En la capital cubana se trabaja de manera acelerada en las normas que regirán la conformación y el desempeño de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como parte del perfeccionamiento de los actores de la economía, concebidas con personalidad jurídica, tanto estatales como privadas, y dedicadas a la producción de bienes y servicios.
El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández, dijo en fecha reciente sobre las Mipymes privadas que «las primeras fuentes de creación serán los actuales negocios de los trabajadores por cuenta propia, que tienen una amplia contratación de personal» y, en el caso de las estatales, «se labora en los análisis sobre qué instituciones podrían incorporarse a la experiencia, siempre enfocadas en las prioridades del país».
El coordinador de programas de la Economía en el Gobierno de la capital, Jorge Luis Villa Miranda, señaló que, sobre la base de lo anterior, tiene lugar un proceso de intercambio con las entidades estatales y se determinan las potencialidades con que cuentan para instaurar estas nuevas estructuras en pos de mejorar su eficiencia.
De forma inicial se ha trabajado con las empresas de subordinación local y se han visualizado las de subordinación nacional radicadas en la provincia, centrándose, fundamentalmente, en aquellas de la esfera productiva, que generan valores y producciones materiales con destino a cubrir necesidades del la población.
Durante la reunión mensual para analizar los indicadores más importantes de los respectivos sistemas empresarial y presupuestado durante el primer semestre del actual año, se coincidió en la necesidad de estremecer las estructuras empresariales de arriba hacia abajo y viceversa; reconocer, diversificar y fortalecer la gestión de las diferentes formas de propiedad y de gestión adecuadamente interrelacionadas.
También se destacó la prioridad de avanzar en la descentralización de facultades a los niveles territoriales, con énfasis en el municipio, visto como la instancia fundamental, a la par de elevar el control sobre la utilización de los recursos financieros del presupuesto del estado, tanto en los ingresos como en los gastos.