El Centro para la Democracia en las Américas (CDA) se autodefine como una institución no partidista que se dedica a promover una política estadounidense hacia Cuba basada en el compromiso y el reconocimiento de la soberanía cubana.
Desde su fundación en 2006, ha defendido la idea de que normalizar las relaciones con Cuba es del interés nacional de Estados Unidos. Su labor incluye, entre otras cosas, impulsar la política estadounidense mediante la promoción estratégica, la organización de viajes a Cuba y la publicación de investigaciones.
El CDA apoya por consiguiente políticas que ayuden a fomentar el diálogo y el intercambio entre Estados Unidos y Cuba y a aumentar los contactos entre ambas sociedades debido a sus impactos beneficiosos y duraderos, tanto en la sociedad estadounidense como en la cubana.
Ante la atención urgente hacia Cuba que ha mostrado el gobierno estadounidense en los últimos días, cuyo detonante ha sido las protestas del 11 de julio, el director ejecutivo de CDA, Jorge Quintana, ha dado a conocer la siguiente declaración:
«A raíz de las protestas del 11 de julio, y luego de seis meses de inacción en la política hacia Cuba, la administración Biden-Harris finalmente ha manifestado su intención de comprometerse con el tema. Sin embargo, si bien las recientes declaraciones de la administración transmiten apoyo al pueblo cubano, la actual política no solo es incompatible con esos sentimientos, sino contraproducente para ellos mismos. Si la administración desea realmente apoyar al pueblo cubano, primero deberá tomar acciones concretas para eliminar las sanciones que sirven para obstaculizar ese apoyo. La administración de Biden-Harris debería dejar de servir como un obstáculo y comenzar a servir como un conducto.
«Insto a la administración a tomar medidas inmediatas para implementar políticas de compromiso que beneficien al pueblo cubano. Comprometerse con una comunidad que sigue sufriendo los efectos de una tensa relación diplomática debería ser una prioridad de Estados Unidos. Los derechos humanos son universales y el pueblo cubano merece hablar libremente sin temor a represalias y tener voz en su futuro. Esto sucederá cuando el gobierno de Cuba escuche las voces de su pueblo y respete su derecho a protestar pacíficamente. Los manifestantes en toda Cuba se encontraron en una confrontación violenta con las fuerzas de seguridad cubanas mientras pedían una mejor respuesta a la COVID-19 y alivio a la escasez de alimentos, medicinas, electricidad […]. Algunos también pidieron cambios en la economía y cambios políticos. El gobierno cubano respondió a las manifestaciones impidiendo el acceso a Internet y a muchos sitios web y plataformas de redes sociales, y con el arresto, detención y/o desaparición de más de 700 manifestantes, activistas y periodistas independientes, hasta el momento. Los manifestantes no deben ser castigados por ejercer sus derechos, según lo establecido en la Constitución de 2019, que incluye el derecho al debido proceso en los procedimientos legales y el derecho a la libertad de reunión. En el caso de los manifestantes que participaron en actos de violencia o destrucción de propiedades, los enjuiciamientos deben ser abiertos, transparentes y con garantías de debido proceso.
En este momento crítico el gobierno de Cuba tiene la oportunidad de alejarse de su respuesta represiva y de convocar y escuchar de buena fe a grupos de la sociedad civil, actualizar los cambios económicos prometidos y responder a las inquietudes de la sociedad civil.»
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En otro momento dice que Estados unidos puede:
«Facilitar este cambio interno levantando las sanciones y eliminando el embargo. Una vez más, hago un llamado a la administración Biden-Harris para que dé prioridad a la situación humanitaria en Cuba suspendiendo las regulaciones que inhiben el flujo de ayuda humanitaria. Específicamente, le pido eliminar las licencias específicas requeridas para enviar suministros médicos a Cuba, levantar las restricciones sobre el porcentaje de material fabricado en Estados Unidos que se utiliza en suministros médicos producidos en el extranjero, eliminar la verificación de uso final para las importaciones humanitarias, así como las restricciones y los topes sobre remesas familiares y donaciones, levantar las restricciones bancarias y eliminar las restricciones de viaje que impiden llevar a cabo esta forma robusta y dinámica de diplomacia e impiden que el pueblo cubano reciba los suministros humanitarios necesarios.
