes de los que son víctimas las mujeres.
¿Qué se podría hacer contra el ejército de “ciberclarias” que acosa, ofende y ventila públicamente la vida de las activistas? ¿Se les aplicará el Decreto-Ley 35 a los perfiles de Teo Pereira, Karlitos Marx Jung, Mauro Torres o a El Guerrero Cubano? ¿O ellos son parte del personal autorizado que tanto se menciona en el documento?
Un día la curadora Claudia Genlui, del Movimiento San Isidro, se levantó y descubrió que un chat íntimo sostenido con su novio, Luis Manuel Otero Alcántara, había sido publicado por un perfil falso y era de dominio público.
Teo Pereira va contra las mujeres activistas por temporada, como las series. Bertha Soler fue la víctima de un capítulo en donde la supuesta infidelidad de su esposo fue el divertimento de muchos. Otros capítulos y temporadas han sido dedicados a varios intentos de humillar a las periodistas Iliana Hernández y Camila Acosta. Y con Arianna López Roque, la directora de la Academia Julio Machado, de Placetas, se ha ensañado.
Los perfiles de Mauro Torres y Karlito Marx Jung son igual de agresivos. Lo de ellos es la difamación desde lo político y lo económico, aunque no descartan la vida íntima como método de difamación. Por esas páginas han pasado historias creadas para desacreditar a Mónica Baró; además de argumentos racistas contra la activista Sandra Álvarez y misóginos contra casi todas las integrantes de la plataforma YoSíTeCreo en Cuba. Asimismo, esos “blogueros” han urdido conexiones políticas y económicas espurias para sostener sus acusaciones de mercenarismo contra las activistas Kirenia Yalit Núñez Pérez, Marthadela Tamayo, Laritza Diversent y Nelva Castillo, entre otras.
El caso de El Guerrero Cubano atemoriza más. Ese perfil tiene acceso a información que debiera ser privada ―o al menos no pública―, incluidos los supuestos récords policiales de Tania Bruguera, Anamelys Ramos, Camila Lobón, Katherine Bisquet, Rosa María Payá y Omara Ruiz Urquiola y Yeilis Torres Cruz.
A todos estos “blogueros” se une el vocero oficialista Humberto López, quien ha violado más de un punto del Decreto-Ley 35.
El decreto-ley no solo habla del sesgo de género desde su propia redacción, sino del sesgo del cronograma legislativo. Es una prueba de que las prioridades gubernamentales están encaminadas al control y la censura y no dirigidas al bienestar de la ciudadanía. Si fuera lo contrario, y ante los crecientes índices de feminicidios, la ley integral contra la violencia hacia niñas y mujeres habría sido redactada y no pospuesta.
En lo que va de año las organizaciones de la sociedad civil independiente feminista han recogido 27 casos de feminicidios, mientras que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) no se pronuncia sobre el tema y reproduce la violencia institucional e institucionalizada. Fueron al menos 27 mujeres asesinadas en espera de leyes, refugios, personal especializado que no las revictimice y programas y políticas públicas encaminadas a protegerlas. También tendrán que esperar por un Código Penal las niñas de entre 12 y 16 años que son consideradas mujeres en los delitos de “estupro” o las que sufren abusos lascivos mientras sus victimarios son sancionados con indulgencias.
Sin embargo, para el 2028 no hay ninguna garantía en tanto sigamos viviendo en dictadura. Puede que una nueva necesidad de legalizar la represión surja y termine nuevamente pospuesta o que alguien considere que la situación de vulnerabilidad solo debe ser reconocida dentro de la “Revolución” y la misma ley integral justifique las golpizas a activistas o a cualquiera que decida salir a exigir derechos a la calle.
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.
Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.
