LA HABANA, Cuba.- Al cabo de dos meses de aprobada una nueva política de comercialización para los productos agropecuarios en el país, las placitas cubanas exhibían un agudo desabastecimiento de esas producciones. Una política que flexibilizaba la gestión comercializadora, ya que permitía que todas las formas productivas acudieran directamente a ofertar sus productos en los puntos de venta a la población.
Sin embargo, se mantenía una traba que impedía el adecuado abastecimiento de los mercados: los precios topados. Un tope tanto para los precios de acopio que recibían los productores como para los precios minoristas aplicados a la población. En el primer caso esos precios, con frecuencia, no cubrían los costos de producción, y en cuanto a la gestión minorista el tope desestimulaba la afluencia directa de los productores a los puntos de venta.
Habría que recordar que el tope de precios se generalizó para todas las formas de gestión, incluso para las que aplicaban el principio de oferta-demanda, tras el establecimiento de la Tarea Ordenamiento, que provocó un proceso inflacionario superior al previsto por las autoridades.
Y a la postre, el castrismo debió dar su brazo a torcer. Tras un proceso de consultas con cooperativistas, usufructuarios de tierras estatales, propietarios privados de tierras y empresarios gubernamentales, se decidió dejar sin efecto el tope de los precios
La medida provocó de inmediato cierta reanimación económica. En el mercado agropecuario del poblado habanero de Santiago de las Vegas, por ejemplo, reaparecieron los frijoles negros, que se habían perdido por completo de las tarimas. Es cierto que a precios elevados, pero los vendedores manifestaron su convicción de que los productos se harían más asequibles cuando hubiese certeza de que la apertura gubernamental tuviese visos de permanencia.
Pero, una vez más, esa confianza que precisan los productores y comercializadores ha quedado en entredicho. Es como si en el seno de la nomenclatura castro-canelista se desatase una pugna entre reformistas y elementos de línea dura contrarios a los espacios de mercado en la economía.
Apenas unos días después del anuncio de la suspensión del tope de los precios, los ministros de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, y de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, ofrecieron una conferencia de prensa en la que aclararon que los precios en la agricultura no serían tan libres y espontáneos.
En ese sentido se refirieron a la existencia de unos Comités de Contratación y Precios en las provincias y municipios, los cuales deben conformar los precios de acuerdo con las condiciones y características de cada territorio. El titular de la Agricultura se refirió a “ponerse de acuerdo para fijar precios con criterios justos y que estimulen la producción” (“Fijar precios con criterios justos”, periódico Juventud Rebelde, edición del 3 de agosto).
Semejante anuncio gubernamental de que persistirán ciertos mecanismos burocráticos que posibilitarán la intromisión de las autoridades en la conformación de los precios, debe haber impactado negativamente sobre productores y comercializadores.
En una visita realizada, con posterioridad a la citada conferencia de prensa, al mercado agropecuario de la calle Egido, en la Habana Vieja, antaño muy bien surtido cuando funcionaba bajo el principio de oferta-demanda, CubaNet comprobó la pobreza de lo ofertado en sus tarimas, y en consecuencia el escaso número de compradores que había en el lugar.
Al final, de prevalecer la interferencia estatal sobre el anuncio inicial de dejar sin efecto el tope de los precios, es muy probable que a los consumidores no les quede más remedio que seguir acudiendo a la bolsa negra y a los mercados clandestinos con tal de llevar algunos alimentos a la mesa de sus hogares.
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