«La administración Biden-Harris debería restaurar los canales de remesas, permitiendo así a los cubano-americanos ejercer su derecho a enviar, o no enviar, remesas, lo que ayuda a apoyar al sector privado de Cuba y ofrece el capital inicial muy necesario por parte de familiares en el extranjero. Sin embargo, la administración no debería considerar las remesas como el fin de todo el apoyo financiero. Muchos de los manifestantes del 11 de julio eran afrocubanos, que tienden a tener menos familia en el exterior y menos acceso a las remesas. El recientemente anunciado Grupo de Trabajo de Remesas de la Administración acelerará una revisión de cómo enviar remesas directamente al pueblo cubano sin pasar por el gobierno cubano. Al considerarlo, debe tomar en cuenta que el gobierno ya no captura la cantidad de ingresos por remesas como lo hacía en el pasado.
«Desde julio de 2020, Cuba ya no grava las remesas en dólares ni exige que los cubanos conviertan dólares a la moneda local, y ha reducido significativamente los márgenes de ganancia de las tiendas en moneda fuerte. Gran parte de los ingresos del gobierno provenientes de las remesas obtenidas de las ventas en tiendas en moneda fuerte se canaliza en importaciones de alimentos, combustible y bienes. El Grupo de Trabajo de Remesas está operando legítimamente dentro de un plazo. El Grupo debe ser juzgado por su capacidad de responder a cuestiones operativas que sirvan para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, mejorar el nivel de vida de las familias cubanas y respetar los derechos de los cubano-americanos a mantener a sus familias.»
Y prosigue:
«La administración ha expresado interés en explorar formas de apoyar el acceso gratuito y efectivo a Internet en Cuba. Las imágenes, videos y relatos de las protestas del 11 de julio compartidos por los cubanos en las redes sociales fueron posibles en gran medida gracias al aumento de la disponibilidad de Internet en la isla y la introducción de 3G y 4G. Casi la mitad de la población de la isla tiene un teléfono celular y 2,5 millones tienen acceso a 3G o 4G. Sin embargo, los cortes de Internet tras las protestas, supuestamente iniciados por el gobierno de Cuba, han despertado preocupación. La administración Biden-Harris no necesita comenzar desde el principio. Debe volver a examinar las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Internet de Cuba de 2019, incluida la facilitación de la exportación de equipos e infraestructura de telecomunicaciones, la promoción de la alfabetización tecnológica, la educación en seguridad digital, la promoción de programas de intercambio y el empoderamiento del crecimiento orgánico y local de la red. Aunque el entorno de las telecomunicaciones ha cambiado, muchos de los desafíos y oportunidades siguen siendo los mismos. Es importante que los propios ciudadanos cubanos tengan acceso y autonomía a través de Internet. Los esfuerzos para convertir Internet en un arma, utilizarlo para la difusión de desinformación o censurarlo por parte de cualquier gobierno no deben tolerarse. Además, la administración debe acelerar su revisión de la renovación de personal de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y el restablecimiento de los servicios consulares, incluido el procesamiento de visas y el Programa de Reunificación Familiar. Independientemente de las acciones futuras por parte del gobierno de Cuba, una embajada con todo el personal permitirá a Estados Unidos brindar apoyo crítico a la sociedad civil cubana, monitorear la situación en el terreno, iniciar un diálogo de derechos humanos con el gobierno de Cuba y defender contra las detenciones arbitrarias.
La política de hostilidad y aislamiento no mejora la democracia ni los derechos humanos en la isla; más bien está politizando una crisis humanitaria y distrayendo la atención de soluciones dinámicas y viables. Para remediar la desconexión inherente entre los mensajes de apoyo y la política punitiva en la respuesta de la administración a la actual crisis en Cuba, la administración Biden-Harris debe cambiar el papel que tienen las políticas y sanciones estadounidenses para contribuir a la crisis mediante una política de compromiso. El compromiso es la mejor manera de aliviar las dificultades que enfrenta el pueblo cubano, promover los intereses de Estados Unidos, ofrecer una oportunidad para el diálogo y la cooperación en una amplia gama de temas, desde los derechos humanos hasta la seguridad nacional, y permitir las condiciones necesarias para que los cubanos determinen su propio futuro. Seguir una política de compromiso y eliminar las actuales políticas contraproducentes, que solo sirven para agravar las dificultades que enfrentan los cubanos, le permitiría al presidente Biden apoyar al pueblo cubano mientras continúa condenando cualquier represión de los derechos humanos en Cuba. Es hora de que Estados Unidos apoye al pueblo cubano, tanto en espíritu como en la práctica.»
