MIAMI, Estados Unidos.- La Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) denunció este miércoles que el Decreto-Ley 35 De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico, “es una normativa que va contra la libertad de expresión que encuentra en Internet una vía eficaz para potencializar su alcance con base a las características propias de la red”.
En una declaración emitida hoy 18 de agosto, APLP asegura que “la libertad de expresión en Internet facilita el desarrollo, el buen gobierno y la implementación de garantías democráticas”, sin embargo, la nueva normativa, publicada este 17 de agosto en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, criminaliza dicha libertad de expresión, “estableciendo sanciones y penas administrativas, independientemente a que se puedan considerar las personas penalmente responsables, cuando violen algunas de las regulaciones que constituyen acciones de censura previa”.
“No hay equívocos, el sistema político de la isla ataca una vez más el derecho a la libertad de expresión, viola su propia Constitución que garantiza en el artículo 54 ese derecho y se mofa del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, agrega el documento.
Para la Asociación “se conoce que donde hay crimen se trata de ocultar lo que se hace”, es por ello que “el poder político trata de ocultar lo que sucede en Cuba. Se conoce, además, que en un país donde casi constantemente se están creando nuevas leyes, es porque las cosas andan muy mal”, señaló.
En la declaración, la APLP lamenta que el régimen de La Habana ande de forma constante en “la búsqueda de medidas punitivas, cuando la lógica más elemental indica que lo que hay es que encontrar soluciones a los muchos y graves problemas que sufre la población cubana”.
“Es una verdad demostrada a través del tiempo que ninguna Ley o Decreto-Ley que viole derechos naturales de las personas, comunicarse es uno de ellos, resuelve problemas; lo que hace es crear mayores dificultades que, la sociedad, impelida por la propia vida, lanza a la basura. Creemos ese es el lugar que espera al Decreto-Ley 35”, sentencia la declaración.
El Decreto-Ley 35 forma parte de la Resolución 105 “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de Ciberseguridad”, la cual tipifica como delitos “la divulgación de noticias falsas”, el “ciberterrorismo” y otras figuras que hasta ahora no tenían respaldo legal en la Isla, como “los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión”.
La nueva normativa legal, publicada por el régimen a poco más de un mes de las masivas protestas del 11 de julio, establece como daños éticos en Cuba “la divulgación de noticias falsas” y de “mensajes ofensivos”, así como la “difamación con impacto en el prestigio del país” ya sea en redes sociales u otros medios.
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